EEUU
Nueva York, ante una reforma alimentaria histórica: prohibición de aditivos, alertas obligatorias y más control sobre la comida
La presión sobre Kathy Hochul se concentra en un paquete de cinco leyes que ya aprobó la Legislatura de Nueva York y que, según sus impulsores, busca cambiar a la vez qué químicos llegan a la comida, qué advertencias ven los consumidores y qué margen tiene el Estado para comprar alimentos con mejor valor nutricional.
El reclamo de legisladores y organizaciones sanitarias apunta a que la gobernadora firme normas que prohibirían tres aditivos, exigirían alertas por sodio, ordenarían las fechas de consumo y someterían a control los alimentos para bebés.
El punto más amplio del paquete abriría una base de datos pública sobre ingredientes que hoy ingresan al mercado por autodeterminación empresarial. Según los legisladores, esa vía permitió la circulación de más de 10.000 químicos en el sistema alimentario de Estados Unidos sin revisión independiente de la FDA.
El pedido público se formuló en un seminario virtual en el que participaron legisladores estatales, el Centro para la Ciencia en el Interés Público (CSPI, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones de salud.
Allí se combinó la celebración por la aprobación parlamentaria con un mensaje político directo: las cinco iniciativas ya completaron el trámite legislativo y siguen sobre el escritorio de la gobernadora.
La ofensiva incluye un dato político que sus promotores usan como argumento de viabilidad: la Asamblea aprobó la ley por 106 votos contra 32 y el Senado la respaldó por unanimidad. El paquete, según sus defensores, no responde a una disputa partidista sino a una corrección regulatoria sobre el sistema alimentario.
Los impulsores niegan que la reforma encarezca la comida
La asambleísta Anna Kelles, una de las promotoras del paquete, rechazó las advertencias empresariales sobre un eventual aumento de precios.
En medio de la resistencia de fabricantes y cadenas de comida rápida, afirmó: “Es una mentira de la industria. Estas leyes no van a subir el precio de estas comidas. Son calumnias por parte de los sectores que se oponen a la reforma”.
Kelles sostuvo que el efecto sería el opuesto al planteado por las empresas. “No se trata de una carga regulatoria, sino una corrección de un mercado que durante décadas ha permitido que ingredientes cuestionados circulen sin control público”, dijo.
Según Times Union, diario de Albany, compañías como General Mills y Nestlé, junto con la American Beverage Association(Asociación Estadounidense de Bebidas) y elBusiness Council of New York State(Consejo Empresarial del Estado de Nueva York), advirtieron que fijar reglas distintas de las federales podría elevar costos de producción, crear un mosaico regulatorio entre estados y dificultar la comercialización nacional de alimentos.
Uno de los casos citados por los legisladores es el del bromato de potasio, un aditivo usado para blanquear y fortalecer masas en la panificación industrial. Sus defensores remarcan que está prohibido en la Unión Europea desde 1990 y que esa restricción no derivó en desabasto ni en un encarecimiento generalizado del pan, porque la industria lo reemplazó por otros agentes de fortalecimiento.
La norma prohibiría tres aditivos y abriría la laguna GRAS
La llamada Ley de Seguridad Alimentaria y Divulgación Química es la pieza central del paquete. Prohibiría el colorante Rojo No. 3, el conservante propilparabeno y el bromato de potasio, tres sustancias de uso extendido en la industria.
Los legisladores sostienen que el alcance real de esa norma va más allá de esos ingredientes porque apunta a cerrar la llamada laguna GRAS. Bajo ese esquema, vigente desde 1958, según el texto legislativo, los fabricantes pueden introducir nuevos ingredientes al mercado sin revisión de la FDA mediante evaluaciones privadas.
Si Hochul la firma, Nueva York sería el primer estado de Estados Unidos en exigir que las empresas publiquen las pruebas científicas detrás de esas autodeterminaciones en una base de datos abierta administrada por el Departamento de Agricultura y Mercados.
El colorante Rojo No. 3 aparece en dulces, bebidas, glaseados, cerezas al marrasquino y batidos; el propilparabeno se usa sobre todo en galletas y budines.
La advertencia por sodio apunta a la información visible en cadenas de restaurantes
El senador Gustavo Rivera, que representa comunidades de El Bronx, puso el foco en la Ley de Advertencia sobre Sodio y en el componente de transparencia del paquete. En su intervención planteó que la discusión no pasa solo por retirar sustancias, sino por hacer visible lo que hoy queda oculto para el consumidor.
“Esto sería una forma de estar seguro de que tengan más información. Las comunidades latinas son un blanco frecuente de la mercadotecnia de ciertas cadenas de restaurantes. En estos sitios queremos que la gente tenga la información”, señaló.
Rivera vinculó esa medida con una meta regulatoria más amplia. “Queremos establecer un estándar más alto que el resto del país. Definitivamente más que el gobierno federal”, afirmó.
La lógica de esa advertencia es que un cliente pueda identificar de inmediato cuándo un plato supera el sodio o el azúcar recomendados para un día completo.
Los impulsores del paquete sostienen que la exposición a alimentos ultraprocesados y a la mercadotecnia agresiva de comida rápida golpea más a comunidades de bajos ingresos y comunidades de color, donde la evidencia citada por los promotores asocia ese patrón con más casos de diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.
Los alimentos para bebés quedarían sometidos a pruebas de metales pesados
Otra de las normas impulsadas en Albany es la Ley de Seguridad y Transparencia de Alimentos para Bebés y Fórmula Infantil, presentada por la senadora Michelle Hinchey. La propuesta obligaría a analizar alimentos y fórmulas infantiles para detectar arsénico, cadmio, plomo y mercurio, y a publicar los resultados.
Jensen N Jose, portavoz del Centro para la Ciencia en el Interés Público (CSPI), explicó en el seminario por qué esa parte del paquete se considera urgente. “Esos daños acompañan a la persona el resto de su vida, con costos que recaen tanto en las familias como en el estado a través de menor productividad y mayores necesidades de tratamiento a largo plazo.
Si se aprueba esta ley, Nueva York se uniría a Virginia, California y Maryland como estados que ya exigen este tipo de pruebas”, dijo.
El argumento sanitario del grupo se apoya en que incluso niveles bajos de esos contaminantes pueden causar daños cerebrales graves e irreversibles durante la infancia. La niñez, según los promotores, es una etapa especialmente vulnerable a los efectos neurotóxicos de los metales pesados.
Las fechas de vencimiento y las compras públicas también entran en la reforma
La reforma del etiquetado de fechas busca ordenar un sistema que hoy mezcla advertencias de seguridad alimentaria con indicaciones de calidad óptima. Mischa Sogut, vocero de la oficina de Hinchey, sostuvo que, salvo excepciones como los huevos, casi no existe regulación federal o estatal sobre qué leyenda debe aparecer en los envases, lo que derivó en más de 50 variantes de fechas de consumo o venta preferente.
Según el mismo planteo, esa falta de estandarización explica cerca del 20% del desperdicio de alimentos en los hogares porque muchas personas tiran productos que todavía son seguros para comer. La ley no obligaría a etiquetar, pero si una empresa decide hacerlo debería elegir entre solo dos leyendas estandarizadas.
El quinto proyecto, Good Food NY, modificaría las compras públicas de alimentos para escuelas, cárceles y edificios estatales. La propuesta permitiría a los gobiernos locales pagar hasta 10% más que la oferta más baja si el proveedor cumple criterios de origen local, valor nutricional o buenas prácticas ambientales o laborales.
La Legislatura dio luz verde y ahora Kathy Hochul debe decidir si las nuevas restricciones y exigencias para el sector se convierten en ley
