El primer ministro Keir Starmer asiste a su propio funeral

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El Reino Unido se prepara para la caída de otro primer ministro. ¿Y qué mejor fecha para llevarla a cabo que la víspera del décimo aniversario del Brexit, el referéndum en el que se decidió la salida del país de la Unión Europea? En estos diez años, Gran Bretaña ha tenido seis primeros ministros. Todo indica que esta semana —posiblemente hoy, lunes— se anunciará el advenimiento del séptimo: Andy Burnham.

Jorge Luis Borges escribió que la democracia es «ese abuso de la estadística». Borges aprendió a hablar inglés antes que español, y sin duda la aritmética electoral detrás del cambio de primer ministro británico le reafirmaría en su sospecha. Starmer llegó al poder, hace menos de dos años, con 9,7 millones de votos y 411 escaños en el Parlamento. Burnham le sustituye tras haber logrado 24.927 votos y un escaño: el suyo. Así es el parlamentarismo británico: el nuevo parlamentario cuenta con el apoyo de sus colegas en la Cámara de los Comunes.

Starmer es políticamente radiactivo de una manera muy británica. La opinión pública le detesta. Sus parlamentarios le aborrecen. Los donantes laboristas le rechazan. Ha logrado la cuadratura del círculo: es considerado por la opinión pública un individuo sin ninguna creencia política, y al mismo tiempo un ideólogo que se niega a abandonar una versión modernizada de la «tercera vía» de Tony Blair, de quien se dice que ejerce una influencia considerable sobre el primer ministro.

Para sus parlamentarios, es arrogante. Starmer no llamó por teléfono a varios de ellos —una excelente manera de molestarlos— hasta que sufrió su primera catástrofe electoral en las elecciones locales de mayo del año pasado. Poco antes, Starmer no se había molestado en hacer campaña en las elecciones al Parlamento de la circunscripción de Runcorn and Helsby. Los laboristas, que 10 meses antes habían ganado ese escaño por 14.696 votos, lo perdieron por solo seis. La presencia del primer ministro, muy probablemente, habría evitado esa derrota. Pero Starmer no asumió responsabilidades. Su única reacción cuando le preguntaron por la pérdida fue decir: «He tomado nota». Esa frialdad se extiende también a su propio gabinete, como quedó claro en julio, cuando, tras una rebelión laborista que obligó al Gobierno a diluir su reforma de las prestaciones por discapacidad y enfermedad, Starmer se negó explícitamente a garantizar la permanencia en el Gobierno de la promotora del plan, la ministra de Economía, Rachel Reeves.

A eso se ha sumado un empecinamiento en tomar decisiones que enfurecen a sus propios votantes. Una de las primerísimas medidas de su Gobierno fue recortar las subvenciones a los jubilados para calefacción. Acaso tuviera sentido desde el punto de vista fiscal, pero políticamente era una idea que superaba a Margaret Thatcher por la derecha. Hay pocas maneras más eficaces de abofetear al simpatizante laborista.

Lo mismo cabe decir de la ilegalización por terrorismo de Palestine Action, un grupo cuya violencia ha sido, esencialmente, contra la propiedad: sabotajes, pintadas, allanamientos y daños materiales contra objetivos militares o de la industria de defensa. La decisión de situarlo bajo la misma arquitectura legal que los grupos terroristas clásicos ha sido una manera absurda de enfurecer a la izquierda laborista, a los jóvenes y a las minorías.

Ahora, el primer ministro afronta el final de su mandato. Su única defensa es su propio convencimiento de que, si le dan tiempo, el electorado premiará su gestión. La semana pasada incluso ofreció a Burnham un puesto sénior en el Gobierno. Un asesor del primer ministro comparaba ayer en The Times a Starmer con el personaje de Mark Twain Tom Sawyer, que asiste en secreto a su propio funeral. La gran diferencia es que Sawyer está vivo. Starmer, como en una película de terror, no se ha dado cuenta de que el cadáver es él.