EEUU
Nueva regla de Medicaid en Estados Unidos: los pacientes con enfermedades graves temen perder su cobertura de salud
El gobierno de Donald Trump impulsó una serie de mandatos laborales en Medicaid con el objetivo declarado de ahorrar dinero público. Para acceder a la cobertura médica de Medicaid, millones de adultos deberán demostrar que trabajan, realizan voluntariado o estudian, lo que representa un cambio radical en el programa de salud financiado por el gobierno. La administración de Trump justificó estos requisitos argumentando que reducirán el gasto federal a largo plazo, como parte de la ley de recortes fiscales aprobada el año anterior. El diseño de estas medidas busca restringir el acceso a Medicaid a quienes no cumplen con las nuevas obligaciones, trasladando parte de la carga a los estados y, en teoría, permitiendo un uso más eficiente de los fondos públicos.
La puesta en marcha de estos requisitos implica costos iniciales significativos que recaen en los estados. Para implementar los mandatos, los gobiernos estatales deben invertir millones en la modernización de sus sistemas informáticos y en la contratación de personal adicional. El proceso va mucho más allá de una simple actualización de software, ya que cada estado posee su propio sistema de gestión de Medicaid, muchos de ellos anticuados y difíciles de modificar. Se estima que la suma de estas inversiones podría superar los 1.000 millones de dólares, cubiertos tanto con fondos federales como estatales. La primera mitad de una asignación federal de 200 millones de dólares ya empezó a distribuirse, pero es insuficiente frente a la magnitud de los cambios requeridos.
El alcance de los nuevos requisitos de elegibilidad es amplio y afecta a una gran parte de la población beneficiaria de Medicaid. Los mandatos establecen que los adultos de entre 19 y 64 años, sin hijos pequeños y cuyos ingresos superan el umbral habitual, tendrán que trabajar o realizar servicio comunitario al menos 80 horas mensuales, o estar inscritos como estudiantes a tiempo parcial. Además, deberán someterse a revisiones de elegibilidad cada seis meses, cuando anteriormente se realizaban de forma anual. Estos controles más estrictos aumentan el riesgo de perder la cobertura rápidamente si las circunstancias económicas o familiares de los individuos cambian.
Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las restricciones laborales y educativas en Medicaid permitirán un ahorro federal de 388.000 millones de dólares en la próxima década. Esto se traducirá en que seis millones de personas dejarán de tener seguro médico. La proyección refuerza la idea de que el ahorro gubernamental se basará, en buena medida, en la reducción de la cantidad de beneficiarios, más que en la eficiencia directa de los procesos administrativos.
La actualización de sistemas y los desafíos tecnológicos constituyen uno de los principales obstáculos para la aplicación de los nuevos mandatos. Los estados deben renovar sus portales en línea, los sistemas internos de los empleados públicos y los métodos de verificación de datos laborales y educativos. El hecho de que la mayoría de los estados no recopile actualmente información sobre empleo o educación de los beneficiarios complica aún más la tarea, obligándolos a buscar fuentes externas confiables y a lidiar con la ausencia de bases de datos sobre voluntariado comunitario. Los cambios requieren la contratación de empresas privadas especializadas, ya que la complejidad y antigüedad de los sistemas impide una solución interna y rápida.
Para financiar estos ajustes, el Congreso garantizó la distribución de los 200 millones de dólares iniciales entre todos los estados, aunque estos deben solicitar fondos adicionales. El gobierno federal cubre hasta el 90% de los costos de desarrollo de sistemas de elegibilidad, el 75% de los gastos de mantenimiento y el 50% de la mayoría de los costos administrativos restantes. Missouri, por ejemplo, ya obtuvo la aprobación para recibir la financiación máxima permitida y está acelerando una asignación estatal de 32 millones de dólares para iniciar las actualizaciones y mejorar la atención al usuario a través de chatbots. A esto se suma la contratación de unos 120 empleados adicionales, lo que implica un gasto de 12,5 millones de dólares solo en el primer año.
Otros estados también enfrentan fuertes desembolsos: Maryland prevé más de 32 millones en costos, Kentucky supera los 46 millones, Colorado estima más de 51 millones y Arizona podría gastar hasta 65 millones y necesitar 150 nuevos empleados. Algunos estados aún no han detallado sus cifras, mientras que otros, como Arkansas, parten con cierta ventaja por experiencias previas, aunque el impacto financiero sigue siendo considerable. Arkansas ya implementó en 2018-2019 un mandato laboral, que fue anulado luego por un tribunal federal, y calcula que algunos de los cambios tecnológicos requeridos ahora podrían absorberse en contratos ya existentes.
La experiencia de Georgia es particularmente ilustrativa de los desafíos y riesgos. El estado es el único que actualmente exige trabajo a ciertos beneficiarios, tras una autorización federal especial. Desde 2021 hasta principios de 2025, Georgia gastó más de 54 millones de dólares en administración de su programa Pathways to Coverage, el doble de lo destinado a atención médica directa, con casi todos los fondos invertidos en cambios tecnológicos para cumplir con los requisitos de elegibilidad. Analistas advierten que el ejemplo de Georgia, unido a la pérdida de inscripciones en Arkansas durante su breve experimento, demuestra que la construcción de estos complejos sistemas burocráticos puede terminar privando de atención médica a quienes más la necesitan. Joan Alker, directora del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, sostuvo que esto representa un riesgo elevado para la población vulnerable, pues grandes sumas se destinan a mecanismos de control en lugar de a la prestación de servicios de salud.
La nueva exigencia obligará a millones de adultos a acreditar empleo, voluntariado o estudios para mantener el beneficio, con revisiones cada seis meses y el riesgo de quedar fuera si cambian sus condiciones
