Conocerán coerción a implicados en Operación Onco14

Santiago.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este martes la solicitud de medida de coerción contra los principales implicados en la Operación Onco14, un caso que ha sacudido al sector salud tras revelarse un presunto esquema de corrupción que habría desviado millones de pesos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y esposa del principal imputado; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato y exesposa de Lora Cruceta.

De acuerdo con el expediente, los acusados habrían encabezado una estructura criminal que operó durante varios años desviando recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), fondos que estaban destinados a garantizar medicamentos, tratamientos y servicios médicos a pacientes oncológicos de escasos recursos.

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La investigación sostiene que la red ejecutó múltiples maniobras fraudulentas, entre ellas falsificación de documentos médicos, utilización de sellos falsos, alteración de indicaciones clínicas, doble facturación al Estado, entrega incompleta de medicamentos, comercialización de fármacos donados gratuitamente y desvío de fondos públicos.

Asimismo, el órgano acusador asegura que la presunta estructura incurrió en operaciones de contrabando utilizando exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, reembolsos irregulares de gastos, uso de instalaciones médicas para procedimientos estéticos, sabotaje informático, robo de archivos digitales y lavado de activos.

Según el Ministerio Público, las empresas Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida habrían sido utilizadas para movilizar recursos obtenidos de manera ilícita.

Las autoridades sostienen que el esquema no solo provocó pérdidas millonarias al Estado dominicano, sino que también impactó directamente a pacientes con cáncer que dependían de los servicios financiados por el régimen subsidiado de SeNaSa, afectando el acceso a tratamientos esenciales para preservar sus vidas.

Los imputados fueron arrestados durante los allanamientos realizados por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC). Durante las intervenciones fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, un arma de fuego, equipos electrónicos, títulos de propiedad y documentos considerados relevantes para la investigación.

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El expediente indica que Lora Cruceta asumió la presidencia del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer en octubre de 2018 por un período de dos años, pero permaneció en funciones hasta octubre de 2025, situación que, según el Ministerio Público, le permitió consolidar el control de la institución y ejecutar las operaciones bajo investigación.

Los encartados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología, acceso ilícito a sistemas informáticos y lavado de activos.

Con la solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso, el Ministerio Público procura garantizar la preservación de las pruebas, evitar posibles riesgos de fuga y profundizar las investigaciones sobre una presunta red que habría convertido recursos destinados a pacientes con cáncer en una fuente de enriquecimiento ilícito.

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