Comisión de Transporte y sociedad civil debaten acciones para regular motoristas

Comisión advierte falta de aplicación de la Ley 63-17 agrava crisis del transporte en motocicletas

Santo Domingo. – La Comisión Permanente de Movilidad y Transporte Terrestre de la Cámara de Diputados continuó este viernes los trabajos de la mesa técnica para fortalecer la regulación del sector motoconcho, en medio de preocupaciones por el aumento de paradas ilegales y los altos niveles de accidentes de tránsito vinculados a motocicletas.

Durante el encuentro, en el que participaron representantes del sector motoconcho, autoridades municipales y miembros de la sociedad civil, el diputado Tobías Crespo aseguró que el principal problema no radica en la legislación vigente, sino en la escasa aplicación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El legislador sostuvo que, a casi nueve años de su promulgación, la normativa no alcanza siquiera entre un 10 % y un 15 % de implementación efectiva, lo que ha impedido avanzar en aspectos fundamentales para el ordenamiento del transporte terrestre.

Crespo planteó que los gobiernos locales deben asumir un rol más activo en la organización y registro de las paradas de motoconcho, así como de quienes se dedican al transporte en motocicletas, servicios de mensajería y delivery. Asimismo, abogó por identificar las áreas de cobertura de estos servicios y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la ley.

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Entre estas disposiciones citó la obligatoriedad de que el número de placa figure en el chaleco del conductor, el uso de chalecos retroreflectivos, así como el empleo de cascos protectores tanto para el conductor como para el pasajero.

“El país está en temor permanente. Falta orden y falta autoridad en las vías públicas”, expresó Crespo, al advertir sobre la alta incidencia de las motocicletas en las estadísticas de siniestralidad vial.

El diputado afirmó que este tipo de vehículos están involucrados en alrededor del 70 % de las muertes y lesiones por accidentes de tránsito, situación que calificó como una “pandemia” y una “tragedia nacional”.

Durante la reunión también se denunció el incremento de paradas de motoconcho que operan de manera irregular, tanto por ciudadanos dominicanos como extranjeros, al margen de las regulaciones establecidas. Los participantes señalaron que muchas de estas operaciones informales estarían asociadas al aumento de accidentes y hechos delictivos.

De su lado, Jefry Jiménez, representante de la sociedad civil, expresó preocupación por el incumplimiento de las disposiciones legales que asignan a los ayuntamientos un papel fundamental en la organización y supervisión del tránsito en sus demarcaciones. Señaló que tanto la Ley 176-07 como la Ley 63-17 contemplan la coordinación entre las alcaldías y las autoridades de transporte para el registro y control de los motoconchistas, un proceso que, según afirmó, no se ha implementado de manera efectiva.

Asimismo, cuestionó la falta de información sobre los programas de regularización y subsidios dirigidos al sector motoconcho. Indicó que, aunque el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) reporta decenas de miles de motociclistas regularizados en los últimos años y la entrega de incentivos económicos a trabajadores del sector, las autoridades municipales no cuentan con registros actualizados que permitan verificar el alcance de esas medidas.

“Nosotros somos la antítesis del avance en materia vial teniendo una de las leyes de tránsito y movilidad más modernas de toda América, pero no se está aplicando”, afirmó Jefry Jiménez, representante de la sociedad civil.

Asimismo, el presidente de la comisión, Bray Vargas, recordó que la Ley 63-17 establece claramente las obligaciones que deben cumplir las motocicletas y sus conductores, pero consideró que la aplicación parcial de la normativa por parte de las autoridades ha contribuido al crecimiento descontrolado de este medio de transporte.

Los integrantes de la mesa técnica coincidieron en que, antes de plantear modificaciones a la legislación vigente, es necesario garantizar su cumplimiento para fortalecer la seguridad vial, mejorar el control del transporte en motocicletas y recuperar el orden en las vías públicas.

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