¿Hay espacio para soterrar cables en Santo Domingo?

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Durante años, el soterramiento de redes ha aparecido como una de las soluciones más recurrentes para reducir la contaminación visual generada por el cableado aéreo. Sin embargo, trasladar miles de metros de infraestructura bajo tierra plantea una pregunta menos visible, pero igual de importante. ¿Tiene Santo Domingo espacio para hacerlo?

La respuesta no depende únicamente del dinero. También involucra disponibilidad de espacio urbano, coordinación entre servicios públicos, planificación territorial y la coexistencia de infraestructuras que compiten por el mismo subsuelo.

Tras un primer reportaje publicado por elDinero, se develó que la mayor parte del cableado que domina el paisaje urbano en la cuidad corresponde a redes de telecomunicaciones. Sin embargo, detrás de esa revelación emitida por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), aparecen otras realidades más complejas.

Mientras los espacios para soterrarlos se encuentran limitados, los cables que más se ven no necesariamente son los más difíciles de resolver. Aunque el entramado de líneas telefónicas, televisión por cable y otros servicios representa gran parte de la contaminación visual de la ciudad, tanto el urbanista Marcos Barinas Uribe como representantes del sector de telecomunicaciones coinciden en que el desafío de reorganizar o soterrar la infraestructura urbana va mucho más allá de retirar tendidos en desuso.

Mientras los postes sostienen redes eléctricas de alta, media y baja tensión, además de telecomunicaciones y alumbrado público, bajo las calles también operan drenajes, alcantarillados y otras infraestructuras que reducen el espacio disponible para nuevos proyectos de soterramiento.

Para el experto, el problema suele simplificarse al hablar únicamente de los cables visibles, cuando en realidad se trata de varios sistemas superpuestos que han crecido de manera paralela durante décadas.

“Las telecomunicaciones son el sistema más evidente visualmente, pero no es el único. También están las redes eléctricas de alta, media y baja tensión y el alumbrado público. Todo eso se superpone y es lo que genera el caos visual que vemos en la ciudad”, explicó.

Impacto visual y seguridad

Barinas sostiene que existe una diferencia importante entre el impacto visual y el nivel de complejidad asociado a cada infraestructura. A su juicio, el verdadero desafío está en el sistema eléctrico.

Mientras gran parte del cableado que domina visualmente la ciudad corresponde a telecomunicaciones, la red eléctrica continúa siendo indispensable para transportar energía desde los centros de generación hasta hogares, comercios e industrias.

“La mayoría del cableado excesivo sí es de telecomunicaciones. Sin embargo, el eléctrico es el que implica mayor riesgo para la ciudadanía”, señaló.

Según explicó, el sistema eléctrico está compuesto por redes de alta, media y baja tensión que cumplen funciones distintas dentro de la cadena de suministro energético. Las líneas de alta tensión transportan grandes volúmenes de energía a largas distancias; las de media tensión distribuyen esa electricidad a través de los distintos sectores urbanos; y las de baja tensión son las que finalmente alimentan a los usuarios mediante transformadores instalados en diferentes puntos de la red.

Para el urbanista, esa estructura convierte a la infraestructura eléctrica en uno de los componentes más difíciles de reorganizar o soterrar. A diferencia de otros servicios, cuya tecnología ha evolucionado y reducido parte de su dependencia del cableado físico, la electricidad sigue requiriendo una red de distribución compuesta por transformadores, alimentadores, equipos de protección y sistemas especializados que no pueden eliminarse ni simplificarse con facilidad.

La vulnerabilidad también aumenta en un país expuesto regularmente a tormentas tropicales y huracanes. Mientras la caída de una línea de telecomunicaciones puede afectar servicios de comunicación, una avería en redes de media o alta tensión puede comprometer el suministro eléctrico y representar riesgos directos para la seguridad de las personas.

Barinas considera que el reto de fondo no es retirar los cables más visibles, sino encontrar la forma de modernizar una infraestructura que seguirá siendo necesaria para el funcionamiento de la ciudad y cuya intervención exige obras de mayor escala, mayores niveles de seguridad y costos considerablemente más elevados.

A esto se suma el tema del espacio o lugar. La experiencia de la Ciudad Colonial suele citarse como el principal ejemplo de soterramiento de infraestructura en República Dominicana.

Sin embargo, replicar ese modelo en otras zonas de Santo Domingo podría enfrentar limitaciones físicas que van más allá del financiamiento.

Según Barinas, uno de los principales obstáculos es la disponibilidad de espacio. “El problema es que las aceras cada vez son menores e insuficientes. No hay espacio para soterrar de manera efectiva todos los sistemas que requiere una ciudad moderna”, afirmó.

Según explicó, cualquier proyecto de soterramiento debe coexistir con drenajes sanitarios, drenajes pluviales, redes eléctricas, telecomunicaciones, alumbrado público, registros técnicos y otras infraestructuras que ya ocupan el subsuelo.

A medida que la ciudad se densifica y las aceras pierden espacio disponible, las alternativas para incorporar nuevos sistemas se vuelven cada vez más limitadas.

A esto se suma, según indicó, el crecimiento urbano experimentado durante décadas sin que siempre se respetaran los espacios originalmente destinados para infraestructura pública.

A las limitaciones físicas se agrega otro desafío: la falta de información consolidada sobre la dimensión real del problema. Pese a los años de discusiones sobre contaminación visual, soterramiento y retiro de cableado en desuso, actualmente no existe una cifra precisa que permita determinar cuántos kilómetros de redes permanecen instalados, cuáles continúan operando y cuáles deberían ser retirados.

La Asociación Dominicana de Empresas de Telecomunicaciones (Comtec), que agrupa a compañías como Claro y Altice, reconoció que actualmente no existe una cifra consolidada sobre la cantidad de cableado en uso o abandonado en Santo Domingo.

La entidad explicó que determinar esa dimensión requeriría levantamientos físicos y verificaciones técnicas debido a décadas de expansiones, sustituciones tecnológicas, reconfiguraciones y trabajos de mantenimiento realizados por múltiples operadores.

Comtec también advirtió que parte del cableado abandonado pertenece a empresas que ya no operan, terceros sin títulos habilitantes o infraestructuras cuya titularidad requiere procesos adicionales de identificación.

En paralelo, la organización informó que trabaja junto al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en una propuesta normativa destinada a unificar criterios para la instalación, identificación, mantenimiento y retiro de cableado aéreo.

Solución

Tanto Barinas como Comtec coinciden en que la solución difícilmente llegará mediante una única intervención o el simple retiro de cables visibles. Mientras las empresas de telecomunicaciones continúan migrando hacia tecnologías más modernas y participan en proyectos de reorganización de redes, persisten desafíos asociados a la identificación de infraestructura abandonada, la disponibilidad de espacio urbano y la coexistencia de múltiples servicios sobre y bajo la superficie de la ciudad.

A ello se suma la necesidad de coordinar actores con responsabilidades distintas. Ayuntamientos, organismos reguladores, empresas eléctricas, operadores de telecomunicaciones y entidades vinculadas a la planificación urbana intervienen sobre infraestructuras que comparten el mismo espacio físico, pero que históricamente han evolucionado bajo criterios y necesidades diferentes. Esto significa que cualquier proyecto de reorganización o soterramiento requiere acuerdos entre instituciones y empresas que administran servicios distintos, pero que operan sobre una misma ciudad. Así, el reto pasa por reorganizar décadas de infraestructura.

Sector privado

Entre las iniciativas discutidas en materia de planificación urbana figura una propuesta dirigida a involucrar a los desarrolladores inmobiliarios en el soterramiento de parte de la infraestructura existente.

Según explicó el urbanista Marcos Barinas Uribe, distintas propuestas normativas han planteado otorgar incentivos urbanísticos a proyectos privados que asuman el costo de soterrar determinados servicios frente a sus edificaciones. La lógica consiste en permitir beneficios regulatorios a cambio de que los desarrolladores financien mejoras en la infraestructura urbana.

De acuerdo con el especialista, la propuesta ha encontrado receptividad en parte del sector inmobiliario debido a que permite mejorar el entorno urbano de los proyectos y reducir el impacto visual de determinadas infraestructuras.

Sin embargo, advirtió que este tipo de mecanismos tendría un alcance limitado y no resolvería por sí solo el problema acumulado durante décadas, especialmente en zonas donde convergen múltiples servicios y redes de distinta naturaleza.

Para Barinas, cualquier solución de fondo requerirá coordinación entre distribuidoras eléctricas, ayuntamientos, organismos reguladores y entidades responsables de la planificación urbana.

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