Economía
El insostenible saldo humano y económico de la inseguridad vial en RD
El 2 de abril de 2025 comenzó como cualquier otro día para Mariela (Mari) Montero. A las 4:00 de la mañana, vio a su esposo, Luis Miguel Bonifacio, de 39 años, alistarse para salir en su pasola hacia el trabajo en una planta de gas, mientras ella preparaba la comida. Se despidieron con la naturalidad de quienes esperan volver a verse tras la jornada laboral. Pero ese «hablamos ahorita», acompañado de un beso, se convirtió, sin saberlo, en el último.
Según relata su esposa, alrededor de las 2:30 de la tarde, hora en que él solía pasar a recogerla al trabajo, recibió la llamada que cambiaría su vida: Luis había sido atropellado y abandonado por el conductor responsable, en la avenida República de Colombia, en el Distrito Nacional. Aunque fue auxiliado por terceros, falleció ocho días después, dejando huérfanos a tres niños. “La persona que lo chocó debió ser más humana y socorrerlo”, expresó Mari, aún marcada por el dolor y la indignación.
La muerte de Luis forma parte de las 2,976 víctimas fatales registradas en el asfalto dominicano durante 2025, equivalente a un promedio de ocho fallecidos diarios por accidentes de tránsito terrestre. Más del 80% de las víctimas son hombres y cerca del 60% jóvenes entre 15 y 39 años, lo que evidencia el impacto socioeconómico y sanitario de la inseguridad vial en República Dominicana.
Más allá del impacto macroeconómico, estas muertes dejan una estela de orfandad, duelo y hogares en situación de vulnerabilidad. La pérdida de jefes de familia y padres jóvenes deja a miles de niños en desamparo, mientras la sociedad enfrenta un aumento de lesionados, discapacitados y secuelas emocionales. Expertos consultados por elDinero coinciden en que, pese a la reducción muertes por accidentes de tránsito en un 4.4% respecto a las 3,114 víctimas mortales de 2024, el país se encuentra ante una crisis social, en la que la inseguridad vial no sólo arrebata vidas, sino que también erosiona el tejido familiar.
Durante el período 2016 a mayo de 2026, en el país se registraron al menos 30,522 muertes por siniestros viales, de acuerdo con datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). En 2025 la tasa de mortalidad se situó en 27.2 por cada 100,000 habitantes.
El 36.9% de las muertes ocurrió los fines de semana (1,103 casos), mientras que el 48.5% se produjo en horario nocturno, principalmente en carreteras y avenidas. El 74% de los fallecidos se desplazaba en motocicleta (1,945 víctimas). A mayo de 2026, la cifra de fallecidos se situó en 835.
El ingeniero Arturo del Villar, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), atribuyó la alta siniestralidad vial en el país al crecimiento del parque vehicular, que pasó de 3.6 millones de vehículos en 2015 a 6.6 millones en 2026, la falta de un sistema de transporte público eficiente y el incumplimiento de las normas de tránsito debido a la escasa fiscalización. Según explicó a elDinero, en el país “no hay respeto por las leyes de tránsito porque no existen consecuencias severas”.
De su lado, el ingeniero Joel Gneco Gross, director de Tránsito y Vialidad de Intrant, coincide en que esta nación enfrenta un problema estructural de seguridad vial, marcado por el exceso de velocidad, la conducción imprudente, la baja fiscalización y una cultura vial aún débil.
Explicó a elDinero que los siniestros de tránsito no son hechos inevitables, sino consecuencia de factores como el irrespeto a las señales, el consumo de alcohol al conducir, las maniobras riesgosas y el uso deficiente del casco protector. Por su parte, Víctor González Germán, ingeniero civil experto en transporte, señaló que el problema del transporte es altamente complejo, ya que involucra infraestructura, vehículos, usuarios y autoridades. El profesor de investigación del Intec aseguró que estudios realizados por esta institución muestran que alrededor del 70% de los accidentes involucran a motocicletas.
Las provincias Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Altagracia y La Vega concentran la mayor cantidad de muertes por siniestros viales en el país, según el Opsevi. Esta plataforma integra datos sobre fallecidos, lesionados y causas de la siniestralidad vial de diversas instituciones del sistema de tránsito, salud y emergencias, y está respaldada por la Ley núm. 63-17 sobre movilidad y seguridad vial, así como por el Reglamento Orgánico del Intrant (Decreto núm. 177-18).
De hecho, la siniestralidad vial en el país es tan elevada que llegó a superar las muertes provocadas por la pandemia del covid-19. De acuerdo con estadísticas del Opsevi, entre 2020 y 2022 la pandemia dejó 4,384 fallecidos, mientras que los accidentes de tránsito cobraron 8,599 vidas, un 96% más.
Hernán Paredes, presidente del Sistema Inteligente de Transporte Dominicano (ITS-Dominicano) y exdirector del Opsevi del Intrant, calificó de alarmante la situación de la seguridad vial en el país. El país tiene la tasa más alta de muertes por accidentes de tránsito en Latinoamérica y la segunda más alta del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que, en promedio, cada año mueren 3,000, para un promedio diario de ocho muertes.
Impacto al bolsillo de los hogares y sistema de salud
Los accidentes de tránsito representan un costo anual de aproximadamente US$3,000 millones para República Dominicana, equivalente al 2.21% del producto interno bruto (PIB), según explicó Benoit Lefevre, especialista líder en la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país. A esto se suma el impacto de la congestión vehicular, que incrementa el consumo de combustible, reduce la productividad y genera sobrecostos logísticos que, en países con contextos similares, pueden alcanzar entre el 2% y el 4% del PIB.
Lefevre señaló que esta situación provoca pérdidas directas de productividad y capital humano, además de aumentar la presión sobre el gasto público en áreas como salud, subsidios y servicios operativos. También afecta la competitividad urbana, al generar ciudades menos eficientes para responder a las necesidades de la población.
“Aunque los ciudadanos asumen gastos individuales como combustible, pasajes y mantenimiento vehicular, el sistema produce costos colectivos relacionados con contaminación, congestión, largos tiempos de traslado y saturación de los servicios públicos, lo que evidencia la necesidad de mejorar el modelo actual de movilidad”, expresa Lefevre a elDinero.
Los hospitales traumatológicos Darío Contreras y Ney Arias Lora se han convertido en los epicentros de esta pandemia vial. El doctor Andy De León Valenzuela, director general del Hospital Dr. Darío Contreras, señala que los accidentes de tránsito constituyen un problema social, con una repercusión directa tanto en el núcleo familiar como en los costos económicos derivados de la atención a los pacientes lesionados.
“Si un paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos, el gasto diario resulta bastante elevado para el hospital y para la Red Nacional de Trauma. A esto se suma el costo de las intervenciones quirúrgicas o de las lesiones permanentes que pueda sufrir el afectado”, resaltó De León a elDinero.
Asimismo, el doctor Víctor Rosario Suaso, director general del Hospital Ney Arias Lora, especifica que diariamente a la emergencia de este centro de salud llegan entre 150 y 200 pacientes, de los cuales más del 80% corresponde a accidentes de vehículos de motor. De ese porcentaje, entre 10 y 15 presentan componente de gravedad, producto de trauma craneoencefálico, fracturas graves de pelvis y traumas abdominales cerrados. Estos pacientes son intervenidos varias veces para garantizarles la vida”.
“Los accidentes de tránsito vienen a crear un problema extremadamente grave, no solamente para este hospital, sino para la nación, producto del crecimiento que ha tenido el parque vehicular”, precisó Rosario en entrevista a elDinero.
Detalla que el costo promedio por paciente asistido sólo por emergencia y despachado supera los RD$250,000 y RD$300,000. En tanto, un paciente que va a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) supera el RD$1 millón o RD$1.2 millones por día. Solo en el último trimestre de 2025, este hospital exoneró o cubrió servicios de salud a la población por más de RD$200 millones.
“Si nosotros no tuviéramos el apoyo de las diferentes ARS (administradoras de riesgos de salud) que tienen los pacientes, entonces tendríamos una carga todavía mucho mayor”, destacó el doctor.
No obstante, tanto De León como Rosario resaltaron que la directriz del Gobierno Central, a través del Servicio Nacional de Salud (SNS) que dirige el doctor Julio Landrón, es que todo paciente que acuda al hospital tenga o no tenga, se le dé la atención oportuna. De acuerdo con cifras del portal Datos Abiertos del hospital Dr. Ney Arias Lora, de las 34,589 emergencias registradas en este hospital durante el 2025, el 36.6% corresponden a accidentes de tránsito, con 12,666 pacientes. De esa cantidad, el 97.8% sufrieron traumas o heridas, con 12,511 personas.
El 23 de marzo de 2025, Fernando Arturo de la Rosa, alias Trator, de 36 años, cuenta la mezcla de ingesta de alcohol y conducir un motor casi le cuesta la vida a bordo de un motor. “No recuerdo el accidente, solo cuando me desperté en el hospital”, narra De la Rosa a elDinero. Su recuperación, incluida una cirugía, costó alrededor de RD$3 millones, gracias al apoyo económico de su padre.
En el bloque quirúrgico del hospital Ney Arias Lora se realizan diariamente entre 20 y 35 cirugías relacionadas con accidentes de tránsito, según explicó Juan Francisco del Orbe, encargado del área.
Según la Enhogar 2013, el 23.1% de las personas con discapacidad motriz adquirió esta condición tras un siniestro vial, con mayor incidencia en personas hasta 39 (60.5%) y de 29 años (43.3%).
Tal es el caso de Manuel Antonio Ureña, de 40 años, cuya vida cambió drásticamente hace unos 19 años tras sufrir un accidente de tránsito. Pasó de ser una persona con todas sus facultades físicas a recibir un diagnóstico severo: hemiplejia espástica, una forma de parálisis cerebral que afecta un solo lado del cuerpo y provoca rigidez muscular (espasticidad) y debilidad, generalmente en el brazo y la pierna.
Con dificultad para hablar producto del trauma, Manuel relata que, mientras residía en Santiago, viajó a Puerto Plata junto a unos amigos. Una vez allí, se desmontó de un vehículo privado y, mientras cruzaba la calle en estado de embriaguez, fue impactado por una jeepeta. El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche y lo dejó tendido sobre el frío asfalto hasta que fue auxiliado por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.
La psicóloga clínica Nadieska Núñez de Nova señaló que los accidentes de tránsito dejan secuelas que van mucho más allá de las lesiones físicas, ya que afectan la salud mental, la dinámica familiar y la estabilidad económica de quienes sobreviven o pierden a un ser querido. Indicó que las consecuencias psicológicas pueden variar desde ansiedad y miedo persistente hasta trastorno por estrés postraumático, especialmente en personas que experimentaron riesgo de muerte, pérdida de familiares o discapacidades permanentes.
Motocicletas, entre el sustento y la tragedia
Las motocicletas se han convertido en un pilar económico y de movilidad para 213,450 familias dominicanas, especialmente en sectores de menores ingresos, de acuerdo con un informe de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicleta (Afamoto).
Según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al 2025 el país cuenta con 3.8 millones de unidades de motores, equivalente al 57.9% del total del parque vehicular.
Dario Lama, presidente ejecutivo de Afamoto, indicó a elDinero que en 2019 la importación de motocicletas era de 164,154, mientras que al cierre de 2024 alcanzaba las 293,699. O sea, que aumentaron un 78.9%, colocando el promedio de importación anual de 196,471 con un aporte al fisco de US$97 millones, mientras que proyecta que para este año alcance las 200,000.
Sin embargo, ese crecimiento también ha venido acompañado de una crisis de seguridad vial. Las motocicletas representan el 87.5% de las muertes por accidentes de tránsito registradas en 2025, de acuerdo con el Opsevi. Solo hasta mayo de este año se contabilizaban 30,826 lesionados en siniestros viales a nivel nacional, de los cuales el 70.4% eran hombres. La combinación de informalidad, imprudencia y falta de educación vial mantiene a los motociclistas como las principales víctimas de la tragedia en las carreteras dominicanas.
La alta siniestralidad vial representa uno de los principales desafíos para las aseguradoras dominicanas, ya que entre el 65% y el 75% del costo técnico de las indemnizaciones del ramo vehicular se destina a cubrir accidentes de tránsito, sin incluir gastos administrativos, según explicó Franklin Glass, presidente ejecutivo de Cadoar. En los últimos tres años el ramo vehicular pagó RD$RD$46,900 millones por siniestros.
De igual forma, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari, afirmó que el sector público y privado trabajan de manera conjunta para fortalecer la seguridad vial en el país, ante los desafíos que representa la alta siniestralidad.
Por su parte, el economista Huáscar A. Jiménez, presidente del Centro de Estudios de Turismo y Desarrollo Local (Cetdel), advirtió que la alta tasa de accidentes de tránsito representa un riesgo para la competitividad turística y la imagen internacional del país, especialmente en un contexto de diversificación de la oferta más allá del modelo de sol y playa.
Al respecto, Gneco Gross señaló que las motocicletas tienen un peso determinante en la alta siniestralidad del país debido a su vulnerabilidad física y al crecimiento acelerado de este medio de transporte sin una regulación, formación y fiscalización suficientes. Indicó que muchos motoristas utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo y sustento, pero sin pasar por procesos formales de capacitación y licenciamiento, por lo que insistió en fortalecer el uso del casco homologado, el registro y el ordenamiento del sector.
Durante el período 2018-2020, la Digesett impuso 2,431,590 infracciones. La mayor proporción de infracciones correspondió a las del no uso del casco protector en motocicleta con aproximadamente un 26%.
En la misma línea, Jhonattan Chevalier, director de Seguridad Vial del Intrant, reveló que en el país se emiten cerca de 1.4 millones de multas al año, pero apenas la mitad son pagadas. Según explicó a elDinero, esta situación refleja debilidades en el sistema de fiscalización y cobro, agravadas por la falta de mecanismos disuasorios y la prescripción anual de las multas.
Las consecuencias de estas imprudencias se reflejan diariamente en el Centro del Automovilista (CAA), que recibe más de 100 reportes de choques al día a través de 17 aseguradoras, incluyendo Humano Seguros. Solo en abril de este año se registraron 4,300 actas de accidentes, un aumento interanual de 10%, y el 70% de los casos involucró motocicletas. Luis Torres, gerente general del CAA, advirtió a elDinero que muchos conductores abandonan la escena porque no tienen seguro y no temen sanciones. “Sin régimen de consecuencias esto seguirá generando violencia e impunidad”, afirmó Torres al proponer una medida legal que impida el traspaso de vehículos involucrados en accidentes cuyos conductores huyan de la escena, para obligarlos a responder ante las autoridades y completar el proceso legal.
En tanto, la directora ejecutiva de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), Yris Nelsi González, afirmó a elDinero que la reducción de los accidentes de tránsito en el país no depende de crear nuevas normativas, sino de hacer cumplir las disposiciones ya contempladas en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Señaló que el principal desafío es garantizar que todo conductor posea licencia válida, seguro obligatorio, matrícula y placa, así como fortalecer el régimen de sanciones y la fiscalización de motocicletas que circulan de manera irregular.
De su lado, la magistrada Katerine A. Rubio, jueza de la Primera Sala del Juzgado de Paz de Tránsito del Poder Judicial, advirtió que cerca del 70% de los casos de tránsito que llegan a los tribunales involucran motocicletas, una situación que atribuye principalmente a la falta de educación vial y a la conducción temeraria. La jueza explicó que muchos conductores aprenden a manejar sin orientación adecuada y desconocen normas básicas de circulación, lo que incrementa los riesgos de accidentes y lesiones graves.
Los expertos entienden que el país necesita mayores inversiones en señalización, educación vial, herramientas tecnológicas y aplicación de la ley.
El alto costo de la siniestralidad vial
Motoristas. Diariamente, a emergencias llegan entre 150 y 200 pacientes, de los cuales más del 80% corresponde a accidentes de vehículos de motor.
Gravedad. De ese 80%, entre 10 y 15 presentan cuadros de gravedad, producto de trauma craneoencefálico, fracturas graves de pelvis y traumas abdominales cerrados. Estos pacientes son intervenidos varias veces para preservarles la vida.
Emergencia. El costo promedio por paciente de accidentes de tránsito en emergencias de los hospitales supera los RD$250,000 y RD$300,000.
Cuidados intensivos. Un paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) puede costar supera entre RD$1 millón y RD$1.2 millones por día.
Apoyo ARS. Sin el apoyo de las administradoras de riesgos de salud, que cubren a muchos pacientes, la carga económica sería mucho mayor.
Exoneración. Solo en el último semestre de 2025, el HTNAL exoneró o cubrió servicios de salud a la población por más de RD$200 millones.
Discapacidad. Entre un 5% y un 10% de los pacientes graves por accidentes de motocicletas que llegan al traumatológico presenta discapacidad física.
Edad. La edad de los lesionados por accidentes de tránsito atendidos en emergencias de los hospitales oscila entre los 15 y los 40 años, según cifras oficiales
Proveedor. La mayoría de los pacientes lesionados por accidentes de tránsito son los principales proveedores de sus hogares.
Prevención. El Hospital Ney Arias Lora realiza desde hace varios años la campaña “Un reto por la vida”, la cual invita a usar el casco protector en motociclistas.
Atención psicologíca. La atención psicológica posterior a un accidente puede superar los RD$84,000, un promedio de 12 sesiones a RD$7,000 cada una.
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