Estados Unidos lanza una campaña para desmantelar "ladrillo a ladrillo" la Corte Penal Internacional por la soberanía estadounidense

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El Gobierno de Donald Trump ha anunciado hoy el lanzamiento de "una campaña para desmantelar la amenaza de la Corte Penal Internacional" a Estados Unidos y sus aliados.. "No conocen los nombres de sus jueces, fiscales o su presidente, pero están en guerra contra nosotros. No con balas y misiles, sino con estatutos y lo que llaman Derecho Internacional (,,,) amenazan cada pilar de nuestro sistema político y legal (…) y a nuestras tropas por el crimen de defender nuestra nación. Nunca ocurrirá (…) La desmantelaremos ladrillo a ladrillo si hace falta", ha prometido el secretario de Estado, Marco Rubio, diciendo que "la Corte Penal Internacional busca convertirse en el árbitro incontestable de una nueva ley global, empoderada para procesar y arrestar a nuestros ciudadanos a voluntad y amenazar existencialmente la soberanía estadounidense".

Entre los próximos pasos no sólo se avisa de presiones diplomáticas para que los países que ratificaron los estatutos de la Corte se retiren, sino de retiradas de visados y más sanciones personalizadas, que impedirían a los afectados cosas tan básicas como viajar, tener tarjetas de crédito o una cuenta en cualquier banco.

"La campaña contempla una respuesta integral del gobierno para inhabilitar sistemáticamente la capacidad de la CPI para operar, perseguir a militares o funcionarios estadounidenses y, de cualquier otra forma, amenazar la soberanía estadounidense", dice el comunicado del Departamento de Estado, señalando cómo la Corte "se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos. Los estadounidenses nunca se comprometieron a esto, y todos los presidentes estadounidenses desde la ratificación de la CPI han sostenido no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses.

Ahora buscan convertirse en un árbitro global sin rendición de cuentas, posicionándose por encima del Estado nación como un brazo ejecutor supranacional de una burocracia globalista con poder para perseguir a militares y funcionarios estadounidenses a su antojo. Ninguna opción diplomática quedará descartada en la campaña para desmantelar la amenaza que la CPI representa para los estadounidenses", ha advertido Marco Rubio.

No es nada nuevo. En los últimos meses la Casa Blanca había movilizado su maquinaria para castigar a quienes querían investigar y juzgar lo ocurrido en Gaza y el Líbano por parte de Israel, con decenas de miles de muertes, denuncias de genocidio y todo tipo de crímenes de guerra. Pero Washington siempre ha sido hostil.

Desde su creación con el Estatuto de Roma de 1998, una parte muy importante del establishment político estadounidense (especialmente en el Partido Republicano, pero no sólo) ha considerado que la Corte Penal Internacional (CPI) supone una cesión inaceptable de soberanía y un riesgo para militares y diplomáticos desplegados por todo el mundo. Por ser EEUU uno de los países más belicosos, que más tropas y bases tiene. Y que más denuncias por crímenes de guerra acumula en las últimas décadas, de Irán a Afganistán pasando recientemente por el bombardeo de una escuela en Irán. Por no hablar de operaciones encubiertas, drones o la destrucción de lanchas de pescadores en el Caribe.

El temor, documentado en cientos de películas, libros o series de televisión, a que fiscales y jueces internacionales pudieran abrir investigaciones es algo que causó el choque de las fuerzas armadas con casi todas las administraciones. En su momento, el famoso y polémico senador Jesse Helms encabezó la facción que exigía que jamás "un fiscal no elegido y sin control rindiera cuentas sobre soldados estadounidenses". Su colega, el senador John Ashcroft, que llegaría a ser fiscal general con George W. Bush, defendía precisamente que la Corte era "incompatible con nuestra Constitución y nuestra soberanía". Los esfuerzos de ambos desembocaron en 2002, tras el 11S, con la American Service-Members Protection Act, bautizada por sus críticos como la "ley de invasión de La Haya", porque autorizaba al presidente a emplear "todos los medios necesarios y apropiados" para lograr la liberación de cualquier ciudadano estadounidense detenido por la CPI. Algo que Rubio ahora evoca con otras palabras.

Las administración Clinton y Obama suavizaron el tono y cooperaron con la Corte en algunos casos concretos, como las investigaciones sobre Darfur, Libia o, más recientemente, Ucrania, pero nunca llegaron a ratificar el Estatuto de Roma. En 2020, primer el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo calificó a la Corte de "institución política irresponsable" y acusó a sus responsables de intentar "someter a los estadounidenses a su jurisdicción ilegítima". La Corte o tiene jurisdicción sobre Estados Unidos ni sobre Israel" y que cualquier intento de actuar contra ambos países suponía un abuso de autoridad", sostuvo siempre Mitch McConnell, líder de los republicanos en la cámara alta durante dos décadas.

La campaña anunciada hoy, y que llega tras haber aprobado ya durísimas sanciones contra magistrados internacionales, que no pueden usar tarjetas de crédito o tener cuentas bancarias, incluirá "una amplia gama de acciones destinadas a garantizar que la Corte Penal Internacional sea incapaz de amenazar la soberanía de EEUU o de perseguir a ciudadanos estadounidenses", dice Washington.

Entre las medidas que se están considerando se incluyen presiones directas de Rubi y su equipo a "naciones extranjeras para denunciar los abusos de la CPI y los riesgos que representa para los estadounidenses y otras naciones, instándolas a retirarse de la CPI". A que quienes "colaboran con las fuerzas del orden y las fuerzas armadas estadounidenses, o que se benefician de la protección de seguridad de EEUU" rechacen "la supuesta autoridad de la CPI para enjuiciar a funcionarios y militares estadounidenses". Un "mayor escrutinio de las naciones que se niegan a rechazar la falsa autoridad de la CPI mientras dependen de la asistencia estadounidense", "revocación de visados y prohibición de viajar para el personal de la CPI" y el "aumento de las sanciones contra la CPI y las organizaciones afiliadas".