EEUU
Revelan que la DEA no interceptó grandes cargamentos de fentanilo en barrios de mayoría hispana en Nuevo México: denuncian récord de muertes
La DEA permitió que cientos de miles de pastillas de fentanilo circularan por Nuevo México entre 2023 y 2025 mientras sus agentes observaron cargamentos sin incautarlos.
Según registros oficiales y tres agentes actuales y retirados citados por The Associated Press, la táctica buscó construir causas más grandes contra redes de tráfico.
En un estado que sigue en el centro de la crisis, las muertes por sobredosis cayeron 14% en todo Estados Unidos el año pasado, pero en Nuevo México aumentaron 21%, de acuerdo con datos oficiales citados por la agencia.
Albuquerque concentra, además, una de las zonas más afectadas por el narcotráfico, un barrio conocido localmente como “War Zone”.
Según la investigación de The Associated Press, en múltiples episodios los agentes siguieron entregas de pastillas, descifraron comunicaciones, vigilaron operaciones en tiempo real y, aun así, no retiraron la droga de circulación.
David Howell, agente especial de la DEA y denunciante del caso, resumió esa práctica con una acusación directa al medio: “Envenenamos a nuestra comunidad para armar casos. Por nuestra propia ceguera deliberada, podemos decir: ‘En realidad no sabemos qué pasó con las drogas’. Pero 100% hicimos que muriera gente”.
Entregas vigiladas que no fueron incautadas
Uno de los expedientes revisados por la agencia describe una operación de junio de 2023 en un parque de casas móviles de Albuquerque.
Según un informe de 66 páginas, los agentes interceptaron conversaciones codificadas por teléfono, vigilaron de cerca la transacción y dejaron que traficantes entregaran 74.000 pastillas, una cifra que luego fiscales federales confirmaron en un escrito judicial.
Días antes, otro informe mostró que los investigadores observaron cómo la misma red de distribución entregaba un neumático de auxilio que ocultaba otro cargamento sospechado de contener fentanilo. Esa remesa tampoco fue incautada, según la publicación.
Howell presentó una denuncia formal por represalia en 2023 para alertar sobre lo que consideraba una táctica de alto riesgo para la seguridad pública.
Dijo que pasaron meses antes de que las autoridades desarticularan a los traficantes y que hoy no existe una contabilidad sobre el destino final de esos envíos.
Un exsupervisor de la DEA, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, afirmó que él y sus colegas en Albuquerque dejaron pasar “millones” de pastillas durante una investigación multiestatal el año pasado.
En sus revelaciones como denunciante, Howell sostuvo que en esa causa se permitió la entrega de al menos 1,8 millones de pastillas de fentanilo.
Esa investigación terminó en mayo de 2025 con lo que la DEA presentó como la mayor incautación de fentanilo de su historia: más de 3 millones de pastillas, en un operativo anunciado por la entonces fiscal general Pam Bondi.
El exsupervisor dijo al medio que el volumen finalmente secuestrado llegaba a las calles cada mes mientras la causa seguía abierta y que la organización podía haber sido desmantelada seis meses antes.
La disputa entre agentes, fiscales y el Departamento de Justicia
Alex Uballez, exfiscal federal de Nuevo México entre 2022 y el año pasado, dijo que en ocasiones las autoridades dejaron pasar cargamentos como parte de un esfuerzo más amplio para reunir inteligencia y construir casos contra grandes traficantes.
Sostuvo que la estrategia respondió a recursos limitados de su oficina y a la idea de que procesar a organizaciones de mayor escala puede salvar más vidas que interceptar cada operación sospechosa.
Uballez defendió esa lógica con una frase breve: “Vale la pena atrapar a los peces más grandes”. También cuestionó la solidez de algunos cálculos sobre la cantidad de pastillas, al afirmar que las estimaciones basadas en llamadas interceptadas “no son confiables”.
La DEA respondió en un comunicado que las decisiones investigativas cuestionadas fueron legales, razonables dadas las circunstancias y consistentes con la guía del Departamento de Justicia.
Amanda Wozniak, vocera de la agencia, escribió que las descripciones públicas que sugieren que la DEA permitió a sabiendas que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y tergiversan de manera fundamental los hechos.
Según Wozniak, las pesquisas incluyeron escuchas telefónicas autorizadas por tribunales, vigilancia en tiempo real, recolección de inteligencia y análisis operativo dirigidos contra organizaciones de tráfico de mayor tamaño.
La oficina del fiscal federal en Albuquerque, ahora bajo otra conducción, dijo a la agencia que la “conducta” denunciada por Howell ocurrió durante la administración anterior.
Los protocolos cambiaron en 2024
La controversia también expuso un cambio en las reglas internas. En 2017, el Departamento de Justicia adoptó un documento de dos páginas conocido como “Protocolos de Fentanilo”, que ordenaba a los agentes “incautar o impedir de otro modo la distribución” del opioide “tan pronto como sea factible” y establecía que proteger la seguridad pública era la prioridad máxima, incluso si eso comprometía una investigación.
En 2024, esas reglas fueron reescritas para conceder mayor discrecionalidad a las fuerzas federales. La versión actual indica que los investigadores pueden decidir si intervienen para impedir el tráfico de fentanilo tras ponderar el riesgo para la población frente a los beneficios de preservar la investigación.
El manual de agentes de la DEA, según la agencia, describe la incautación como el curso habitual de acción, aunque admite que puede haber situaciones en las que los objetivos investigativos se logren mejor sin hacerlo.
Varios agentes actuales y retirados compararon esa práctica con “Fast and Furious”, el escándalo de 2011 en el que autoridades permitieron el tráfico de unas 2.000 armas hacia México con la intención de rastrearlas hasta jefes de cárteles.
Howell dijo que su inquietud creció hasta el punto de empezar a señalar muertes por sobredosis que podrían haber estado vinculadas con las mismas pastillas cuya circulación la agencia toleró.
Uno de esos casos, según relató, fue el de un niño de 15 meses que murió el año pasado en Española tras ingerir residuos quemados de fentanilo.
La denuncia de Howell y la respuesta oficial
El agente, que ingresó a la DEA hace 19 años después de una década en la Marina, llevó sus denuncias a la Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos, el organismo encargado de proteger a denunciantes.
Esa dependencia concluyó inicialmente que existía una “probabilidad sustancial de irregularidad” y pidió al Departamento de Justicia que investigara.
A comienzos de 2024, Howell declaró ante la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia que agentes de la DEA habían observado, pero no incautado, entregas separadas de 150.000 y 50.000 pastillas de fentanilo.
Añadió que la agencia y los fiscales federales se colocaban en una posición precaria porque no podrían demostrar que el fentanilo que pudieron haber frenado no causó la muerte de una persona.
La Oficina de Responsabilidad Profesional concluyó en 2024 que la DEA y la fiscalía federal habían tomado decisiones razonables al dejar pasar la droga y que su inacción no creó un “peligro específico para la salud pública”. La Oficina del Asesor Especial consideró razonable ese informe.
Según Howell y registros de la DEA citados por la agencia, después de denunciar el caso fue relegado durante más de un año a tareas de escritorio y recibió evaluaciones de desempeño más bajas.
Documentos internos también muestran que fiscales le prohibieron declarar en tribunales federales por un “patrón de negarse a acatar” advertencias para permitir que cargamentos no fueran incautados en investigaciones de largo plazo.
Registros revisados por The Associated Press describen seguimientos en Albuquerque entre 2023 y 2025 en los que agentes vigilaron entregas de pastillas, descifraron comunicaciones y aun así dejaron circular envíos para fortalecer causas mayores
