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Caso Coral y Coral 5G: ¿Quiénes son los 23 condenados y de qué fueron hallados culpables?
Santo Domingo.– Tras casi dos años de juicio, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia contra los implicados en los casos Coral y Coral 5G, considerados entre los mayores expedientes de corrupción administrativa en la historia reciente de República Dominicana.
De los acusados, 23 personas fueron condenadas por distintos delitos relacionados con asociación de malhechores, desfalco, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y uso de testaferros para ocultar bienes obtenidos mediante el desvío de fondos públicos. Otros seis imputados fueron absueltos.
Según la acusación del Ministerio Público, la red operó entre 2012 y 2020, utilizando estructuras del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) para sustraer recursos del Estado. El órgano persecutor estimó que el perjuicio económico superó los RD$4,500 millones.
Los principales condenados:
Adán Cáceres Silvestre: 20 años de prisión
El exjefe del CUSEP fue señalado como el principal cabecilla del entramado. El tribunal lo condenó a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos. Fue hallado culpable de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y delitos agravados por su condición de funcionario público.
Juan Carlos Torres Robiou: 20 años
El exdirector del CESTUR recibió la misma pena de 20 años de cárcel y una multa equivalente a 400 salarios mínimos. La sentencia estableció que facilitó el uso irregular de esa institución para el manejo de recursos públicos, nóminas ilícitas y operaciones que permitieron el lavado de activos.
Rafael Núñez de Aza: 20 años
El exdirector financiero del CUSEP fue considerado el cerebro operativo de la estructura financiera.
Las investigaciones concluyeron que manejaba nóminas de militares «fantasmas», coordinaba el retorno de entre un 80 % y un 90 % de los salarios y ejercía control sobre recursos del CESTUR e incluso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Fue condenado por asociación de malhechores, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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El general Julio Camilo de los Santos Viola, quien sustituyó a Adán Cáceres en el CUSEP, fue condenado a 15 años de prisión tras comprobarse su participación en el esquema de nóminas irregulares y ocultamiento de bienes mediante terceros.
También recibió 15 años de cárcel la pastora Rossy Guzmán Sánchez, a quien el Ministerio Público identificó como una pieza clave para el blanqueo de capitales, utilizando estructuras religiosas y financieras para ocultar patrimonio ilícito. Su hijo, Tanner Antonio Flete Guzmán, fue absuelto.
El tribunal impuso penas de 10 años de prisión a:
- Esmeralda Ortega Polanco, exgerente de una sucursal del Banco de Reservas, acusada de facilitar operaciones bancarias de la red.
- José Manuel Rosario Pirón, exencargado de Tesorería del CUSEP.
- Kelman Santana Martínez, exasistente de Adán Cáceres.
- Boanerges Reyes Batista, exsubjefe del CUSEP y exdirector del CESMET.
- Franklin Antonio Mata Flores, capitán de navío de la Armada Dominicana.
- Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, expareja de Rafael Núñez de Aza.
- Erasmo Roger Pérez Núñez, primer teniente de la Fuerza Aérea.
De acuerdo con la sentencia, todos participaron en distintas funciones del entramado, desde el movimiento de fondos y ocultamiento de activos hasta la extracción de recursos mediante nóminas ficticias.
El mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado testigo clave del Ministerio Público, fue condenado a cinco años de prisión. Sin embargo, la pena quedó cubierta con el tiempo que permaneció bajo medida de coerción durante el proceso judicial.
Condenas suspendidas
El tribunal también emitió condenas suspendidas para otros implicados, quienes fueron declarados culpables, pero no deberán cumplir prisión efectiva, siempre que respeten las condiciones impuestas.
Entre ellos figuran:
- Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara: cinco años suspendidos.
- Alejandro José Montero Cruz: cinco años suspendidos.
- Epifanio Peña Lebrón: cinco años suspendidos.
- Lucía de los Santos Viola: cinco años suspendidos.
- Onoris Beatriz Soto de los Santos: cinco años suspendidos.
- Manuel de Jesús Alba Solano: cinco años suspendidos.
- Élida María Trinidad Santiago: cinco años suspendidos.
- Pedro Roberto Castillo Nolasco: tres años suspendidos.
- Carlos Augusto Lantigua Cruz: tres años suspendidos.
- Raymel Pastor del Rosario Viola: tres años suspendidos.
Varios de ellos fueron condenados por actuar como testaferros, prestando sus nombres para ocultar propiedades y recursos obtenidos ilícitamente.
El Primer Tribunal Colegiado declaró no culpables a:
- Miguel Alfredo Ventura Pichardo.
- Santiago Antonio Suárez Peguero.
- Enmanuel Antonio Alba Trinidad.
- Guillermo de Jesús Torres Robiou.
- Tanner Antonio Flete Guzmán.
- Erick Daniel Pereyra Núñez.
El juicio de fondo inició el 27 de junio de 2024 y concluyó con una sentencia que no solo impuso penas de prisión, sino que también abrió paso al decomiso de cientos de bienes vinculados a la estructura.
Con este fallo, la justicia dominicana marca un precedente en la persecución de delitos de corrupción administrativa y lavado de activos, al sancionar a quienes, según quedó probado en el tribunal, utilizaron instituciones públicas para construir una compleja red de enriquecimiento ilícito a costa de los recursos del Estado.
Santo Domingo.– Tras casi dos años de juicio, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia contra los implicados en los casos Coral y Coral 5G, considerados entre los mayores expedientes de corrupción administrativa en la historia reciente de República Dominicana. De los acusados, 23 personas fueron condenadas por distintos delitos relacionados con asociación Justicia
