Senado aprueba cambios de Diputados a la reforma de la Ley 225-20 sobre residuos sólidos

Santo Domingo.- El Senado de la República acogió en única lectura las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, durante la sesión ordinaria celebrada este martes.

La iniciativa fue incorporada a la agenda a solicitud del senador por Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo, quien recordó que la pieza vencía ese mismo día para su aprobación.

El proyecto establece que toda persona jurídica, entidades gubernamentales, patrimonios autónomos y cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deberá realizar una contribución especial obligatoria, calculada en función de sus ingresos.

Los recursos serán destinados a un fondo para mitigar los efectos negativos de la disposición de los residuos sólidos y fortalecer el sistema integral de gestión de estos desechos.

Entre las modificaciones acogidas por el Senado figura una nueva escala de contribuciones para las empresas, según sus ingresos anuales. La propuesta fija un aporte de RD$750,000 para las personas jurídicas con ingresos entre RD$700 y RD$1,000 millones; de RD$1, 7000 millones para las que perciban entre RD$1,000,000,001 y RD$2,500 millones; y de RD$2, 200 millones para aquellas cuyos ingresos superen los RD$2,500 millones.

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Asimismo, se creó una nueva categoría para las empresas con ingresos de hasta RD$5 millones anuales, las cuales deberán aportar RD$5,000.

Además, se modificó el artículo 36 para disponer que la contribución será liquidada anualmente ante la DGII y pagada en dos cuotas semestrales: un 50 % junto con la declaración jurada del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el restante 50 % seis meses después. La DGII deberá transferir los fondos recaudados a la Tesorería Nacional en un plazo de 30 días para su depósito en el fideicomiso establecido por la ley.

Las enmiendas también establecen que esta contribución será deducible de la renta bruta, conforme al Código Tributario, fijan un aporte máximo de RD$675,000 para las empresas que operen como comisionados o comisionistas, aun cuando sus ingresos superen los RD$700 millones, y disponen que la administración del tributo se regirá por las normas del Código Tributario.

De igual forma, crea un régimen transitorio para las empresas cuyo aporte sea superior al establecido en la Ley 98-25 y les permiten realizar el pago durante el año fiscal 2025.

De manera excepcional, el proyecto incorpora un artículo transitorio para que las personas jurídicas y entidades privadas que aún no hayan cumplido con el pago de esta contribución puedan hacerlo en los meses de julio y diciembre de 2026.

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