EEUU
Tres grandes avícolas donarán 53 millones de huevos en Estados Unidos tras acusaciones por manipular precios
Tres productores de huevos en Estados Unidos acordaron pagar USD 3,3 millones y donar 53 millones de unidades a bancos de alimentos, como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia y una coalición de 17 estados por la supuesta manipulación de precios en el mercado de huevos del país.
Las empresas involucradas son Cal-Maine Foods, Versova y Hickman’s Egg Ranch. La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el acuerdo el 29 de junio de 2026.
Según su declaración, las tres compañías coordinaron entre aproximadamente junio de 2022 y marzo de 2025 para influir sobre un índice diario de precios de huevos, con lo que encarecieron artificialmente el producto tanto para minoristas como para consumidores en todo el país.
Qué implica el acuerdo y qué no reconocen las empresas
El acuerdo no equivale a una condena. En el sistema legal estadounidense, este tipo de arreglo —conocido como settlement— permite a las empresas resolver una investigación con pagos y compromisos sin admitir culpa ni responsabilidad legal.
Cal-Maine lo dejó en claro: la compañía “niega toda irregularidad y violación de la ley” y precisó que no se le impuso ninguna multa ni penalidad formal.
Las tres empresas deben cumplir tres condiciones centrales:
- Poner fin a cualquier coordinación para manipular precios.
- Adoptar medidas internas de cumplimiento para evitar futuras infracciones.
- Cooperar plenamente con la supervisión de los estados participantes.
El detalle por empresa
Cal-Maine Foods, la única de las tres que cotiza en bolsa, asumió la mayor parte del acuerdo:
- Pagará USD 1,5 millones a los estados.
- Donará 30 millones de huevos a bancos de alimentos y organizaciones sin fines de lucro en todo el país.
- Implementará medidas de cumplimiento y reporte.
Versova y Hickman’s Egg Ranch cubrirán el resto:
- USD 1,8 millones en pagos.
- 23 millones de huevos adicionales para las organizaciones participantes.
Cómo funcionó la supuesta manipulación
La investigación del Departamento de Justicia, que duró 15 meses según Cal-Maine, se centró en una cooperativa que las tres empresas integraban. Esa cooperativa proveía huevos a clientes que debían cumplir con requisitos de jaulas libres (cage-free) en ciertos mercados —es decir, sistemas de producción donde las gallinas no están confinadas en jaulas individuales, una exigencia legal o contractual cada vez más frecuente en varios estados.
Dentro de esa estructura, las compañías habrían compartido información sobre sus actividades de oferta de precios para incidir sobre el índice diario de precios de huevos.
Ese índice es una referencia que el sector usa para fijar los valores de compraventa del producto; al manipularlo, los precios que pagaban supermercados y consumidores subían de forma artificial.
Cal-Maine abandonó la cooperativa en mayo de 2024, según su propia declaración, “con anterioridad y sin relación con el inicio de la investigación del Departamento de Justicia”.
Los 17 estados y el contexto de los precios
El acuerdo incluye a California, Texas y Florida, entre los 17 estados de la coalición. La fiscal James fue directa sobre el alcance del caso: “Cuando las grandes corporaciones se confabulan entre bambalinas para subir los precios, las familias trabajadoras pagan las consecuencias. Estos productores de huevos manipularon el mercado para exprimir aún más ganancias de los consumidores y los negocios”, declaró según Just Food.
El acuerdo llega en un momento en que el precio de los huevos en Estados Unidos acumula años de volatilidad. La gripe aviar diezmó parvadas enteras en 2022 y 2023, lo que redujo la oferta y disparó los precios al consumidor.
Ese contexto de escasez hace que la acusación de coordinación artificial de precios sea especialmente sensible: los productores habrían aprovechado una crisis de oferta real para amplificar artificialmente sus márgenes.
Las medidas de cumplimiento exigidas
Más allá de los pagos y las donaciones, el acuerdo impone a las tres empresas obligaciones de transparencia hacia los estados. Deben reportar periódicamente sus prácticas internas y someterse a la supervisión de las autoridades estatales para verificar que no reanuden la coordinación de precios.
Cal-Maine subrayó que cooperó “de manera plena en el proceso de revisión exhaustiva” desde el inicio de la investigación, según informó Reuters.
El arreglo extrajudicial, anunciado el 29 de junio por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, se cerró con el Departamento de Justicia y una coalición de 17 estados, sin admisión de culpa ni responsabilidad legal
