Política
Coalición advierte Gobierno pretende reducir pensiones en reforma a Ley 87-01
“Por una seguridad social que garantice derechos. Con la justicia no se juega, no a la privatización”, estas fueron algunas de las consignas que vociferaban este jueves decenas de personas en las afueras del Congreso Nacional.
]]> Aunque el Poder Ejecutivo no ha difundido de manera oficial su propuesta legislativa, la Coalición por la Seguridad Social asegura que las autoridades gubernamentales buscan afectar nuevamente las pensiones de los asalariados.
“Por una seguridad social que garantice derechos. Con la justicia no se juega, no a la privatización”, estas fueron algunas de las consignas que vociferaban este jueves decenas de personas en las afueras del Congreso Nacional.
Esta ha sido la reacción de un conjunto de organizaciones luego de que tuvieran acceso a un supuesto borrador elaborado por el Gobierno del presidente Luis Abinader para reformar la Ley 87-01 de Seguridad Social.
Aunque el Poder Ejecutivo no ha difundido de manera oficial su propuesta legislativa, la Coalición por la Seguridad Social asegura que las autoridades gubernamentales buscan afectar nuevamente las pensiones de los asalariados.
Según indicó una de las representantes, María Teresa Cabrera Ulloa, la pieza “profundiza la privatización, aumenta las cotizaciones y los años necesarios para alcanzar el derecho a una pensión”, adicionando cinco más.
“Hasta ahora, el sistema de seguridad social ha servido para aumentar el capital de los dueños de las empresas de la salud, las ARS. En el de las pensiones son las AFP y los dueños son los mismos de los bancos comerciales”, precisó Cabrera Ulloa.
La entidad entiende que el posible incremento del tiempo para poder acceder a la pensión “imposibilita que la mayoría de las personas que viven de su trabajo puedan retirarse de manera digna”.
Además, estas agrupaciones sociales tienen el temor de que el Gobierno intente eliminar las conquistas en materia de pensiones y salud.
“Exponemos un rechazo total a esto. La equidad no se logra reduciendo beneficios”, aseveró Ulloa.
La Comisión Bicameral del Congreso Nacional que realiza el proceso de estudio para modernizar el marco legal recibió un documento redactado por las organizaciones sociales, en el cual los representantes manifestaron otras inquietudes.
De acuerdo con el documento recibido por comisión legislativa, estos están en contra de que se elimine la obligación que tiene el Seguro Nacional de Salud (Senasa) de asistir a los empleados públicos.
Propuestas de cambio
El colectivo social también está integrado por el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Rufino Senen Caba; y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes.
Los activistas sociales esperan que los congresistas cumplan con una serie de garantías.
“Evitar que, por tener que pagar por una atención en salud o por servicios de cuidado o por una condición especial, las familias afiliadas pierdan su patrimonio o disminuyan su calidad de vida”, contiene el manuscrito entregado en el Poder Legislativo.
Además, buscan que se establezca por ley la compensación económica cuando se produzca “la pérdida del ingreso familiar producto de una enfermedad o fallecimiento”.
Asimismo, buscan lograr el desarrollo de servicios orientados a “prevenir y cubrir los daños ocasionados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, independiente de la condición laboral de la persona afiliada”.
Por último, “garantizar el financiamiento de la vejez sin ser carga para la familia a través de una pensión digna”.
Esperan por Abinader
Mientras tanto, la mesa de trabajo del Congreso Nacional solo está a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe de manera formal su propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social.
El pasado 27 de febrero, durante su sexta rendición de cuentas, el mandatario Abinader anunció que “pronto” presentaría un nuevo proyecto de ley. Sin embargo, casi tres meses después, el documento aún no ha sido recibido por los legisladores.
El presidente de la comisión legislativa, diputado Rafael Castillo, dirige desde abril de 2025 el estudio de nueve propuestas de modificación. Pero, el proceso de discusión se ha paralizado en espera del Gobierno.
