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Solicitan tres meses de prisión preventiva contra médico acusado de agresión sexual
Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva contra el médico Wilver Armando Polanco Sanz, investigado por una denuncia de presunta agresión sexual presentada por una paciente que acudió a su centro de salud en el municipio Las Guáranas, provincia Duarte.
La audiencia para el conocimiento de la medida fue aplazada hasta el 23 de febrero por la jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Duarte, con el propósito de realizar una entrevista a la denunciante mediante el sistema de Cámara Gesell.
Según el expediente, los hechos habrían ocurrido el 17 de febrero alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando la mujer, de nacionalidad haitiana, fue referida desde una policlínica del distrito municipal Los Limones, en Pimentel, para practicarse una sonografía pélvica en el consultorio del imputado. La acusación establece que durante el procedimiento el especialista habría incurrido en una conducta inapropiada que derivó en la denuncia.
De acuerdo con las autoridades, la mujer presentó una denuncia verbal ante la Policía Nacional poco después del hecho, lo que permitió el arresto del médico alrededor de las 10:45 de la mañana del mismo día.
El órgano acusador indicó que se han recopilado evidencias que respaldan la denuncia y que se verifican antecedentes para determinar si existen otros casos similares.
El caso ha sido calificado jurídicamente como violación sexual agravada y violencia contra la mujer, conforme a los artículos 330, 331 y 309-1 del Código Penal Dominicano. La solicitud fue presentada por la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Duarte, encabezada por la fiscal Sandra Sierra Difó, quien pidió que, de imponerse la prisión preventiva, esta sea cumplida en la fortaleza de la provincia.
El proceso se encuentra en fase preliminar y, conforme al principio de presunción de inocencia, el imputado mantiene sus derechos constitucionales hasta que intervenga una decisión judicial definitiva.
