A un mes para aplicar el Código Penal, se reabre el debate sobre las tres causales

Legisladores provida fijan posición frente a la acción directa de inconstitucionalidad que procura anular los artículos del nuevo Código Penal relativos al aborto e incorporar por vía de sentencia las tres causales 

Santo Domingo.- A un mes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, el debate sobre las tres causales volvió a colocarse en la palestra pública, luego de que grupos feministas depositaran una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, con la que buscan anular los artículos relativos al aborto e incorporar excepciones por vía de sentencia.

Ante esta iniciativa, legisladores advirtieron que el Tribunal Constitucional debe conocer y fallar los recursos sometidos por los ciudadanos, pero insistieron en que ese órgano no tiene facultad para legislar ni para introducir disposiciones que, a su juicio, corresponden exclusivamente al Congreso Nacional.

El diputado José David Báez sostuvo que toda persona tiene derecho a recurrir ante el Tribunal Constitucional y que este está en la obligación de responder, aunque aclaró que el fallo puede ser favorable o contrario a los accionantes.

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“El Tribunal debe fallar porque si hay un recurso interpuesto por ciudadanos que tienen todo su derecho ante el Tribunal Constitucional, este está en la obligación de conocerlo y fallar”, expresó Báez.

Sin embargo, el legislador defendió su postura provida y afirmó que el Código Penal aprobado mantiene una posición clara sobre el tema del aborto. A su entender, el Tribunal Constitucional no puede incorporar las tres causales mediante sentencia, ya que esa es una atribución del Poder Legislativo.

“El Tribunal Constitucional no es el órgano que crea las leyes; es garante de que las leyes se creen acorde a la Constitución”, indicó.

En la misma línea, el diputado Eugenio Cedeño aseguró que el debate sobre el aborto fue librado en el Congreso Nacional y que ahora algunos sectores buscan trasladarlo al Tribunal Constitucional.

“Quieren que el Tribunal Constitucional se convierta en legislador activo, y el espacio del legislador es aquí”, manifestó Cedeño, al señalar que el nuevo Código Penal fue ajustado a lo que establece la Constitución dominicana sobre el derecho a la vida.

De su lado, el diputado Charlie Mariotti Paz consideró que el tema ya fue decidido durante la aprobación del Código Penal y lamentó que algunos sectores mantengan esta discusión como su principal bandera, pese a que el país enfrenta otros problemas legislativos y sociales.

Mariotti mencionó, entre otros temas pendientes, la ley de residuos sólidos, la reforma fiscal y la reforma laboral, al considerar que estos asuntos también requieren mayor atención del Congreso y de la sociedad.

Mientras tanto, el diputado Ignacio Aracena asumió una posición distinta dentro del debate, al afirmar que, aunque se considera provida, entiende que deben respetarse los derechos de las mujeres en casos como violación, incesto o malformaciones incompatibles con la vida.

Aracena sostuvo que el tema debe tratarse con sensibilidad y de manera individual, tomando en cuenta la dignidad de las mujeres y las circunstancias extremas que podrían enfrentar.

La acción depositada ante el Tribunal Constitucional vuelve a colocar en el centro del debate nacional uno de los puntos más controversiales del nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 3 de agosto.

Algunos legisladores provida expresaron durante una intervención realizada ayer que la Ley 74-25, que instituye el Código Penal, es conforme con la Constitución y desarrolla el mandato del artículo 37, que establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte.

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