EEUU
El Departamento de Justicia de Estados Unidos impulsa cargos penales contra el “turismo de nacimiento” tras el revés de la Corte Suprema
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó el martes a los fiscales federales priorizar las investigaciones sobre el llamado “turismo de nacimiento” —la práctica en que extranjeras embarazadas viajan al país para dar a luz y garantizar la ciudadanía estadounidense a sus hijos— en una directiva emitida horas después de que la Corte Suprema bloqueara el intento del presidente Donald Trump de restringir ese derecho.
La orden llegó firmada por Colin McDonald, subsecretario de Justicia a cargo del área de fraudes, quien envió un memorando a todos los empleados del departamento con instrucciones de trabajar junto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la detección y persecución de estas conductas.
El documento fue publicado en redes sociales por el propio Departamento de Justicia.
Qué ordena la directiva y qué delitos habilita perseguir
En el memorando, McDonald advirtió que quienes ingresen al país “bajo pretextos falsos” para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos pueden enfrentar cargos penales. Los delitos que el DOJ habilitó para perseguir esta práctica son:
- Fraude de visa: ingresar al país con documentación o declaraciones falsas sobre el propósito del viaje.
- Lavado de dinero: cuando los pagos a empresas que facilitan el “turismo de nacimiento” encubren el origen o destino de los fondos.
- Robo de identidad: uso de información falsa o ajena en los trámites migratorios.
- Fraude electrónico: comunicaciones o transacciones digitales con fines engañosos vinculados a estos esquemas.
“El Departamento de Justicia protegerá celosamente la santidad de la ciudadanía estadounidense investigando y procesando a quienes exploten fraudulentamente nuestro sistema migratorio”, escribió McDonald en el memorando, según informó Reuters.
El propio documento reconoce que los casos anteriores se concentraron principalmente en el fraude de visa, pero señala que otras leyes también pueden aplicarse para frenar la práctica.
El DHS ya había dado un paso en esa dirección en abril, cuando ordenó a sus agentes de investigación enfocarse en una nueva “Iniciativa de Turismo de Nacimiento”. La directiva del DOJ del martes refuerza y amplía ese enfoque, al sumar el aparato de fiscalía federal a la estrategia.
El fallo de la Corte Suprema y qué establece la 14ª Enmienda
La decisión que desencadenó la directiva fue un fallo 6 a 3 de la Corte Suprema —seis jueces a favor y tres en contra— que anuló una orden ejecutiva de Trump. Una orden ejecutiva es una instrucción presidencial con fuerza legal que no requiere aprobación del Congreso.
Trump había firmado esa orden para impedir que los hijos de extranjeros sin residencia legal permanente o ciudadanía estadounidense adquirieran automáticamente la nacionalidad por haber nacido en territorio del país. La Corte la rechazó de forma contundente, según reportó Reuters.
El tribunal reafirmó que la 14ª Enmienda de la Constitución —aprobada en 1868 tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los esclavos liberados— protege a todos los nacidos en suelo estadounidense sin importar el estatus migratorio de sus padres. El fallo establece textualmente, según recogió CBS News, que los hijos de padres “ilegalmente o temporalmente presentes” en el país “son ciudadanos al nacer”.
La única nota discordante la puso el juez conservador Clarence Thomas, quien redactó una extensa disidencia. Para varios expertos, ese texto marca una señal de alerta sobre la solidez futura de esa protección constitucional, incluso tras la victoria judicial del martes.
La reacción de Trump y su llamado al Congreso
Trump calificó el fallo de “una lástima para nuestro país” en su plataforma Truth Social y convocó al Congreso a actuar de inmediato por vía legislativa. “El Congreso debería empezar HOY a trabajar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, costosa e injusta para nuestro país. Tendrán mi apoyo completo y total”, escribió.
El presidente descartó la necesidad de una enmienda constitucional —un proceso largo que requiere dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados— y apostó por una ley ordinaria, una vía que los expertos en derecho constitucional consideran igualmente incierta.
Las voces de expertos: alivio con reservas
La abogada de inmigración de Boston Annelise Araujo celebró el fallo, pero con cautela. “Estoy aliviada con la decisión, pero también precavida de que no fue unánime”, dijo a CBS News. La extensión de la disidencia de Thomas la inquietó: “Es aterrador, porque creo que me dice que nada está fuera de los límites”.
Araujo también subrayó que el fallo tiene consecuencias más amplias que la ciudadanía por nacimiento en sí. Los hijos ciudadanos pueden funcionar como “parientes calificados” que permiten a sus padres —aunque hayan ingresado sin documentación— solicitar la cancelación de una orden de deportación, siempre que lleven al menos diez años en el país.
Carol Rose, directora de la ACLU de Massachusetts —la organización que llevó el caso hasta la Corte Suprema en nombre de demandantes anónimos de New Hampshire— fue más directa: “Este resultó ser el caso que llegó hasta la Corte Suprema, y estamos muy contentos de que así haya sido porque era muy importante”, dijo a WBZ-TV.
La directiva del DOJ, emitida el mismo día del fallo, indica que la administración Trump no interpreta la derrota judicial como el fin de su agenda en materia de ciudadanía por nacimiento, sino como un cambio de frente: del terreno constitucional al penal.
La directiva ordena a los fiscales federales trabajar junto al Departamento de Seguridad Nacional para detectar a quienes ingresen bajo engaños y llevar ante la justicia a quienes viajen con el fin de garantizar la ciudadanía de sus hijos recién nacidos
