EEUU
La Corte Suprema de EE. UU. frena miles de demandas por falta de advertencia en el herbicida Roundup
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que Monsanto, adquirida por Bayer en 2018, no puede ser demandada en tribunales estatales por no incluir en el herbicida Roundup una advertencia sobre el riesgo de cáncer. Esta decisión bloqueará miles de demandas de personas que alegan haber sido afectadas por la falta de aviso sobre posibles consecuencias, informaron Associated Press, CBS News y The Washington Post.
El fallo se apoyó en que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) consideró improbable un vínculo cancerígeno cuando el producto se usa según las instrucciones y no exigió esa advertencia en su etiqueta. La sentencia, redactada por el juez Brett Kavanaugh sostuvo que la ley federal impide a los estados imponer requisitos de etiquetado adicionales o distintos de los autorizados por la agencia.
La resolución llegó después de años de litigios contra Bayer, que ya había apartado USD 16.000 millones para resolver reclamos vinculados con Roundup. Pese al fallo, la empresa mantiene una propuesta de acuerdo colectivo por USD 7.250 millones para cerrar una parte sustancial de los casos pendientes, que será examinada en un tribunal estatal de Misuri.
A su vez, la empresa rechazó que Roundup cause cáncer, pero retiró las versiones con glifosato del mercado residencial de césped y jardinería en Estados Unidos.
El caso de John Durnell quedó en el centro de una disputa nacional sobre glifosato
El expediente que llegó al máximo tribunal fue presentado por John Durnell, un residente de Misuri que afirmó haber desarrollado linfoma no Hodgkin después de más de 20 años de utilizar Roundup en parques de su comunidad de St. Louis. En 2023, un jurado le dio la razón en su reclamo por falta de advertencia y le concedió USD 1,25 millones.
El demandante nunca cobró esa suma porque la causa se apeló. Durnell, de 75 años, dijo que su cáncer está en remisión, pero lamentó el efecto más amplio del fallo: “Hay miles de casos como el mío que ahora no llegarán a los tribunales”.
Según CBS News, la decisión en Monsanto Co. v. Durnell interpretó que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA), aprobado por el Congreso en 1947, obliga al fabricante a usar la etiqueta aprobada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), salvo que el organismo autorizara o exigiera un cambio.
La mayoría estuvo integrada por el presidente del tribunal John Roberts y los jueces Samuel Alito, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Clarence Thomas, además de Brett Kavanaugh. Se opusieron Ketanji Brown Jackson y Neil Gorsuch.
Brown Jackson sostuvo en su voto en contra que Monsanto podía haber añadido una advertencia sin violar la ley federal. Citada por The Washington Post, la jueza escribió: “En definitiva, el efecto de la interpretación de la mayoría es a la vez notable y lamentable, ya que cierra injustificadamente las puertas de los tribunales a los demandantes estatales por daños y perjuicios como Durnell”.
El debate científico y regulatorio sobre el glifosato sigue abierto
El núcleo del conflicto fue si el glifosato, ingrediente clave de Roundup, causa cáncer. La Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas, citada por The Washington Post, estima que el glifosato se usa en cerca de 300 millones de acres de tierras de cultivo en Estados Unidos y que retirarlo obligaría a muchos productores a recurrir a herbicidas más agresivos.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo clasificó en 2015 como “probablemente cancerígeno para los humanos”.
No obstante, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) llegó a la conclusión contraria tras sus propias revisiones. De acuerdo con CBS News, el organismo determinó en 2019 y 2020 que el respaldo más sólido apuntó a considerarlo “poco probable que sea cancerígena para los humanos” y aprobó etiquetas sin advertencia oncológica.
Posteriormente, se han presentado cerca de 200.000 reclamos relacionados con Roundup fueron presentados contra Bayer, en su mayoría por usuarios domésticos y más de 100.000 personas alegaron que el producto les provocó cáncer. Bayer gastó alrededor de USD 11.000 millones en acuerdos extrajudiciales hasta la fecha, pero miles de casos siguen abiertos.
La sentencia no cerró todas las vías judiciales. La agencia de noticias Associated Press señaló que todavía podrían prosperar acciones basadas en defectos de diseño del producto y el propio John Durnell dijo que evalúa iniciar una nueva demanda con otro fundamento.
El fallo le da una victoria legal a Donald Trump y expone tensiones dentro de su coalición
La resolución representó una victoria para la administración de Donald Trump, que apoyó a Monsanto ante la Corte Suprema. A su vez, el Departamento de Justicia argumentó que la EPA evaluó un amplio volumen de pruebas y realizó su propio análisis antes de concluir que el etiquetado de Roundup protegía de manera adecuada la salud de los usuarios.
Por el contrario, el fallo provocó críticas del movimiento “Make America Healthy Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable). Aliados del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. cuestionaron la defensa oficial del glifosato y la orden ejecutiva firmada por el presidente para impulsar la producción de herbicidas basados en esa sustancia.
Kennedy Jr. ha expresado en reiteradas ocasiones que el glifosato causa cáncer, pero también admitió que la orden era necesaria por razones de abastecimiento alimentario y seguridad nacional.
Tras el fallo, la reacción de grupos ambientalistas y abogados de demandantes fue inmediata. El abogado Christopher Seeger, representante de reclamantes en el acuerdo colectivo, afirmó que la decisión “cierra erróneamente la puerta de los tribunales a estadounidenses enfermados por pesticidas”, aunque añadió que el arreglo todavía permitiría compensar a algunas personas.
Jay Feldman, director ejecutivo de Beyond Pesticides, definió la sentencia como “un retroceso trágico para la salud pública y ambiental”. Patti Goldman, abogada principal de Earthjustice, sostuvo que la aprobación de una etiqueta por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no convierte automáticamente al producto en seguro ni debería proteger a empresas que no advierten sobre riesgos de cáncer, daños neurológicos y otros peligros graves.
La sentencia sostiene que la ley federal impide a los estados exigir avisos adicionales en el rótulo a los autorizados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
