Defensa de Héctor Lora acusa al MP de fabricar un expediente y perseguir selectivamente a exdirectivos del Patronato

Santiago.- La defensa del expresidente del Patronato de Lucha Contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta, lanzó este jueves un fuerte ataque contra el Ministerio Público, al asegurar que la Operación Onco-14 responde a una persecución judicial con fines de sacar a un grupo de directivos del Instituto Oncológico Regional, mediante un expediente que calificó de “abusivo, arbitrario y selectivo”.

Al concluir la audiencia de medida de coerción, aplazada para el próximo lunes 29, los abogados Juan Francisco Rodríguez Consoró y Luis Guillermo Gómez afirmaron que el tribunal deberá decidir el caso basándose en las pruebas documentales y no en la narrativa presentada por el órgano acusador.

“La sociedad debe leer el expediente y observar las pruebas, no dejarse llevar por una sola versión”, expresó Rodríguez Consoró, quien sostuvo que el Patronato de Lucha Contra el Cáncer es una institución privada sin fines de lucro, regida por la Ley 122-05, y que fue objeto de una intervención que, según afirmó, violó sus estatutos y su autonomía institucional.

La defensa aseguró que existen demandas civiles que buscan anular la asamblea mediante la cual fue sustituida la anterior directiva y denunció que, mientras esos procesos permanecen pendientes, el Ministerio Público impulsó la Operación Onco-14 para, supuestamente, forzar la salida definitiva de los antiguos directivos del patronato.

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Los abogados también calificaron de “selectiva” la acusación, al sostener que el propio expediente atribuye decisiones financieras a toda la anterior junta directiva, pero únicamente fueron sometidos Lora Cruceta, su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez y otros imputados.

“Si todas las decisiones fueron colegiadas y todos firmaban, ¿por qué solo algunos están sentados en el banquillo?”, cuestionó Rodríguez Consoró, quien además señaló que antiguos miembros de la directiva, hoy vinculados a la actual administración del patronato, no fueron incluidos en el proceso.

Luis Guillermo Gómez afirmó que el Patronato no recibe fondos públicos y reiteró que las actuaciones investigadas fueron aprobadas por un consejo integrado por nueve miembros, por lo que consideró injustificado que el Ministerio Público concentre la persecución penal en un grupo específico.

La defensa concluyó acusando al órgano persecutor de vulnerar derechos fundamentales de los imputados y advirtió que, de prosperar este precedente, cualquier fundación u organización sin fines de lucro podría ser objeto de intervenciones similares por decisiones internas de sus órganos directivos.

La audiencia fue recesada y continuará el próximo lunes, cuando el tribunal conocerá las réplicas de las partes y decidirá sobre la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

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