Política
Francisco Javier ve alarmante tasa feminicidios en RD
El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, calificó como “alarmante” que en República Dominicana ocurran de 2.4 feminicidios por cada 100,000 mujeres, alertando sobre el impacto social que genera la referida problemática, cuya tendencia cada año es hacia el agravamiento.
]]> Mediante un comunicado de prensa, el exlegislador citó entre las principales consecuencias de los feminicidios a la orfandad infantil, los traumas psicológicos, el incremento de la pobreza familiar, los desplazamientos forzosos y graves efectos sociales y económicos.
El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, calificó como “alarmante” que en República Dominicana ocurran de 2.4 feminicidios por cada 100,000 mujeres, alertando sobre el impacto social que genera la referida problemática, cuya tendencia cada año es hacia el agravamiento.
Mediante un comunicado de prensa, el exlegislador citó entre las principales consecuencias de los feminicidios a la orfandad infantil, los traumas psicológicos, el incremento de la pobreza familiar, los desplazamientos forzosos y graves efectos sociales y económicos.
“La violencia feminicida continúa siendo uno de los problemas sociales más graves de República Dominicana. Datos de la Oficina Nacional de Estadística, la Procuraduría General de la República y diversos observatorios especializados muestran que entre 2020 y 2024 el país mantuvo cifras alarmantes de muertes de mujeres en condiciones de violencia, así como miles de denuncias por violencia de género e intrafamiliar”, expresó.
Los datos
García indicó que cifras oficiales registran 2020, 134 casos; 2021, 144; 2022, 163; 2023,137; y en 2024, 130 feminicidios.
Citó el estudio “Radiografía de la violencia feminicida 2016-2024”, basado en datos oficiales de la Procuraduría General de la República, que sostiene que entre 2016 y 2024 se registraron 664,944 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, pero que solo 199,919 órdenes de protección fueron emitidas.
Al explicar el contexto anterior, el estratega político señaló que eso significa que apenas alrededor del 30 % de las denuncias recibió medidas formales de protección judicial.
Dijo que el promedio anual estimado es de 73 mil denuncias y de apenas 22 mil órdenes de protección, “datos que evidencian debilidades institucionales en prevención, seguimiento y protección de víctimas”.
Factores desencadenantes
El aspirante presidencial del PLD refirió que organismos internacionales identifican varios factores que aumentan considerablemente el riesgo de feminicidios en situaciones de violencia doméstica, como la mayor presencia de armas de fuego en el hogar, la cultura machista, el crimen organizado, narcotráfico y la proclividad a violencia de parejas.
La Organización de las Naciones Unidas y especialistas regionales, agregó, han advertido también que la baja judicialización y la lentitud de los sistemas de justicia permiten que muchos agresores reincidan.
Observó que un elemento para tomar en cuenta radica en que las muertes de mujeres de manos de sus parejas ocurren luego de separaciones, amenazas previas, órdenes de alejamiento incumplidas o episodios reiterados de violencia doméstica.
Precisó que la violencia feminicida suele estar relacionada con patrones de dominación masculina, el control posesivo y el rechazo a la autonomía femenina, “razón por la cual organismos internacionales consideran que el hogar continúa siendo el lugar más peligroso para muchas mujeres”.
Favorece recomendaciones
García favoreció las recomendaciones de organismos como la ONU y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) respecto a fortalecer el control de armas, mejoramiento de la protección policial y judicial, ampliación de las casas de acogida, aumentos de los programas educativos, combate efectivo del machismo estructural; así como el mejoramiento de los sistemas estadísticos y de prevención.
Agregó que el tratamiento debe tratarse como un problema de seguridad, derechos humanos, de salud pública y de desarrollo social.
