Política
Tribunal condena abogado y dos personas a prisión por fraude millonario contra empresa Costa Dorada
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenó al abogado Rafael Olegario Helena Regalado y otras dos personas a 6, 4 y 3 de prisión a tres personas halladas culpables de asociación de malhechores y uso de documentos falsos con el objetivo de apoderarse de forma fraudulenta de la empresa Costa Dorada S.A.
]]> El tribunal encontró culpable al grupo de violar los artículos 125, 126, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan los delitos de asociación y uso de documentos falsos, sin embargo, rechazó la calificación de falsificación de documentos.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenó al abogado Rafael Olegario Helena Regalado y otras dos personas a 6, 4 y 3 de prisión a tres personas halladas culpables de asociación de malhechores y uso de documentos falsos con el objetivo de apoderarse de forma fraudulenta de la empresa Costa Dorada S.A.
El tribunal presidido por Clarivel Nivar Arias, e integrado por Clara Castillo y Jisell Soto, condenó al abogado Rafael Olegario Helena Regalado, a 6 años de prisión, Ailec Paloma Soto Garabito, a 4 años de prisión y Judith Francesca Aguasvivas Báez, a 3 años de prisión.
En consecuencia, se ordenó de manera conjunta y solidaria a los tres condenados, así como a la razón social civilmente demandada, Global Multibussines Corporation (GMBC), el pago de una indemnización de 100 millones de pesos por los daños y perjuicios causados a favor y provecho de las empresas Hilari Mayol, S. A. S., Mayol & Co, S. R. L., Okra Company, L. T. D., y Grand Cays Corporation, representada por el Su abogado, Jorge Antonio López Hilario, propietarias verdaderas de Costa Dorada, dueñas de más de 6.3 millones de metros cuadrados en la costa de Baní, al lado del proyecto Puntarena.
El tribunal encontró culpable al grupo de violar los artículos 125, 126, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan los delitos de asociación y uso de documentos falsos, sin embargo, rechazó la calificación de falsificación de documentos.
Durante la lectura, el tribunal ponderó el marco constitucional, citando el artículo 40.1.16, el cual orienta las penas hacia la reinserción social.
Los magistrados lamentaron que las procesadas, siendo mujeres jóvenes, se vieran envueltas en un entramado delictivo que involucró el manejo fraudulento de una suma superior a los 300 millones de pesos.
De igual forma, el tribunal desestimó el argumento de la defensa que minimizaba el valor actual de los terrenos de la empresa, señalando que, aunque la propiedad esté actualmente llena de maleza y árboles sin frutos, sigue perteneciendo a sus legítimos dueños.
En ese sentido, las juezas recordaron el imperio del artículo 51 de la Constitución, el cual blinda la propiedad privada: "La propiedad privada es privada, nadie la puede arrancar. Es un derecho que ningún ciudadano le puede arrebatar a nadie, a menos que sea a través de los cánones legales".
Por otro lado, el tribunal rechazó la solicitud de indemnización interpuesta de manera particular por la entidad Costa Dorada S.R.L.
El tribunal informó que la lectura íntegra de la sentencia ha quedado fijada para el próximo 16 de julio del año en curso a las 9:00 de la mañana.
A partir de esa fecha, se abrirán formalmente los plazos legales para que las partes que no estén de acuerdo con la decisión puedan interponer los recursos de apelación correspondientes.
Antes de emitir su valoración sobre el fondo de la acusación en el caso Costa Dorada, el tribunal consideró de "alta importancia procesal" detallar la accidentada trayectoria que ha tenido este expediente, el cual lleva aproximadamente tres años bajo su conocimiento.
Los jueces denunciaron haber sido objeto de un persistente abuso procesal y de conductas que calificaron como un "irrespeto" hacia la majestad de la justicia.
A pesar de ser un tribunal con una labor sumamente activa, el proceso se extendió a lo largo de 54 audiencias debido a un entramado de incidencias y recursos que, según los magistrados, buscaban dilatar el conocimiento del caso.
El Ministerio Público y la parte querellante sostienen que los imputados se asociaron para falsificar documentos públicos y privados con el objetivo de apoderarse de la estructura societaria de la referida entidad comercial.
De acuerdo con el expediente acusatorio, el núcleo de la disputa gira en torno a la titularidad de la empresa Costa Dorada S.A., cuyo principal activo es un terreno de gran amplitud.
La acusación detalla que la empresa estaba compuesta originalmente por una estructura de 1,000 acciones.
