EE.UU. busca elevar hasta 18.000 dólares las multas contra los migrantes con órdenes de deportación

Los Ángeles .- El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso elevar a 18.000 dólares las multas impuestas contra ciertos inmigrantes que no cumplieron con las órdenes de deportación emitidas contra ellos y que terminan arrestados por las autoridades migratorias.

En concreto, la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pide elevar de 5.130 dólares a 18.000 dólares el cobro establecido el año pasado por la Ley de Reconciliación Presupuestaria a extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, no abandonaron el país y que, posteriormente, los detuvo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El cobro busca reembolsar parcialmente los costos de detener y expulsar a inmigrantes que tienen en su contra esta clase de deportaciones.

Asimismo, la multa hace parte de las medidas de la Administración Trump para impulsar a los indocumentados a autodeportarse.

Las órdenes de deportaciones en ausencia son emitidas contra extranjeros que han sido notificados para presentarse a la corte de inmigración y no se presentan a sus audiencias.

El DHS argumenta que la multa actual es muy baja

En la propuesta publicada en el Registro Federal, el DHS explica que en septiembre pasado el ICE comenzó a cobrar 5.000 dólares por la multa establecida para el año fiscal 2025. Para noviembre pasado, las autoridades migratorias ajustaron la tarifa por inflación a 5.130.

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Pero ahora, ICE argumenta que ha revisado los datos y ha determinado que la tarifa de 5.130 es demasiado baja para compensar suficientemente a esta agencia por el costo de detener a un extranjero a quien se le ha ordenado la expulsión en ausencia.

«Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero», asegura el DHS en la propuesta alegando que se deben tener en cuenta una variedad de gastos indirectos y generales, que incluyen, entre otros, capacitación, vehículos y personal de apoyo.

El DHS ha dado un plazo para comentarios públicos hasta el 22 de junio.

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