Torre Bellorizonte o los riesgos del mercado inmobiliario dominicano

​

“Cuando la justicia se retrasa, deja de ser justicia”. –William Ewart Gladstone

El empuje del mercado inmobiliario dominicano impacta positivamente el empleo, estimula la incorporación de nuevas tecnologías, moviliza capitales y dinamiza la construcción, consolidándose como una de las principales opciones de inversión para dominicanos y extranjeros. Lo inquietante es que, debajo de ese crecimiento sostenido, comienzan a aflorar señales de alerta que el país no debería seguir pasando por alto.

El caso del proyecto Torre Bellorizonte, en Santo Domingo, permite observar con claridad esas amenazas y esos riesgos. Una prestante pareja de empresarios denunció haber entregado US$300,000 en 2017 como parte de un contrato de promesa de venta para un apartamento cuya entrega estaba prevista para enero de 2019. Tras el incumplimiento del plazo y luego de múltiples gestiones, los afectados descubrieron que el inmueble había sido transferido a terceros en febrero de 2020, dentro de un conjunto de operaciones que involucró decenas de unidades del mismo proyecto. La propiedad fue registrada y titulada a favor de otra sociedad.

A partir de ahí, el conflicto dejó de ser una simple controversia patrimonial para convertirse en un complejo expediente judicial. La querella, interpuesta en marzo de 2021, acumula ya exactamente cinco años entre archivos, apelaciones, nulidades y reenvíos, sin que exista todavía una decisión definitiva. El caso fue conocido por distintas instancias, con decisiones contradictorias y diligencias investigativas marcadas por una lentitud exasperante y por una falta de rigor investigativo y jurídico que resulta difícil de justificar en un expediente de esta gravedad.

Este elemento es clave, porque no se trata únicamente de una presunta doble venta o de la posible pérdida de una inversión; también importan la duración del proceso y todo lo que esa dilación encierra. Cuando un expediente de esta naturaleza se arrastra durante años, no solo se acumulan las costas judiciales y los costos legales de la parte afectada, sino que el problema deja de ser individual y pasa a convertirse en un serio asunto de confianza institucional. Sin mencionar que la tardanza judicial produce daño económico, desgaste moral y descrédito público.

Bellorizonte no es un hecho aislado. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026 fueron documentados al menos ocho casos de alto perfil en el mercado inmobiliario dominicano, con pérdidas que superan los US$37 millones y más de 1,250 personas afectadas. Estos datos apuntan a un fenómeno más amplio, en el que confluyen debilidades en la debida diligencia, vacíos en los mecanismos de supervisión y una respuesta institucional que no siempre logra ser oportuna ni consistente.

Persisten limitaciones en la verificación efectiva de la trazabilidad jurídica de los inmuebles, especialmente en proyectos en construcción. La firma de promesas de venta sin garantías suficientes, sumada a la posibilidad de transferencias posteriores, introduce un riesgo que muchos compradores subestiman. También surgen interrogantes sobre los controles en el sistema registral, particularmente cuando se observan operaciones vinculadas a sociedades de reciente constitución o con estructuras poco transparentes.

La prolongación de los procesos, la reiteración de incidentes procesales y las decisiones contradictorias erosionan la percepción de seguridad jurídica. Sin ella ningún mercado puede sostener su credibilidad ni preservar intacta su capacidad de atraer inversión sana y duradera.

Obviamente, el problema no define a todo el sector. Sabemos que existen desarrolladores serios, responsables y cumplidores que sostienen gran parte del dinamismo inmobiliario del país. Pero la existencia de prácticas irregulares y de respuestas institucionales débiles y sospechosas termina afectando a todos, incluso a quienes hacen bien su trabajo.

El riesgo es tanto económico como reputacional y si estas situaciones llegan a percibirse como la norma, el costo final sería encarecer el mercado, retraer inversiones y debilitar uno de los motores más importantes del crecimiento nacional. La solidez del negocio inmobiliario no se mide únicamente por el número de torres que se levantan, sino por la certeza con la que sus contratos se cumplen y sus conflictos se resuelven.