Jueza decidirá este lunes si envía a prisión preventiva a imputados del caso Onco14

Santiago.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde la jueza Stefani Santiago dará a conocer a las 7:00 de la noche su decisión sobre la solicitud de medida de coerción contra los tres principales imputados en el caso Onco14, acusados por el Ministerio Público de integrar una presunta estructura que habría desviado millones de pesos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos de escasos recursos.

La magistrada se reservó el fallo el pasado viernes tras concluir el conocimiento de la solicitud presentada por el órgano acusador, que pide 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el proceso sea declarado complejo, debido a la magnitud de las investigaciones y la cantidad de pruebas incorporadas al expediente.

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Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y esposa de Lora Cruceta; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal acusado.

El Ministerio Público les atribuye asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología por acceso ilícito a sistemas informáticos y códigos de acceso, así como lavado de activos, presuntamente cometidos en perjuicio del Estado dominicano.

Según el expediente, la investigación está sustentada en 155 elementos de prueba, entre ellos 32 testimonios, tres peritajes, 42 pruebas documentales, 14 materiales y 37 procesales, con las que procura demostrar el funcionamiento de la presunta estructura delictiva.

La acusación sostiene que los imputados utilizaron fondos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), destinados a la atención de pacientes con cáncer, para obtener beneficios económicos personales. Además, señala que el control de la facturación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) habría sido transferido a la empresa Vargas Guzmán Accounting Center, propiedad de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, con el supuesto propósito de desviar recursos del Patronato.

El órgano persecutor también afirma que dentro de la institución se creó un departamento para alterar indicaciones médicas y generar facturaciones fraudulentas en perjuicio de SeNaSa y sus afiliados.

De igual manera, el expediente indica que la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida habría sido utilizada para canalizar la importación de equipos, insumos y materiales mediante exoneraciones fiscales otorgadas al Patronato, los cuales presuntamente eran destinados a actividades comerciales particulares. Asimismo, se les atribuye el cobro de comisiones ilícitas a proveedores de la institución.

La investigación agrega que los imputados habrían eliminado registros digitales y provocado el colapso del sistema informático con el propósito de dificultar el rastreo de las operaciones financieras. También les atribuye un intento de sustraer documentación de la oficina de la presidencia del Patronato y la realización de reembolsos presuntamente fraudulentos por viajes, hoteles, restaurantes y gastos de representación sin documentación que justificara dichas erogaciones.

La decisión que adopte la jueza este lunes marcará el rumbo inicial del proceso judicial de uno de los expedientes de presunta corrupción y desfalco institucional de mayor repercusión en Santiago, al involucrar recursos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer.

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