Dictan apertura a juicio contra exsenador Rafael Calderón por presunta vinculación en el caso Calamar

Santo Domingo.– El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el exsenador por la provincia de Azua, Rafael Porfirio Calderón Martínez, al considerar que existen elementos suficientes para que responda ante un tribunal de fondo por su presunta participación en el entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la denominada Operación Calamar.

La decisión fue adoptada por la magistrada Sofía Bruno De Los Santos, quien acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El proceso contra Calderón se ha desarrollado de manera independiente al expediente principal del caso Calamar, luego de que el tribunal dispusiera la separación de su proceso debido a problemas de salud que afectaban al exlegislador.

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Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público y los abogados que representan al Estado dominicano solicitaron el envío a juicio, argumentando que cuentan con un amplio conjunto de pruebas que sustentan las acusaciones formuladas contra el imputado.

Por su parte, la defensa técnica del exsenador, encabezada por el abogado Wilson Beriguete, pidió al tribunal emitir un auto de no ha lugar, alegando que Calderón no cometió los hechos que le atribuye el órgano acusador.

El caso Calamar ha involucrado a varios exfuncionarios de la administración del expresidente Danilo Medina. Mientras algunos imputados, como el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero, fueron enviados a juicio, otros, entre ellos el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, fueron exonerados de responsabilidad penal.

Según el expediente acusatorio, Rafael Calderón habría formado parte de una estructura organizada que operaba para la expropiación irregular de terrenos y la distracción de fondos públicos, con el supuesto objetivo de financiar actividades políticas relacionadas con la campaña electoral del año 2020.

El Ministerio Público sostiene que el exsenador, aprovechando su cercanía con el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, gestionaba la autorización de pagos por concepto de deudas administrativas derivadas de terrenos declarados de utilidad pública. Asimismo, le atribuye haber exigido a propietarios legítimos el pago de comisiones que oscilaban entre un 40 % y un 70 % de los montos desembolsados por el Estado, mediante acuerdos transaccionales que, según la acusación, carecían de sustento legal.

Además, la acusación señala que Calderón habría utilizado una red de presuntos testaferros para ocultar el origen ilícito de los recursos, entre ellos Baldemar Andriw Ovalle Sánchez y las empresas Miqui Trade, S.R.L. e Industria Misaqui, S.A., vinculadas a Omar Manuel Miqui Arias.

Las investigaciones financieras realizadas por el órgano persecutor estiman que el exsenador habría obtenido beneficios ilícitos ascendentes a RD$165,297,166.71 mediante estas operaciones.

Con la decisión del tribunal, Rafael Calderón deberá enfrentar un juicio de fondo en el que se determinará su responsabilidad penal respecto a las acusaciones formuladas por el Ministerio Público.

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