Economía
ProCompetencia plantea umbral de RD$200 millones en reforma a ley de competencia
República Dominicana es el único país de la región que cuenta con una autoridad de competencia que no tiene un régimen de control de concentraciones.
Así lo afirmó la presidente del consejo directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez, durante el Encuentro Industrial “Hacia un nuevo marco legal de defensa de la competencia en la República Dominicana”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
En su participación, la funcionaria explicó que el anteproyecto de reforma a la Ley 42-08 incorpora un régimen general de concentraciones en el país. “El anteproyecto corrige esta brecha histórica, creando reglas claras para el control previo de concentraciones económicas, establecido en el artículo 48 y siguiente del anteproyecto de ley”, detalló.
Umbral
Vásquez señaló que el régimen operará de la siguiente manera: cuando las empresas involucradas hayan generado individual o conjuntamente ingresos superiores a los RD$200 millones en el último ejercicio fiscal.
Asimismo, precisó que ese monto no es estático, sino que el consejo directivo tendrá la capacidad de revisarlo y actualizarlo periódicamente mediante resolución motivada, adecuándolo a la realidad económica de los mercados.
La titular de ProCompetencia subrayó que el umbral de RD$200 millones parte de la clasificación oficial de las empresas según los criterios establecidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
“Una pequeña empresa tiene un máximo de ingresos brutos anuales de RD$77 millones, mientras que una empresa mediana registra ventas brutas anuales que no sobrepasen los RD$288 millones”, enfatizó, al tiempo de añadir que este umbral es aproximadamente la media resultante entre los techos de ventas brutas de ambas categorías.
Según ella, el umbral se diseñó para que el régimen de control capture operaciones que involucren la fusión de una pequeña con una mediana en empresa, o sea, transacciones que por su dimensión podrían tener una incidencia real en las condiciones de competencia del mercado.
Proceso
La funcionaria explicó que el proceso constará de una revisión inicial de 30 días y una segunda etapa de 90 días para casos complejos, tras la cual el consejo directivo podrá autorizar, condicionar o prohibir la concentración.
Resaltó que el anteproyecto resuelve una de las mayores preocupaciones del sector empresarial: la incertidumbre en los plazos. Según Vásquez, si la autoridad no emite una respuesta en el tiempo legal, se aplicará el silencio administrativo positivo, lo que significa que la operación quedará automáticamente autorizada.
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