Indignación en Japón por la ley para evitar la extinción de la familia imperial que confirma la discriminación de las mujeres, vedadas de derechos sucesorios

Enormes críticas al Gobierno de Sanae Takaichi en vísperas de que dé luz verde a la reforma que permitirá la adopción de plebeyos descendientes de antiguos nobles Leer Enormes críticas al Gobierno de Sanae Takaichi en vísperas de que dé luz verde a la reforma que permitirá la adopción de plebeyos descendientes de antiguos nobles Leer   

Como símbolo de la nación, el emperador de Japón no puede expresar opiniones ni lanzar ideas de naturaleza política. Se lleva a tal extremo este principio que, en 2016, Akihito -entonces soberano- tuvo que hacer malabarismos verbales en un histórico discurso a la nación en el que admitió que, por "su declive físico" y problemas de salud -había sido sometido a dos importantes intervenciones quirúrgicas-, se veía "dificultado para llevar a cabo sus altas responsabilidades". Akihito necesitaba dar un paso atrás, pero no podía decir abiertamente que su deseo era abdicar la corona. Y, de hecho, a la clase política nipona le costó bastante tiempo asumir la jubilación del monarca y dar luz verde a una alambicada reforma de la Ley de la Casa Imperial para permitirle, finalmente, abdicar.

Vale este ejemplo para entender que cuando el actual emperador, su hijo primogénito Naruhito, declaró en una conferencia de prensa hace escasas semanas que los esfuerzos en los que están inmersos el Gobierno y el Parlamento para garantizar el futuro de la dinastía reinante más antigua del planeta deben "contar con la comprensión del pueblo", el soberano estaba dando vueltas a esa finísima línea roja de lo que se considera que un emperador puede o no puede expresar. Pero, a buen entendedor pocas palabras bastan. Y no es aventurado suponer que mostraba así su gran preocupación ante el proyecto de enmienda de la Ley de la Casa Imperial que el Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi tiene previsto promulgar definitivamente la semana próxima, a pesar de que, por seguir con las palabras de Naruhito, parece que difícilmente puede digerirlo la ciudadanía.

La escasez de varones en una familia imperial en la que las mujeres están excluidas del orden sucesorio y tampoco pueden transmitir derechos al trono se ha convertido en el mayor problema institucional en un país tan ultramoderno en lo económico y lo tecnológico como conservador en lo social y lo político. Y, después de décadas de debates, la Cámara Baja aprobó el viernes el proyecto del mayoritario partido gobernante que busca garantizar un número suficiente de miembros en activo de la dinastía imperial y también prever una solución ante la hipótesis de que en un futuro ya no hubiera banquillo para sentarse en el trono. Y lo que está a punto de convertirse en Ley es la reforma que permitirá que las princesas imperiales conserven su dignidad real después de casarse con plebeyos -para evitar así que la familia siga jibarizándose de forma alarmante, ya que hasta ahora cualquier princesa deja de serlo al contraer matrimonio– y respaldar que la familia reinante adopte a varones de 15 años o más que desciendan por línea masculina de las 11 antiguas ramas imperiales que perdieron ese estatus con la Constitución de 1947, impuesta por Estados Unidos tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Esos varones, hoy plebeyos, no tendrían derechos al trono, pero sí se los transmitirían a sus futuros hijos, igualmente varones, lo que abriría ya sí mucho las posibilidades de que dentro de algunas generaciones vuelva a haber un número suficiente de principitos correteando por los bellísimos palacios de Tokio con posibilidades de reinar, como viene haciendo de forma ininterrumpida la dinastía Yamato desde hace unos 2.600 años -los primeros emperadores, eso sí, se consideran de carácter legendario-.

Todo parece antihistórico. Y basta ver lo que se está diciendo en los medios de Japón para darse cuenta de lo alejada que está su élite política del sentir general hacia la primera de sus instituciones. Porque, detrás de una reforma de la Ley de la Casa Imperial que se antoja tan incomprensible como kafkiana -como si fuera tan fácil que mozalbetes nacidos como plebeyos en pleno siglo XXI, por mucho que desciendan de antiguos emperadores, puedan ser capaces de pronto de encajar en el encorsetado protocolo de una de las Monarquías con ritos más estrictos del orbe-, está lisa y llanamente la cerrazón de los partidos políticos conservadores a abolir la léy sálica y permitir que las mujeres puedan acceder al trono. Todo a pesar de que el 70% de los japoneses, según las últimas encuestas, lo desean.

Este sábado, y ante la cuenta atrás para que el Gobierno dé luz verde a la ley, uno de los periódicos de mayor tirada del país, el Asahi Shimbun, no puede ser más claro en su editorial, que titula: "Hay que detener el proyecto de ley que pretende modificar la Ley de la Casa Imperial". "La Administración de la primera ministra Sanae Takaichi está avanzando imprudentemente con una revisión de la Ley de la Casa Imperial incluso sin el consenso del poder legislativo ni de la ciudadanía", se lee en el duro texto. "Se trata de un acto indignante mediante el cual el Gobierno está destruyendo el mismo 'ambiente de calma' que decía ser necesario. Si el proyecto de ley se aprueba tal como está, dejará una mancha negra en la historia, además de causar problemas en el futuro. El Gobierno debe revocar la medida y comenzar de nuevo las deliberaciones desde el principio", exige el editorial.

La palabra "indignación" destaca en muchos otros análisis de la prensa japonesa. La principal crítica se centra en que los cambios consolidan "la discriminación de las mujeres" en la Casa Imperial. Ya no sólo porque Takaichi y los suyos -como el grueso de los legisladores desde principios de siglo- se niegan en redondo a considerar que una fémina pueda ocupar el trono. Sino porque la medida desesperada de permitir que las princesas sigan dentro de la familia real tras casarse también está rodeada de incongruencias, ya que ni sus esposos ni sus descendientes tendrían otro estatus que el de plebeyos al margen de la institución. Eso, sostienen los críticos, generará muchos problemas. Y se está poniendo el acento en la hipocresía y la incongruencia por parte de expertos, activistas y ciudadanos en general con los partidos mayoritarios de la Dieta -Parlamento-, ya que se niegan en redondo a reformar la ley por la cual hoy culquier pareja de japoneses que se casa ha de adoptar un apellido común -lo que se justifica en nombre de la "unidad familiar"-, y con la enmienda de la Casa Imperial se dará la situación de que las princesas que contraigan matrimonio no tendrán apellido, mientras que sus esposos e hijos sí disfrutarán del suyo.

No son pocos los críticos con lo que está sucediendo que temen que la discriminación de género en la Monarquía acabe socavando su popularidad y el afecto hacia la institución por parte de las generaciones más jóvenes.

Los actuales emperadores, Naruhito y Masako, sólo tienen una hija, la princesa Aiko. Estuvo a punto de hacer historia como posible futura emperatriz, ya que, cuando nació, ante la escasez de varones en la dinastía, se inició el debate parlamentario para abolir la ley sálica. Sin embargo, en 2006, el hermano del actual emperador, el príncipe heredero Akishino, tuvo un hijo, el príncipe Hisahito. Y es este joven quien está llamado a ser en el futuro el monarca del trono del crisantemo. Su nacimiento abortó aquel incipiente proceso en marcha para permitir que las mujeres pudieran reinar.

Hoy la princesa Aiko no tendría asegurado ni su futuro en la dinastía. Aunque si se acaba aprobando la mencionada reforma de la Ley de la Casa Imperial sí podrá mantener al menos su estatus aunque se case y seguirá pudiendo representar a la Corona. Lo contrario que le ha pasado a otras princesas, como su prima Mako, quien, tras pasar por el altar en 2021, se convirtió en una plebeya anónima, expulsada de la familia imperial -a la que ya apenas puede ver- y que reside desde entonces como una ciudadana cualquiera en Nueva York. Cabe imaginarse lo duro que tiene que ser pasar de un día para otro de tener una vida regida cada segundo por las férreas normas cortesanas a tener que aprender cómo se usa un abono transporte o se pone una lavadora.

El panel de derechos humanos de la ONU instó en 2024 a Japón a revisar sus leyes para acabar con la discriminación por razón de genero en la sucesión al trono. Aquello sentó fatal en Tokio, que tachó de "extremadamente lamentable" lo que consideró una intromisión ilegítima de Naciones Unidas al sistema medular sobre el que se sostiene todo el entramado institucional del archipiélago asiático. Con todo, se ve que si de verdad dejarán hablar a los japoneses, muchos están más de acuerdo con lo que dijo la ONU que con sus propios gobernantes.

La cerrazón de la clase dirigente se entiende menos cuando, no se olvide, la férrea ley sálica es producto de las normas promulgadas durante la Era Meiji (1868-1912), ya que antes Japón sí había tenido hasta una decena de emperatrices.