EEUU
Jueces rechazan restituir el nombre de Trump al Kennedy Center en medio de una disputa legal
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia rechazó la petición de restitución temporal del nombre de Donald Trump en la fachada del Centro Kennedy y mantuvo vigente la orden judicial que obligó a retirarlo, informaron Associated Press, Reuters, ABC News y The New York Times.
Los magistrados argumentaron que los solicitantes no demostraron un “perjuicio irreparable” de mantenerlo fuera de la fachada durante la apelación. Sin embargo, la decisión no resolvió el fondo del litigio. Por ese motivo, la administración de Trump puede seguir con sus apelaciones, indicó Reuters.
El nombre de Trump fue retirado en junio de la fachada blanca de mármol del complejo. Desde entonces, el lugar donde estaban las letras permanece cubierto por andamios y lonas, reportó Associated Press.
La corte rechazó los argumentos sobre daño financiero
De acuerdo con The New York Times, los jueces descartaron la postura de la junta del Centro Kennedy, que sostenía que diversos donantes estaban dispuestos a otorgar millones de dólares únicamente si el edificio llevaba el apellido Trump. El panel concluyó que no “lograron respaldar esta afirmación con ningún hecho o evidencia específica”.
Asimismo, indicaron que el nombre ya ha sido retirado y los responsables del centro “no han logrado demostrar cómo sufrirán un daño irreparable en ausencia de una suspensión”.
También determinaron que la administración no pudo asegurar que una organización denominada Fundación del Centro Trump Kennedy para las Artes Escénicas debiera reembolsar los fondos recibidos si el nombre del expresidente no se restituía en la fachada del edificio, señaló Reuters.
Cómo se originó la disputa por el nombre
El litigio comenzó después de que una junta afín a Trump aprobara en diciembre rebautizar el edificio como El Centro Donald J. Trump y el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. La representante demócrata Joyce Beatty, integrante de la junta del centro, presentó una demanda en contra de este cambio, detalló The New York Times.
En mayo, el juez federal Christopher Cooper resolvió que ese cambio era ilegal, dado que solo el Congreso puede cambiar el nombre de una institución dedicada como memorial vivo a John F. Kennedy.
Cooper no solo anuló el cambio de nombre. A su vez, bloqueó de manera temporal el plan para cerrar el centro a partir del 4 de julio por dos años con el fin de ejecutar una remodelación de USD 257 millones, al considerar que la junta había sido negligente al no evaluar el impacto sobre la programación. El juez, de todos modos, no descartó un cierre futuro si se realizaba una revisión más completa.
En presentaciones judiciales del mes pasado, los abogados del centro señalaron que la dirección prevé someter a la junta distintas opciones: mantener el cierre total previsto o avanzar con un esquema parcial.
La fachada se encuentra cubierta por lonas
El letrero quedó cubierto desde la madrugada del 13 de junio, cuando los trabajadores colocaron una lona en el sector de la señalización exterior. La remoción de las letras con el nombre de Trump se realizó después, horas más tarde del plazo original fijado por el tribunal, reportó NPR.
Según Associated Press, la gran lona todavía cubre el lugar donde estaba el nombre de Trump. El centro sostiene que esa estructura responde a necesidades de mantenimiento del edificio.
El juez federal Christopher Cooper ordenó a la administración de Donald Trump que, antes del 31 de julio, explicara por qué decidió cubrir con una lona la fachada del Kennedy Center. Según el planteo, ese recubrimiento impide que el público vea el nombre del fallecido presidente John F. Kennedy.
Así, la orden del juez, citada por Reuters, exige un informe sobre “el propósito y el estado de la lona y el andamiaje” instalados en la parte frontal del centro. Además, el tribunal solicitó una actualización sobre construcción, programación y acceso público, precisó NPR.
Un tribunal de apelaciones sostuvo que la junta del establecimiento no demostró “perjuicio irreparable” y que tampoco aportó hechos ni pruebas concretas sobre eventuales efectos negativos en su recaudación de fondos
