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Jueza envía a prisión por 18 meses a Héctor Lora Cruceta y su esposa por presunto saqueo millonario de fondos destinados a pacientes con cáncer
Santiago.- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Stephanie Santiago Reyes, impuso 18 meses de prisión preventiva y declaró complejo el proceso penal contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, y Luisa Vasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD–Casa de Acogida, acusados de encabezar una presunta estructura criminal que habría desviado millones de pesos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer en el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Con su decisión, la magistrada ordenó el ingreso de Lora Cruceta al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres y de Guzmán al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, ambos en Santiago, al considerar la gravedad de los hechos atribuidos por el Ministerio Público.
De acuerdo con la investigación, los imputados habrían operado un sofisticado esquema de fraude clínico, farmacéutico y financiero que incluía la alteración de indicaciones médicas, el uso de sellos falsificados, la doble facturación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y la entrega incompleta de medicamentos a pacientes con cáncer, con el propósito de obtener beneficios económicos ilícitos.
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El expediente también establece que la presunta red comercializaba medicamentos donados, utilizaba de manera irregular exoneraciones fiscales para importaciones, traficaba sustancias controladas, empleaba instalaciones médicas para realizar cirugías estéticas, gestionaba reembolsos fraudulentos por viajes y hospedajes, además de ejecutar acciones de sabotaje digital, sustraer archivos institucionales y realizar operaciones de lavado de activos para ocultar el origen del dinero.

El Ministerio Público sostiene que los acusados incurrieron en asociación de malhechores, estafa agravada contra el Estado dominicano, soborno, delitos de alta tecnología por acceso ilícito a sistemas informáticos y códigos de acceso, además de lavado de activos, imputaciones que sustentan la solicitud de prisión preventiva.
La declaratoria de caso complejo permitirá a la Procuraduría ampliar el plazo de investigación para profundizar las pesquisas sobre la presunta red que, según la acusación, convirtió recursos destinados a salvar vidas de pacientes oncológicos en un esquema de enriquecimiento ilícito.
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