RD registra en promedio 50 denuncias semanales de abuso sexual infantil

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Treinta años después, María aún recuerda el trauma que marcó su niñez. “Yo sufrí abuso sexual entre los dos y tres años, y se extendió hasta los 12, por parte del hermano de mi mamá. Mis papás viajaban y nos dejaban a nosotros bajo el cuidado de mis abuelos maternos”, relata. Su historia no es aislada; refleja un patrón en el que el 75% de los agresores pertenecen al entorno familiar (primos, tíos o padres), el 20% son conocidos (vecinos, amigos, maestros) y apenas un 5% corresponde a desconocidos, según la Fundación PAS.

A nivel mundial, se estima que alrededor de 90 millones de niños vivos hoy en día han sufrido episodios de violencia sexual, mientras que cada año esta violencia cobra la vida de un promedio de 130,000 niños, niñas y adolescentes (NNA), según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Es una realidad de la que no escapan miles de hogares dominicanos, de los cuales el 63% experimenta disciplina violenta.

Desde casos mediáticos como el del comunicador Pablo Ross, sentenciado a 10 años por incesto contra su hijastra menor de edad, y el del docente José Antonio Grullón, en Santiago, condenado en 2025 por abuso sexual contra ocho estudiantes de entre 14 y 17 años, hasta la más reciente denuncia contra un regidor de Nigua, San Cristóbal, acusado de ultrajar a su nieta de 11 años desde que tenía siete, evidencian que el agresor sexual puede ser cualquier persona, sin importar nivel sociocultural, profesión o poder adquisitivo.

Conforme a estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR), solicitadas por elDinero a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), desde 2019 hasta mayo de 2025 se registraron 16,614 casos de abuso sexual contra menores de edad. Esta cifra revela una cruda realidad: cada semana se reciben al menos 50 denuncias de este tipo, lo que equivale a una cada tres horas y media.

Solo en 2024 se denunciaron 8,875 casos de abusos contra NNA. De ese total, el 34.5% fueron abusos sexuales, con 3,066 denuncias. En 2025, Unicef en República Dominicana reveló que el 52.2% de los adolescentes entre 15 y 17 años reportó haber sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida.

Sin embargo, expertos advierten de un subregistro crítico, conocido como “cifra negra”, que incluye los casos no denunciados ante la justicia. Tal es el caso de Elena (identidad protegida a solicitud de la fuente), quien hoy es una mujer adulta.

Elena, oriunda del municipio Galván (Bahoruco), vivió una infancia marcada por el abandono y la explotación. A los ocho años ya era el “burrito de carga” en casa de un hermano, realizando tareas domésticas y ventas en el mercado. A los 12 años, su desprotección se agravó al ser enviada a la capital para trabajar como cuidadora bajo un régimen de servidumbre disfrazado de “acogida”.

El momento más traumático ocurrió a los 14 años, cuando fue víctima de abuso sexual por parte de su cuñado. Ante la falta de educación y el miedo, Elena guardó silencio: “Yo opté por callar porque pensé en mi hermana, en el bebé que llevaba en su vientre.

No quería que ella sufriera. Preferí sufrir yo”, explica, y añade: “Él (su agresor) me amenazaba y, como toda amenaza, uno cede; a esa edad, además, sola, no tenía para dónde ir”.

Elena reflexiona sobre la vulnerabilidad de aquella época: “En ese momento no entendía… antes a uno no le hablaban de esas cosas. A uno no le hablaban de cuidarse”. Ese trauma afectó profundamente su autoestima: “Esa parte terminó ahí, pero seguí con eso por dentro. Sentí que me quitó mi valor como mujer, porque el tema de la virginidad era complicado; además, me sentía culpable por no haber hablado”.

Sin embargo, hoy, a sus 52 años, entiende que en ese momento dio señales de lo ocurrido, pero todas las partes involucradas prefirieron no verlas.

Cuenta que esta carga emocional la llevó al alcoholismo y a un matrimonio temprano a los 17 años, tras dos meses de conocer a su pareja, donde enfrentó nuevos ciclos de violencia verbal, física y económica. Sin apoyo psicológico inicial, Elena logró salir adelante junto a sus seis hijos, apoyada en su fe en Dios.

Para Carlos Carrera Cordón, representante de Unicef en el país, “muchos casos de abuso sexual contra menores de edad no se denuncian debido al miedo, la estigmatización o porque el agresor forma parte del entorno cercano”, siendo esta una de las formas más graves y preocupantes de vulneración de derechos.

“Si bien el país ha avanzado en el fortalecimiento del marco normativo y en la visibilización del problema, los datos evidencian que seguimos enfrentando una realidad alarmante”, señala Carrera a elDinero. En 2019, el país registró 2,117 casos de abuso sexual contra menores que, al compararse con las denuncias de 2024, representan un aumento del 41.9% (889 casos adicionales) en los últimos cinco años.

Al respecto, Denis Guerrero, fiscal de La Altagracia, reconoce que el abuso sexual contra menores de edad en el país es un problema cotidiano, marcado por el subregistro de casos, la cercanía del agresor y nuevas modalidades como el delito cibernético.

“Nosotros sí sabemos que es el pan de cada día el abuso sexual infantil; eso ocurre todos los días”, afirma. Explica que las estadísticas son difíciles de precisar debido al alto nivel de subregistro: “Sabemos de lo que se denuncia y también de la gran cantidad de abusos que no son denunciados”, indica a elDinero.

Guerrero identifica como principal causa la confianza mal depositada en personas cercanas: “Ese delito, en la mayoría de los casos, es un delito de cercanía”. Los agresores suelen ser familiares o allegados (tíos, padrastros e incluso padres), lo que dificulta la denuncia. “Muchas veces estos delitos no se denuncian por miedo o por vínculos afectivos con el agresor”, agrega.

En tanto, Carolina Bucher, directora de Fundación Abriendo Camino, advierte a elDinero que, sin un sistema unificado de información (registro) para dimensionar la magnitud real, identificar patrones y evaluar políticas, o realizar campañas públicas sostenidas para romper el tabú, promover la denuncia segura y una cultura de cuidado, se seguirá actuando de manera reactiva.

“No todos los casos de abuso sexual infantil son denunciados en el país porque el silencio, en contextos de pobreza y vulnerabilidad, muchas veces se percibe como una estrategia de supervivencia familiar”, especifica Bucher. En el caso de niñas inmigrantes en situación irregular, sostiene que la vulnerabilidad se multiplica: no solo hay miedo al agresor, sino también a las consecuencias del sistema.

“Cuando el agresor es el principal proveedor del hogar, la denuncia se ve obstaculizada por la precariedad económica, ya que más del 50% de las familias afectadas percibe ingresos inferiores a los RD$18,000 mensuales”, explica. A esto se suman obstáculos como el costo del transporte a las fiscalías, la pérdida de días laborales y el miedo a represalias.

Desafíos del sistema de protección

De acuerdo con datos suministrados a elDinero, el Consejo Nacional para la Niñez (Conani) ha albergado a 920 menores víctimas de abuso sexual entre 2019 y 2025. De ese total, el 62.5% (575 NNA) fueron acogidos en hogares de paso y el restante 38.3% (353) fue atendido por asociaciones sin fines de lucro (ASFL).

Actualmente, la entidad mantiene bajo protección a 1,800 NNA, recibiendo diariamente entre ocho y 10 casos nuevos de ingreso por situaciones de negligencia, abuso o maltrato, aseguró Felin Jhoel Hernández del Rosario, encargado de la División de Protección del Conani.

Detalla que los casos que ingresan al sistema de protección usualmente son remitidos por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. “Una vez están dentro de nuestro sistema, se aplica el protocolo de seguimiento y acompañamiento”, enfatizó Hernández.

En los últimos siete años, Conani registró un total de 4,954 casos vinculados a diferentes tipos de violencia sexual contra menores de edad. Al desglosar por tipo de violencia, se observa que el 66.4% corresponde a abuso sexual, con 3,291 casos; el 7.9% (395), a acoso sexual; el 10.4% (516), a embarazos en adolescentes; el 3.8 % (191), a explotación sexual; el 5.7% (285), a incesto, y el 5.5% (276), a tráfico.

Estas cifras, asegura Conani a elDinero, reflejan que el abuso sexual constituye la categoría con mayor número de reportes durante el período analizado, seguido por los casos de embarazo en la adolescencia y acoso sexual, lo que evidencia la magnitud y diversidad de las formas de violencia sexual que afectan a la niñez y adolescencia en el país.

Factores de vulnerabilidad

La directora de Abriendo Camino recalca que el miedo, la dependencia económica y la desconfianza institucional generan un grave subregistro de denuncias por abuso infantil. Advierte que el silencio persistirá mientras la supervivencia económica dependa del agresor, por lo que urge que la protección de la niñez sea una responsabilidad estatal y colectiva, y no solo un esfuerzo individual.

Entretanto, la socióloga Tahira Vargas profundiza en que el silencio es producto de una cultura que no reconoce a los menores como sujetos de derechos y que, activamente, protege al agresor mediante la culpabilización de la víctima, la invisibilización de derechos y la falta de políticas preventivas.

“Existe una carencia generalizada de conciencia sobre los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, tanto en el ámbito educativo como en el social. El abuso se ha normalizado al punto de que se señala a las víctimas como ‘provocadoras’ o culpables, lo que, a su juicio, legitima al agresor y facilita la repetición de estas conductas”, recalca Vargas a elDinero.

Desde la psicología forense, María Grullón explica que el silencio nace de la falta de figuras protectoras y del temor al impacto devastador que una denuncia puede tener en la estabilidad familiar. Indica que factores como la negligencia, los conflictos parentales, la ausencia de supervisión y las presiones económicas inciden en esta problemática.

“Muchas familias tienen miedo a denunciar, a acudir a las fiscalías o a las unidades de atención, por la repercusión que el hecho de denunciar este tipo de delitos tendrá sobre sus vidas, su economía, la estigmatización social y el impacto a largo, mediano o corto plazo que esto tendrá en la vida de esa familia”, explica la psicóloga clínica forense Grullón.

Las expertas coinciden en que el silencio que muchas veces rodea el abuso sexual infantil no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una confluencia de fallas estructurales, psicológicas y culturales, sostenida en tres pilares: la desconfianza estatal y judicial, el miedo a la revictimización y la dependencia económica, junto con la pobreza como mordaza.

Nuevas modalidades

En cuanto a las nuevas modalidades, el fiscal Guerrero destaca el auge del delito cibernético. “El ‘grooming’ es cuando un adulto entra en contacto con un menor a través de redes sociales, gana su confianza y luego propicia el abuso”. Insiste en la responsabilidad de los adultos: “Un niño debe tener control en el uso de redes sociales y dispositivos; por los teléfonos se están dando muchas situaciones”.

Este mes, el Ministerio de la Presidencia (Minpre), junto al Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Conani, presentaron el primer borrador del anteproyecto de reforma de la Ley 136-03, la cual enfrenta brechas en su aplicación. El objetivo es actualizarla a las realidades actuales y colocar el interés superior del niño como eje central.

Cicatrices invisibles

Para la psicóloga clínica forense Grullón, el abuso sexual en NNA impacta de manera importante su desarrollo psicoemocional, social y afectivo, viéndose muy afectado a corto, mediano y largo plazo.

“El abuso sexual afecta de manera importante la ansiedad, en la que se expresa un miedo constante, y pueden presentarse cuadros importantes de depresión, tristeza persistente e incluso experimentarse de manera constante, quedando a largo plazo la culpa, la vergüenza o la idea de que se hizo algo para que esa acción ocurriera”.

Entre otros efectos, cita la baja autoestima, la baja regulación emocional y la tendencia a desarrollar trastorno de estrés postraumático, ya que esto está vinculado con la presencia de recuerdos intrusivos, así como pesadillas e hipervigilancia, entendida como la necesidad de reforzar la seguridad o la sensación de que se está siendo perseguido o de inseguridad. Esto, a su vez, lleva a la evitación, que da paso al retraimiento; es decir, a no querer salir, no querer estar con otras personas o limitarse a ciertas actividades.

“Es como un círculo: se acrecienta la ansiedad, se intensifican los síntomas de tristeza, se ve mucho más afectada la autoestima y esto, evidentemente, incrementa la sintomatología y afecta el rendimiento académico y social, como el aislamiento social y la dificultad para relacionarse con otras personas, así como cambios importantes en la conducta”.

Penalización

Sobre el marco legal, el abogado penalista Valentín Medrano destacó que la nueva Ley 74-25 del Código Penal establece un marco de severidad extrema contra los delitos sexuales que afectan a la infancia y adolescencia en el país. Bajo el actual Código Penal, la condición de minoridad de la víctima se convierte en el principal agravante, elevando las condenas hasta los 30 años de prisión.

Según explicó Medrano, mientras que las agresiones sexuales comunes tienen una pena base de 5 a 10 años, el artículo 134 la incrementa drásticamente cuando la víctima es un niño, niña, adolescente o persona vulnerable. Lo mismo ocurre con el incesto, que bajo la nueva normativa garantiza la misma sanción máxima de 30 años.

Asimismo, el fiscal Guerrero explicó que el nuevo Código Penal definirá con mayor precisión figuras como el incesto, la violencia de género y el abuso sexual. “Las penas se mantienen entre 20 y 30 años y siempre será un delito agravado cuando se trate de menores o personas vulnerables”, precisó.

En relación con la duración de los procesos judiciales, Guerrero indicó que estos casos requieren investigaciones profundas. “Hay que realizar peritajes médicos y forenses para determinar si hubo abuso”. Asimismo, resaltó la importancia del sistema de entrevistas a menores en cámaras Gesell, que evita la revictimización: “La declaración queda grabada para ser reproducida en el juicio”.

De los más de 16,000 casos denunciados en los últimos siete años, solo 4,443 de menores de edad han sido asistidos con cámaras Gesell, equivalente al 26.7 % del total de denuncias de abuso sexual infantil.

Guerrero reconoce que los aplazamientos y el desistimiento de familiares pueden retrasar los procesos. Aun así, asegura que más del 90% de los casos llegan a juicio y terminan en condena.

De su lado, Manuel Meccariello, director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables, sostiene que la implementación de un registro de agresores sexuales en el país es una medida urgente y necesaria. Según el experto, esta herramienta facilitaría al Estado la identificación de patrones de reincidencia y mejoraría el monitoreo en espacios críticos donde conviven menores de edad, como centros educativos y recreativos.

El especialista subraya que, para ser efectiva, esta iniciativa debe integrarse en una estrategia de protección mucho más amplia que incluya educación preventiva, atención psicológica y un sistema de justicia robusto. Meccariello destaca que la medida no debe funcionar de manera aislada, sino como un mecanismo de alerta temprana que ayude a mitigar los riesgos en las comunidades más expuestas.

En cuanto a su ejecución, Meccariello advierte sobre la importancia de manejar este registro bajo estrictos controles legales para evitar la estigmatización indebida. Al respecto, enfatiza que la prioridad debe ser el bienestar de los más vulnerables, señalando que “la creación de un registro de agresores sexuales en la República Dominicana no solo es necesaria, sino urgente, especialmente cuando hablamos de la protección de la niñez”.

elDinero analizó al menos 64 sentencias de abuso sexual infantil entre 2019 y 2021 publicada en el portal digital de la Procuraduría General de la República y varios medios de comunicación, de las cuales el 48.4% correspondió a incesto; el 21.9%, a vecinos; el 18.8%, a desconocidos, y el 9.4%, a conocidos o allegados.

Las penas iban de 10 a 30 años de prisión, además del pago desde RD$100,000 hasta RD$4 millones. El 92.1% correspondió a niñas, aunque los varones también fueron afectados. El periódico solicitó al Poder Judicial la cantidad de sentencias de estos casos vía el SAIP, pero, al momento de esta publicación, no obtuvo respuesta.

Acción colectiva

Los expertos consultados coinciden en que esta epidemia silenciosa requiere un cambio cultural profundo. “Proteger la niñez no puede depender del coraje aislado de una madre: debe ser una responsabilidad colectiva y estructural del Estado y de toda la sociedad”, enfatiza Bucher.

Para garantizar una protección efectiva, la ejecutiva de Abriendo Camino indica que la violencia sexual infantil debe abordarse como una prioridad de seguridad humana y de política pública. “No es un problema doméstico ni circunstancial, sino una amenaza estructural que impacta la salud, la educación, la estabilidad emocional y las oportunidades de desarrollo”, aclara.

De su lado, el representante de Unicef en República Dominicana propone una estrategia sistémica centrada en el fortalecimiento de instituciones como el Conani mediante recursos y presencia territorial, la garantía de una justicia especializada que evite la revictimización y la inversión en prevención a través de educación integral y crianza positiva.

Señalan que, si bien el marco legal dominicano contempla penas severas de hasta 30 años de prisión, la respuesta del Estado sigue siendo reactiva.

Urgen la implementación de una estrategia sistémica que incluya educación sexual integral desde la primera infancia para el reconocimiento de límites; rutas de denuncia seguras que eviten la revictimización de los menores, y el fortalecimiento institucional de Conani y de la justicia especializada.

En el ámbito familiar, de acuerdo con la psicóloga Grullón, es clave fortalecer los vínculos afectivos y crear espacios de confianza donde los padres escuchen más y juzguen menos, promoviendo un entorno seguro que reduzca la vulnerabilidad y facilite que los niños hablen sin miedo.

Elena exhorta a los padres a mantener la guardia alta y aprender a identificar las señales de alerta, recordando que, en muchos casos, “en la confianza está el peligro”.

Con el peso de su propia historia, lamenta el silencio del pasado, convencida de que la denuncia es la única herramienta para frenar a los agresores y evitar que otros niños atraviesen el mismo trauma.

¿Qué busca el agresor?

“En nuestra experiencia, la mayoría pertenece al entorno cercano de la víctima: familiares, padrastros, vecinos, ‘amigos’ de la familia, líderes comunitarios o religiosos, compañeros mayores, entre otros. La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA) es, en gran parte, un delito intrafamiliar o de proximidad”, expone Carolina Bucher, directora de Fundación Abriendo Camino, en entrevista a elDinero.

Cita que, en su diagnóstico socioeconómico 2024–2025, se confirma que casi el 45% de los hogares acompañados está encabezado por madres solteras y que más del 50% de los hogares gasta más de lo que ingresa.

Entre los contextos frecuentes donde se selecciona a la víctima, Bucher señala: la cercanía y el acceso (el agresor suele ser alguien del entorno inmediato); las rutinas sin acompañamiento (trayectos a la escuela, mandados, “cuidadores” improvisados, casas donde los niños pasan horas solos); el hacinamiento y la falta de privacidad (viviendas pequeñas y compartidas, patios comunes o callejones donde los límites y espacios seguros se diluyen).

Alerta en Internet

El Conani advierte que los agresores suelen ocultar el abuso mediante engaños o amenazas, por lo que es vital vigilar señales como cambios de humor, aislamiento, conductas sexualizadas o lesiones físicas, y denunciar al *211. Según la psicóloga clínica María Grullón, las secuelas son devastadoras e incluyen depresión, baja autoestima y riesgo de conductas autodestructivas, por lo que se requiere atención especializada inmediata.

Grullón considera que la educación sexual debe ser un componente fundamental en el proceso de formación de individuos desde el inicio de su escolaridad. La inversión pública dominicana en NNA representó el 55.8% del gasto público social total en 2021, según un estudio elaborado por Unicef, Conani u otras entidades presentado en 2023.

No obstante, las organizaciones consultadas ven necesario aumentar la inversión a la niñez en la persecución del delito y proveer a los padres, tutores y docentes de herramientas para acompañar a los sus hijos en el uso del Internet. Entre las señales de alerta destacan: cambios de humor o aislamiento. Cuando hay abuso físico pudieran presentarse moretones, arañazos, dolor en las partes genitales o en otras partes.

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