Política
Hugo Beras y Jochi Gómez enfrentan una demanda de RD$12,000 millones por caso Intrant
El defensor del Estado en el caso judicial que supuestamente afectó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), José Alberto Ortiz, valoró de manera positiva que los imputados fuesen enviados a juicio de fondo.
]]> Dentro de los principales acusados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Intrant; y el empresario José Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S., empresa judicializada en el caso.
El defensor del Estado en el caso judicial que supuestamente afectó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), José Alberto Ortiz, valoró de manera positiva que los imputados fuesen enviados a juicio de fondo.
El abogado Alberto Ortiz recordó que con la decisión adoptada este viernes por la jueza Yanibet Rivas, los imputados deberán enfrentar una demanda civil situada en RD$12,000 millones.
Dentro de los principales acusados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Intrant; y el empresario José Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S., empresa judicializada en el caso.
“Estamos satisfechos; el Estado va con todo para el juicio de fondo a procurar una indemnización de 12,000 millones de pesos contra todos los imputados”, dijo al concluir la audiencia.
Alberto Ortiz expresó que el dinero previsto a recuperar del supuesto entramado de corrupción regresará a las manos de los ciudadanos convertido en mejoras de los servicios gubernamentales.
“Una indemnización que nosotros aspiramos, como se ha hecho en este gobierno, que retorne al pueblo dominicano en políticas públicas, obras públicas y en servicios públicos de calidad”, indicó.
El integrante del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, conformado en 2021 por el presidente Luis Abinader, aclaró que tienen la voluntad de “recuperar hasta el último centavo robado a los fines de que la cultura de corrupción e impunidad sea enterrada para siempre”.
La apertura de este se produjo en fecha de 2024 luego de que el Ministerio Público depositara una acusación por haber detectado supuestas irregularidades en un contrato otorgado por el Intrant a la empresa Transcore Latam.
Según alega el órgano persecutor, la adjudicación, que tiene un valor superior a RD$1,300 millones, fue desarrollada con la elaboración previa de Beras y Gómez Canaán, sin ser depurada por el comité de compras.
“No hubo terrorismo”
La magistrada Rivas declaró inadmisible la tipificación penal que atribuyó el Ministerio Público para los imputados antes mencionados por haber cometido un supuesto sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo durante la última semana de agosto de 2024.
“(No existe) ningún elemento que dicha conducta estuviese dirigida a provocar muertes, lesiones físicas o psicológicas a personas, ni tampoco a generar estragos materiales en infraestructuras estratégicas”, dijo la titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
El abogado de Jochy Gómez, Juan Hirohito Reyes, valoró de manera positiva la decisión de la magistrada Rivas, ya que, según dijo, “es evidente que no hay ningún acto de terrorismo, así como tampoco se tipifican las demás imputaciones de manera sustancial”.
Mientras que la defensa de Beras, dirigida por la abogada Laura Acosta, asegura que “no tienen nada que ver con eso realmente”.
¿Quiénes son los demás imputados?
Dentro de la lista de los ciudadanos que pasarán a juicio de fondo se encuentran Pedro Vinicio Padovani Báez, exsupervisor del centro de control de tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.
Además, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Mientras que las compañías judicializadas son Aurix S.A.S., propiedad de Jochy Gómez; Transcore Latam S.R.L., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
En caso de ser declarados culpables, estos tendrán que indemnizar al Estado con el monto que dicte finalmente el tribunal.
