EEUU
Trump firma una orden para revisar modelos de inteligencia artificial antes de su lanzamiento
Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva que habilitó al Gobierno de Estados Unidos a acordar con empresas tecnológicas una revisión previa de nuevos modelos de inteligencia artificial antes de su lanzamiento público.
La versión final fijó una ventana de 30 días y dejó explícito que el esquema es voluntario, en un giro frente a la política de no intervención que la Casa Blanca había defendido para no frenar a las grandes tecnológicas en su competencia con China.
Según POLITICO, medio estadounidense, que citó a dos funcionarios de la Casa Blanca familiarizados con la discusión, el decreto se redujo de 90 días a 30 días respecto de un borrador anterior que Trump había estado a punto de firmar el 21 de mayo.
Ese recorte destrabó resistencias internas y permitió que el presidente avanzara con la firma, que se realizó en privado.
La orden, titulada Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security(Promover la innovación y la seguridad de la inteligencia artificial avanzada) y publicada por la Casa Blanca, planteó como objetivo promover la innovación y la seguridad sin imponer un sistema de licencias u autorizaciones obligatorias para desarrollar o publicar modelos.
El texto sostuvo que las capacidades avanzadas de esta tecnología fortalecen al país, pero introducen consideraciones de seguridad nacional que exigen coordinación entre departamentos y agencias del poder Ejecutivo.
Revisión voluntaria de modelos antes del lanzamiento
El decreto fijó plazos y tareas para reforzar la ciberdefensa de sistemas gubernamentales y para crear un centro de intercambio de información sobre vulnerabilidades.
También ordenó priorizar la persecución penal de delitos informáticos cometidos con apoyo de IA para anticipar riesgos antes de que herramientas más potentes se masifiquen.
De acuerdo con el contenido del decreto, el Gobierno diseñará un marco voluntario para que desarrolladores de modelos avanzados puedan dar acceso a ciertos sistemas durante un periodo de hasta 30 días antes de su liberación a otros socios de confianza.
La orden describió ese acceso como sujeto a requisitos de confidencialidad, ciberseguridad, protección de propiedad intelectual y acuerdos de no divulgación.
El alcance de esa revisión quedó delimitado por una cláusula central: “Nada debe interpretarse como autorización para crear una exigencia obligatoria de licenciamiento, preaprobación o permisos gubernamentales para el desarrollo, la publicación o la distribución de nuevos modelos, incluidos los denominados modelos de frontera”.
Con esa frase, la Casa Blanca buscó remarcar que el esquema no equivale a un sistema de aprobación previa obligatorio.
El antecedente inmediato fue la cancelación, en mayo, de una versión más exigente que contemplaba una revisión de hasta 90 días. Según POLITICO, Trump frenó la firma prevista para el 21 de mayo luego de expresar preocupación por el efecto de la medida sobre la competitividad de las empresas estadounidenses.
La discusión no se cerró: se reconfiguró y terminó con un texto más acotado, con eje en ciberseguridad y con una ventana temporal reducida.
En la antesala de la firma, Trump reunió en la Casa Blanca a funcionarios de su gabinete, entre ellos el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Defensa Pete Hegseth.
También participó David Sacks, quien había sido responsable de inteligencia artificial de la administración, según el texto fuente original y reconstrucciones publicadas en medios estadounidenses. En ese encuentro, el recorte del plazo de revisión funcionó como punto de consenso para avanzar.
Un centro de intercambio de información bajo el Tesoro
El decreto encomendó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, la creación de un centro de intercambio de información sobre ciberseguridad para la inteligencia artificial, que el texto llamó “AI cybersecurity clearinghouse” (centro de intercambio de información de Ciberseguridad para la Inteligencia Artificial).
La orden estableció que deberá coordinar, en colaboración voluntaria con la industria y con operadores de infraestructura crítica, tareas de escaneo de vulnerabilidades, verificación de fallas y priorización de medidas correctivas.
La instrucción incluyó coordinación con el director nacional de Ciberseguridad, con el Departamento de Defensa “a través del director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)” y con el Departamento de Seguridad Nacional “a través del director de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA)”, según el texto oficial.
La arquitectura del mecanismo apuntó a reducir superposiciones entre actores y a ordenar el intercambio de hallazgos sobre fallas explotables.
La orden también fijó plazos administrativos vinculados a la defensa de sistemas gubernamentales. En un horizonte de 30 días, estableció que el Comité de Sistemas de Seguridad Nacional priorice la ciberdefensa de sistemas de seguridad nacional.
En el mismo plazo, dispuso que el Departamento de Seguridad Nacional, mediante CISA y en consulta con la Oficina de Administración y Presupuesto y el director nacional de Ciberseguridad, emita directivas operativas y guías para acelerar la protección de sistemas civiles federales.
En ese marco, el decreto incluyó una línea de acción orientada a ampliar programas y servicios de ciberseguridad que incorporen herramientas defensivas habilitadas por IA.
También previó facilitar acceso a herramientas y servicios de ciberseguridad para agencias, autoridades estatales y locales, y operadores de infraestructura crítica, con menciones a hospitales rurales, bancos comunitarios y servicios públicos locales.
Modelos de frontera, comparación y socios de confianza
Otro eje del decreto fue la creación de un proceso de comparación para medir capacidades cibernéticas avanzadas de modelos de IA. La orden indicó que, dentro de 60 días, autoridades del Tesoro, del Departamento de Defensa y del Departamento de Seguridad Nacional deberán elaborar y mantener un proceso clasificado para determinar el umbral a partir del cual un modelo debe considerarse un “covered frontier model” (modelo de frontera cubierto), categoría prevista en el propio texto.
Según la orden, la determinación de esa condición recaerá en el director de la NSA en consulta con el director nacional de Ciberseguridad, el asesor presidencial para Ciencia y Tecnología y la conducción de CISA, entre otros representantes.
El objetivo declarado fue contar con criterios para identificar modelos cuyo despliegue requiere resguardos adicionales por su potencial impacto en ciberseguridad.
El marco voluntario contempló tres vías de interacción con desarrolladores: que puedan consultar si un modelo en desarrollo califica como “covered frontier model” (modelo de frontera cubierto); que otorguen acceso al Gobierno por hasta 30 días antes de liberarlo a socios de confianza y que colaboren con el Ejecutivo para seleccionar esos socios con acceso temprano, con el argumento de promover innovación segura y fortalecer la ciberseguridad de infraestructura crítica.
Prioridad penal para delitos asociados al uso de IA
La orden incorporó un capítulo de aplicación penal. El texto dispuso que el fiscal general priorice la aplicación de leyes federales contra quienes utilicen inteligencia artificial para acceder de forma ilegal a computadoras o dañarlas sin autorización, y contra quienes usen IA mientras cometen ese acceso ilícito para facilitar otros delitos.
La directiva enumeró estatutos del Código de Estados Unidos y extendió esa prioridad a intrusiones en sistemas públicos o privados, incluida la utilización de agentes de IA para acceder a datos o información que luego se empleen con fines delictivos o ilícitos.
El documento presentó ese punto como parte de una estrategia para reforzar la respuesta estatal frente a actores criminales que incorporen automatización para escalar ataques.
La publicación del decreto dejó abiertos interrogantes operativos: qué compañías se sumarán al esquema voluntario, cómo se instrumentará el acceso a modelos, qué estándares se usarán en la evaluación clasificada y qué información se compartirá en el centro de intercambio del Tesoro.
La Casa Blanca, según reportes periodísticos citados por medios estadounidenses tras la firma, no ofreció detalles públicos inmediatos sobre la mecánica del proceso.
Impulsa un control anticipado opcional de 30 días, con foco en ciberseguridad y confidencialidad, sin exigir permisos obligatorios
Mega Millions, una de las loterías de Estados Unidos que entregan millones de dólares en premios, difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo.
Fecha del sorteo: martes, 21 de julio de 2026
Combinación ganadora: 25 37 59 68 70
Megaball: 10
Mega Millions celebra dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que tienes la posibilidad de ganar varios millones de dólares.
Cabe mencionar que el tiempo que tienes para reclamar tu premio varía conforme a la jurisdicción, las normas y reglamentos estatales, la tolerancia puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en la entidad donde se compró el boleto.
No es requisito ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.
Mega Millions: ¿Cómo se juega?
Para jugar Mega Millions tienes que escoger seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.
Si no sabes qué número elegir puedes dejar que Mega Millions elija de forma aleatoria por ti.
Para hacerte del premio mayor de Mega Millions, la combinación debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.
Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.
El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.
Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.
¿Qué es Mega Millions?
Mega Millions empezó el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.
Primero solo se celebraban sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.
En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.
El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.
Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.
El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.
Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afortunado de Maine.
El último gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.
Enseguida los resultados del más reciente sorteo de Mega Millions y verifique si ha sido uno de los ganadores
EEUU
El Pentágono elevó a USD 37.500 millones el costo de la guerra contra Irán y solicitó más fondos al Congreso
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este martes que el costo de la guerra contra el régimen de Irán asciende ya a 37.500 millones de dólares, una cifra que representa un aumento de 8.500 millones respecto de la estimación presentada a comienzos de mayo y que refleja el impacto económico de un conflicto que se ha extendido más de lo previsto.
Durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado, Hegseth explicó que el Pentágono necesita nuevos recursos para mantener las operaciones militares y respaldó la solicitud presupuestaria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. El funcionario calificó el financiamiento adicional como una necesidad inmediata y advirtió que la continuidad de la campaña depende de esos fondos.
“Sin estos fondos, enfrentamos carencias críticas”, declaró Hegseth al defender la petición de un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares, al que se suman casi 70.000 millones de dólares destinados específicamente a financiar la guerra contra Irán.
El secretario compareció en una sesión marcada por preguntas de legisladores de ambos partidos y por interrupciones de manifestantes que protestaban contra la continuidad de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente.
La nueva estimación del Pentágono supone un incremento significativo frente a los 29.000 millones de dólares calculados poco más de dos meses atrás. El aumento coincide con la prolongación del conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva militar contra objetivos vinculados al régimen iraní.
Durante la audiencia, Hegseth también aseguró que China y Rusia están prestando apoyo a Irán. Según explicó, ambos países colaboran “en diferentes niveles” y facilitan parte de las actividades desarrolladas por Teherán durante la guerra, aunque no detalló el alcance específico de esa cooperación.
Otro de los temas centrales del debate fue la autoridad legal del Gobierno para continuar las operaciones militares sin una nueva autorización del Congreso. La senadora republicana Lisa Murkowski preguntó si la Casa Blanca considera necesario un nuevo aval legislativo para mantener la campaña militar.
Hegseth respondió que la administración entiende que dispone de la autoridad necesaria para continuar las acciones en curso.
El jefe del Pentágono también reveló que la Marina estadounidense mantiene desde mayo una operación discreta para garantizar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.
Según explicó, ese esfuerzo ha permitido facilitar el tránsito de hasta 500 millones de barriles de petróleo, reduciendo el impacto que la guerra podría tener sobre el comercio internacional de hidrocarburos.
La comparecencia se produjo pocos días después de que el Pentágono confirmara nuevas bajas estadounidenses tras la reanudación de los combates. El Departamento de Defensa identificó al sargento Michael Emmanuel Swinton como el militar fallecido después de la explosión de un dron iraní en Irak.
Su muerte se sumó a las del primer teniente Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19, quienes perdieron la vida en Jordania.
Con estos casos, el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la ofensiva del 28 de febrero asciende a 17, mientras que cerca de 100 efectivos resultaron heridos durante las dos últimas semanas de enfrentamientos, según cifras oficiales del Departamento de Defensa.
La escalada comenzó después de que el presidente Trump anunciara el 8 de julio el fin del alto el fuego entre Washington y Teherán, decisión que dio paso a una nueva fase de hostilidades.
Hegseth insistió en que el financiamiento solicitado constituye una inversión imprescindible para mantener las operaciones estadounidenses y evitar limitaciones en la capacidad militar desplegada contra el régimen iraní.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el conflicto se ha prolongado más de lo previsto y defendió la necesidad de mantener el financiamiento de las operaciones militares en Medio Oriente
EEUU
Arresto de los hermanos influencers Andrew y Tristan Tate: cargos, antecedentes y posible extradición
Los hermanos Andrew y Tristan Tate se encuentran bajo custodia federal en Miami para enfrentar nuevos cargos por violación y trata sexual, en un caso que abre la vía a una posible extradición al Reino Unido y suma otro capítulo a una serie de causas judiciales de los influencers en Estados Unidos, Gran Bretaña y Rumania, reportaron Associated Press y CBS News.
Los fiscales británicos sostienen que las nuevas acusaciones se refieren a cuatro víctimas adicionales y cubren hechos ocurridos entre 2010 y 2017. Los cargos incluyen violación, agresión, trata y delitos vinculados con “imágenes indecentes de un menor y pornografía extrema”.
Los dos comparecieron el lunes por primera vez ante un tribunal federal desde su arresto del sábado y seguirán detenidos. Durante la audiencia, los hermanos llevaron uniformes carcelarios beige y esposas, en contraste con la imagen pública con la que suelen aparecer en redes sociales y actos públicos.
En las próximas semanas, un juez federal de distrito deberá decidir si reúnen las condiciones para ser extraditados. La magistrada federal Lauren Louis fijó una nueva audiencia para el próximo lunes.
La solicitud británica añade cuatro nuevas víctimas a las acusaciones previas
La causa en el Reino Unido no parte de cero. Los hermanos ya estaban acusados allí de violación, lesiones corporales, trata de personas y control de la prostitución con fines de lucro, en una causa ligada a otras tres presuntas víctimas por hechos situados entre 2012 y 2015, precisó CBS News.
De acuerdo con los fiscales británicos, los nuevos cargos fueron presentados después de que las autoridades recibieran pruebas de la Policía de Bedfordshire, en el sureste de Inglaterra, indicó Associated Press.
Su abogado, Joseph McBride, dijo ante la corte y después de la audiencia que sus defendidos combatirán contra su traslado al Reino Unido: “Nos oponemos a la extradición porque Andrew y Tristan son inocentes. Nunca han hecho nada malo. No deberían ser extraditados por delitos que no cometieron”.
McBride también sostuvo que las posibilidades de que fueran liberados tras la audiencia eran “mínimas o nulas”, aunque afirmó que eso no se relacionaba con el fondo del caso sino con el funcionamiento habitual de este tipo de procesos. Antes ya había dicho que confiaba en que la solicitud de extradición terminaría rechazada y el lunes añadió que agotarán “todos los recursos” para impedirla, informó CBS News.
Asimismo, la defensa calificó las acusaciones como “injurias y calumnias” y describió el expediente como un “ataque político”. McBride incluso sugirió ante la prensa que la detención de los hermanos estuvo vinculada a sus contactos recientes en Washington y con la decisión del ex primer ministro británico Keir Starmer de dimitir.
El abogado también declaró en un comunicado del sábado que los arrestos fueron autorizados por “un funcionario de bajo nivel” del Departamento de Justicia sin participación de la cúpula. No obstante, el Departamento señalo a Associated Press que las detenciones fueron aprobadas por la dirección de su División Penal.
Cómo funciona el proceso de extradición entre Estados Unidos y el Reino Unido
El proceso de autorización de una extradición entre Estados Unidos y el Reino Unido inicia con la solicitud formal basada en un tratado bilateral, que exige que los delitos imputados sean considerados ilegales en ambos países, detalló Associated Press.
Un juez federal evalúa las órdenes de arresto y la documentación aportada por el gobierno estadounidense para determinar si existe una base razonable para los cargos. Si el juez considera que se cumplen los requisitos y las apelaciones no prosperan, la decisión final recae en el secretario de Estado, Marco Rubio.
Cuando se le consultó a McBride si Rubio autorizaría la extradición de los hermanos, respondió: “Creo que Marco Rubio y el resto de la administración Trump no son partidarios del comunismo ni de enjuiciar a personas por ejercer su libertad de expresión”.
Sin embargo, según CBS News, un alto funcionario del Departamento de Estado aseguró que la agencia “no tiene planes de actuar sobre este asunto en este momento” y añadió que el secretario de Estado no habló con los hermanos Tate ni con su abogado.
Asimismo, un funcionario estadounidense y una fuente cercana a la investigación declararon al mismo medio que el presidente Donald Trump no prevé involucrarse.
Antecedentes de los hermanos en Rumania
La nueva causa se inserta en una larga saga legal internacional. Andrew y Tristan Tate, ciudadanos de doble nacionalidad británica y estadounidense, se mudaron a Rumania en 2016 y allí fueron arrestados en 2022, acusados de participar en maniobras para atraer a mujeres con fines de explotación sexual.
Ellos negaron esas acusaciones y el expediente en territorio rumano no avanzó por problemas legales y de procedimiento.
El año pasado se les permitió salir de Rumania y volaron a Florida.
Las imputaciones involucran a cuatro víctimas y abarcan hechos ocurridos entre 2010 y 2017. Los delitos incluyen violación, agresión y trata sexual
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