Se estime que la dos veces presidenta deberá entregar más de 20 propiedades Leer Se estime que la dos veces presidenta deberá entregar más de 20 propiedades Leer   

La Corte Suprema argentina terminó este viernes con las esperanzas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por defraudar al Estado: la líder peronista y sus cómplices deberán devolver 685.000 millones de pesos (unos 402 millones de euros) como parte de un decomiso de amplio espectro que busca recuperar dinero perdido en las tramas de corrupción, disimulado hoy en propiedades y otro tipo de bienes.

“La decisión de este jueves de la Corte allana el camino para la instancia definitiva: la ejecución patrimonial de ese listado de bienes muebles e inmuebles. Será el propio máximo tribunal el que se constituya en titular de todas las propiedades, determinando el destino y utilidad que se le asignará a cada uno”, destacó Clarín.

Se presume que la dos veces presidenta deberá entregar más de 20 propiedades como parte del decomiso: un inmueble inscripto a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a título gratuito y en partes iguales, por sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Pero los decomisos no acaban ahí: Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner, perderá más de 80 propiedades e incluso inmuebles que son propiedad de las empresas utilizadas para la maniobra defraudatoria con las contrataciones de obra pública.

La Corte Suprema no tomó la decisión, sino que rechazó el recurso de queja tras la sentencia de noviembre de 2025 de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal Número 2 (TOF 2).

“El decomiso se inscribe en la tradición histórica del sistema penal argentino, orientada primordialmente a impedir que el delito comprobado rinda beneficios y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita”, señalaron los jueces, que añadieron que estos decomisos cumplirán una “función reparadora del daño social causado”, y que son coherentes con la “política pública de recuperación de activos de la corrupción, obligación internacionalmente asumida por el Estado Argentino en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros instrumentos”.

Mientras la Justicia decomisa las propiedades de los Kirchner, otro caso con malas perspectivas para la ex jefa de Estado, de 72 años, se está desarrollando en los tribunales.

Se trata de la conocida como “causa Cuadernos”, una gigantesca trama de corrupción, también con la obra pública como eje, que involucra a poderosos empresarios y al entonces gobierno peronista.

Los decomisos corresponden a la “causa Vialidad“, impulsada en 2016, en los inicios del gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces director de la Dirección de Vialidad Nacional, a cargo de las carreteras de todo el país, interpuso una denuncia penal tras evaluar la situación que había heredado del gobierno kirchnerista finalizado escasas semanas antes.

La Justicia comprobó la cartelización de la obra pública en la patagónica provincia de Santa Cruz -por años feudo de los Kirchner-, contratos licitados con sobreprecios y que invariablemente caían en manos de Austral Construcciones, la constructora de Báez.

¿Quién era Lázaro Báez? Modesto empleado en el Banco de Santa Cruz, trabó amistad con el entonces gobernador Néstor Kirchner, presidente entre 2003 y 2007. Austral Construcciones fue creada días antes de la asunción de Kirchner como presidente y se convirtió en la principal empresa constructora del país en términos de contratos del Estado.