EEUU
Una jueza federal anuló la orden ejecutiva de Trump sobre la creación de listas federales de votantes

Una jueza federal de Boston bloqueó la orden ejecutiva con la que Donald Trump buscaba crear un registro federal de electores y restringir al Servicio Postal para que solo entregara boletas a quienes figuraran en ese registro, al considerar que esas medidas “violan inconstitucionalmente la separación de poderes” porque la organización de las elecciones corresponde a los estados y al Congreso, no al presidente, informaron Reuters y CBS News.
La resolución de la jueza federal Indira Talwani se aplica al ciclo electoral de mitad de mandato de este año y llega cuando faltan cinco meses para esa votación. En una orden previa, la magistrada había advertido que postergar la revisión judicial era “impracticable” por los plazos fijados en la propia orden ejecutiva y por la cercanía del calendario electoral, precisó Associated Press.
La Casa Blanca defendió la legalidad de la orden y anticipó una apelación. La portavoz Abigail Jackson sostuvo que la medida “protege legalmente nuestras elecciones, y confiamos en que finalmente prevaleceremos en su implementación”.
Los efectos anticipados en los estados antes de su aplicación
La nueva resolución recayó sobre la segunda orden electoral del presidente, emitida después de que se estancara en el Congreso un proyecto respaldado por la Casa Blanca para reformar el sistema de votación. Según NBC News, especialistas en derecho electoral ya anticipaban que la medida sería frenada porque la Constitución asigna a los estados el control de la administración electoral.
La demanda de juicio sumario fue impulsada por fiscales generales demócratas de 22 estados y del Distrito de Columbia. Se sumaron representantes del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, en un estado cuyo fiscal general es republicano.
De acuerdo con The New York Times, una de las demandas fue presentada en Washington, D. C., donde un juez resolvió en un primer momento no suspenderla al considerar que, como todavía no se había aplicado, ningún estado ni ninguna de las partes había acreditado un perjuicio jurídico.
La jueza Talwani concluyó que la medida ya generaba consecuencias, dado que varios de los estados incluidos en la demanda presentada en Massachusetts habían comenzado a ajustar sus políticas y sus procedimientos electorales.
En Connecticut, por ejemplo, se reasignó personal electoral de otras tareas para planificar la puesta en marcha de la orden y casi la mitad de los estados afrontaba el inconveniente de haber comprado sobres para el voto por correo que no se adecuaban a la directiva.
El rol del Servicio Postal y las dudas sobre la capacidad para definir la elegibilidad de votantes
La orden de marzo le asignaba al Servicio Postal un papel decisivo para determinar quién podía recibir una boleta por correo. La propuesta de reglamentación ya se había publicado en el Registro Federal y, entre otras cosas, no se aplicaba a elecciones primarias ni a boletas del exterior, reportó Associated Press.
Trabajadores postales objetaron esa función y advirtieron que no están preparados para decidir quién reúne las condiciones para votar en cada estado. La Asociación Nacional de Carteros Rurales sostuvo que obligar a sus afiliados a intervenir de ese modo “pone en riesgo la politización de una de las instituciones públicas más confiables del país”.
La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, declaró que la orden mostraba como Trump estaba dispuesto a “abusar del poder de maneras antes impensables” para interferir en las elecciones. Además, afirmó que resulta “inverosímil” pensar que el Servicio Postal pudiera montar un sistema para revisar de antemano, caso por caso, si cada persona estaba habilitada para votar por correo, indicó Associated Press.
Por consiguiente, la magistrada, citada por The New York Times, dictaminó que la autoridad para elaborar los padrones electorales y definir la elegibilidad de los votantes corresponde a los estados y puso en duda que los registros en los que se apoyaría el Gobierno puedan “rastrear los cambios de nombre (como cuando una mujer cambia su nombre al casarse) o los cambios de residencia cuando los ciudadanos se mudan de un estado a otro”.
Por lo tanto, aseveró: “Resulta evidente que las agencias federales encargadas de elaborar las listas de ciudadanos confirmados carecen de la capacidad para crear listas completas y precisas de los ciudadanos estadounidenses que residen en cada estado”.
La estrategia de Trump se apoya en denuncias de fraude
Se trata del segundo revés judicial en dos días contra órdenes ejecutivas de Trump sobre elecciones. Esta semana, otra jueza federal de Boston prohibió de manera permanente la aplicación de la primera orden ejecutiva que pretendía exigir prueba documental de ciudadanía al momento de registrarse para votar, señaló Associated Press.
Desde su derrota en 2020 contra Joe Biden, el mandatario ha insistido que el voto por correo está atravesado por fraude generalizado y que hubo participación masiva de no ciudadanos. No obstante, el gobierno no ha logrado aportar pruebas de ese fraude, mientras que auditorías e investigaciones repetidas, incluidas algunas dirigidas por republicanos, concluyeron que la elección no estuvo afectada por irregularidades de esa escala, detallaron la agencia de noticias y NBC News.
En paralelo, el presidente exigió al Congreso la aprobación de la Ley SAVE AMERICA, un proyecto que propone nuevos requisitos de prueba de ciudadanía e identificación del votante. La iniciativa no reunió el respaldo necesario en el Senado.
En consecuencia, Trump canceló su plan de firmar una ley bipartidista de gran alcance orientada a reducir el costo de la vivienda y condicionó cualquier avance a que antes se aprobara esa norma electoral.
En una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense escribió: “La conferencia de prensa y la firma de la ley de vivienda previstas para hoy quedan canceladas hasta que aprobemos la Ley SAVE AMERICA, que necesitamos con urgencia y que considero una emergencia nacional”.
La magistrada de Boston señaló que la medida es “inconstitucional” y “viola la separación de poderes”, dado que la Constitución no asigna atribuciones sobre las elecciones al presidente, sino a los estados y al Congreso
EEUU
El Pentágono elevó a USD 37.500 millones el costo de la guerra contra Irán y solicitó más fondos al Congreso
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este martes que el costo de la guerra contra el régimen de Irán asciende ya a 37.500 millones de dólares, una cifra que representa un aumento de 8.500 millones respecto de la estimación presentada a comienzos de mayo y que refleja el impacto económico de un conflicto que se ha extendido más de lo previsto.
Durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado, Hegseth explicó que el Pentágono necesita nuevos recursos para mantener las operaciones militares y respaldó la solicitud presupuestaria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. El funcionario calificó el financiamiento adicional como una necesidad inmediata y advirtió que la continuidad de la campaña depende de esos fondos.
“Sin estos fondos, enfrentamos carencias críticas”, declaró Hegseth al defender la petición de un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares, al que se suman casi 70.000 millones de dólares destinados específicamente a financiar la guerra contra Irán.
El secretario compareció en una sesión marcada por preguntas de legisladores de ambos partidos y por interrupciones de manifestantes que protestaban contra la continuidad de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente.
La nueva estimación del Pentágono supone un incremento significativo frente a los 29.000 millones de dólares calculados poco más de dos meses atrás. El aumento coincide con la prolongación del conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva militar contra objetivos vinculados al régimen iraní.
Durante la audiencia, Hegseth también aseguró que China y Rusia están prestando apoyo a Irán. Según explicó, ambos países colaboran “en diferentes niveles” y facilitan parte de las actividades desarrolladas por Teherán durante la guerra, aunque no detalló el alcance específico de esa cooperación.
Otro de los temas centrales del debate fue la autoridad legal del Gobierno para continuar las operaciones militares sin una nueva autorización del Congreso. La senadora republicana Lisa Murkowski preguntó si la Casa Blanca considera necesario un nuevo aval legislativo para mantener la campaña militar.
Hegseth respondió que la administración entiende que dispone de la autoridad necesaria para continuar las acciones en curso.
El jefe del Pentágono también reveló que la Marina estadounidense mantiene desde mayo una operación discreta para garantizar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.
Según explicó, ese esfuerzo ha permitido facilitar el tránsito de hasta 500 millones de barriles de petróleo, reduciendo el impacto que la guerra podría tener sobre el comercio internacional de hidrocarburos.
La comparecencia se produjo pocos días después de que el Pentágono confirmara nuevas bajas estadounidenses tras la reanudación de los combates. El Departamento de Defensa identificó al sargento Michael Emmanuel Swinton como el militar fallecido después de la explosión de un dron iraní en Irak.
Su muerte se sumó a las del primer teniente Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19, quienes perdieron la vida en Jordania.
Con estos casos, el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la ofensiva del 28 de febrero asciende a 17, mientras que cerca de 100 efectivos resultaron heridos durante las dos últimas semanas de enfrentamientos, según cifras oficiales del Departamento de Defensa.
La escalada comenzó después de que el presidente Trump anunciara el 8 de julio el fin del alto el fuego entre Washington y Teherán, decisión que dio paso a una nueva fase de hostilidades.
Hegseth insistió en que el financiamiento solicitado constituye una inversión imprescindible para mantener las operaciones estadounidenses y evitar limitaciones en la capacidad militar desplegada contra el régimen iraní.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el conflicto se ha prolongado más de lo previsto y defendió la necesidad de mantener el financiamiento de las operaciones militares en Medio Oriente
EEUU
Arresto de los hermanos influencers Andrew y Tristan Tate: cargos, antecedentes y posible extradición

Los hermanos Andrew y Tristan Tate se encuentran bajo custodia federal en Miami para enfrentar nuevos cargos por violación y trata sexual, en un caso que abre la vía a una posible extradición al Reino Unido y suma otro capítulo a una serie de causas judiciales de los influencers en Estados Unidos, Gran Bretaña y Rumania, reportaron Associated Press y CBS News.
Los fiscales británicos sostienen que las nuevas acusaciones se refieren a cuatro víctimas adicionales y cubren hechos ocurridos entre 2010 y 2017. Los cargos incluyen violación, agresión, trata y delitos vinculados con “imágenes indecentes de un menor y pornografía extrema”.
Los dos comparecieron el lunes por primera vez ante un tribunal federal desde su arresto del sábado y seguirán detenidos. Durante la audiencia, los hermanos llevaron uniformes carcelarios beige y esposas, en contraste con la imagen pública con la que suelen aparecer en redes sociales y actos públicos.
En las próximas semanas, un juez federal de distrito deberá decidir si reúnen las condiciones para ser extraditados. La magistrada federal Lauren Louis fijó una nueva audiencia para el próximo lunes.

La solicitud británica añade cuatro nuevas víctimas a las acusaciones previas
La causa en el Reino Unido no parte de cero. Los hermanos ya estaban acusados allí de violación, lesiones corporales, trata de personas y control de la prostitución con fines de lucro, en una causa ligada a otras tres presuntas víctimas por hechos situados entre 2012 y 2015, precisó CBS News.
De acuerdo con los fiscales británicos, los nuevos cargos fueron presentados después de que las autoridades recibieran pruebas de la Policía de Bedfordshire, en el sureste de Inglaterra, indicó Associated Press.
Su abogado, Joseph McBride, dijo ante la corte y después de la audiencia que sus defendidos combatirán contra su traslado al Reino Unido: “Nos oponemos a la extradición porque Andrew y Tristan son inocentes. Nunca han hecho nada malo. No deberían ser extraditados por delitos que no cometieron”.
McBride también sostuvo que las posibilidades de que fueran liberados tras la audiencia eran “mínimas o nulas”, aunque afirmó que eso no se relacionaba con el fondo del caso sino con el funcionamiento habitual de este tipo de procesos. Antes ya había dicho que confiaba en que la solicitud de extradición terminaría rechazada y el lunes añadió que agotarán “todos los recursos” para impedirla, informó CBS News.
Asimismo, la defensa calificó las acusaciones como “injurias y calumnias” y describió el expediente como un “ataque político”. McBride incluso sugirió ante la prensa que la detención de los hermanos estuvo vinculada a sus contactos recientes en Washington y con la decisión del ex primer ministro británico Keir Starmer de dimitir.
El abogado también declaró en un comunicado del sábado que los arrestos fueron autorizados por “un funcionario de bajo nivel” del Departamento de Justicia sin participación de la cúpula. No obstante, el Departamento señalo a Associated Press que las detenciones fueron aprobadas por la dirección de su División Penal.
Cómo funciona el proceso de extradición entre Estados Unidos y el Reino Unido
El proceso de autorización de una extradición entre Estados Unidos y el Reino Unido inicia con la solicitud formal basada en un tratado bilateral, que exige que los delitos imputados sean considerados ilegales en ambos países, detalló Associated Press.
Un juez federal evalúa las órdenes de arresto y la documentación aportada por el gobierno estadounidense para determinar si existe una base razonable para los cargos. Si el juez considera que se cumplen los requisitos y las apelaciones no prosperan, la decisión final recae en el secretario de Estado, Marco Rubio.
Cuando se le consultó a McBride si Rubio autorizaría la extradición de los hermanos, respondió: “Creo que Marco Rubio y el resto de la administración Trump no son partidarios del comunismo ni de enjuiciar a personas por ejercer su libertad de expresión”.
Sin embargo, según CBS News, un alto funcionario del Departamento de Estado aseguró que la agencia “no tiene planes de actuar sobre este asunto en este momento” y añadió que el secretario de Estado no habló con los hermanos Tate ni con su abogado.
Asimismo, un funcionario estadounidense y una fuente cercana a la investigación declararon al mismo medio que el presidente Donald Trump no prevé involucrarse.
Antecedentes de los hermanos en Rumania
La nueva causa se inserta en una larga saga legal internacional. Andrew y Tristan Tate, ciudadanos de doble nacionalidad británica y estadounidense, se mudaron a Rumania en 2016 y allí fueron arrestados en 2022, acusados de participar en maniobras para atraer a mujeres con fines de explotación sexual.
Ellos negaron esas acusaciones y el expediente en territorio rumano no avanzó por problemas legales y de procedimiento.
El año pasado se les permitió salir de Rumania y volaron a Florida.
Las imputaciones involucran a cuatro víctimas y abarcan hechos ocurridos entre 2010 y 2017. Los delitos incluyen violación, agresión y trata sexual
EEUU
“El objetivo era yo”: el hombre que sobrevivió al ataque de un bisonte en Yellowstone contó cómo el animal lo lanzó por los aires
El reciente ataque de un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone dejó a Carl Isom-McDaniel, de 65 años, con una fractura de fémur y una experiencia que redefine la percepción de la tranquilidad en estos parajes.
El incidente ocurrió a comienzos de julio y fue captado en video mientras el hombre caminaba junto a su nieto a una distancia prudente del animal.
Desde la cama de un hospital en Bozeman, Montana, Isom-McDaniel relató cómo el animal, que en un inicio parecía calmado, lo embistió sin previo aviso.
“Aunque estaba en el suelo, podría haberme pisoteado. Podría haberme corneado. Podría haber hecho cualquier cosa”, expresó el paciente, señalando el peligro persistente incluso tras la caída.
La secuencia comenzó cuando una camioneta pickup alteró al bisonte, que primero atacó un grupo de adolescentes y luego, tras revolcarse en el polvo, se dirigió hacia Isom-McDaniel y su nieto, quienes se encontraban fuera del área principal de acampe.

Ambos respetaron la distancia recomendada por el Servicio de Parques Nacionales, que exige mantener al menos 23 metros de separación con estos animales.
Cómo ocurrió el ataque y qué mostró el video
El hecho generó preocupación entre los visitantes y puso en evidencia los riesgos de la convivencia entre turistas y fauna silvestre durante la temporada de apareamiento, cuando los animales se muestran más agresivos.
Los expertos coinciden en que el aumento de testosterona durante estos meses incrementa la probabilidad de ataques, incluso si se mantiene la distancia adecuada.
Durante el ataque, el bisonte enganchó a Isom-McDaniel con el cuerno y lo lanzó por los aires, provocándole una fractura que, según su médico, dejó su fémur “roto en múltiples pedazos”. La víctima fue intervenida quirúrgicamente y permanece en recuperación, mientras su nieto resultó ileso.
Testigos del episodio, como Mike MacLeod, actuaron rápidamente para ahuyentar al animal y evitar que continuara el ataque.

“Un grupo de otros hombres se sumó a mí, y logramos alejar al bisonte de la víctima”, relató MacLeod, quien captó parte del suceso en video antes de intervenir en la escena.
Distancias recomendadas y advertencias para visitantes
El video, que se viralizó en redes sociales, muestra a Isom-McDaniel y su nieto manteniéndose a unos 91 metros del animal.
La guía oficial del parque recomienda observar a los bisontes desde el vehículo si se está a menos de 30 metros, o bien evitar cualquier acercamiento para tomar fotografías.
Isom-McDaniel subrayó en su testimonio que “el bisonte no mostró agresividad ni nada hasta que eligió un objetivo. El objetivo era yo”.
Agregó que fue el aterrizaje tras ser lanzado por el aire, y no el impacto directo del animal, lo que le provocó las lesiones más graves.
La intervención de los visitantes fue clave para evitar consecuencias mayores. Tras el ataque, los servicios de emergencia del parque atendieron rápidamente a la víctima y lo trasladaron al hospital, donde fue sometido a cirugía.

Qué dijeron las autoridades y el antecedente del año
Las autoridades del parque informaron que el animal no será sacrificado. Hasta ahora, no se han emitido comunicados oficiales sobre el estado más reciente de salud de Isom-McDaniel, pero tanto testigos como médicos destacaron la gravedad de las lesiones y la necesidad de concienciar a los visitantes sobre el comportamiento impredecible de los bisontes.
Este ataque representa el segundo incidente grave con bisontes en Yellowstone en el año, lo que ha generado un debate sobre la seguridad de turistas y la gestión de la fauna en el parque.
Los especialistas recuerdan que, aunque los bisontes parecen tranquilos, pueden alcanzar velocidades de hasta 48 kilómetros por hora y su masa supera los 900 kilos, factores que los convierten en los animales más peligrosos para los visitantes en la zona.
A pesar de la experiencia traumática, Isom-McDaniel advirtió: “Los bisontes se mueven más rápido de lo que podrías imaginar”, recordando así que la precaución debe ser extrema incluso cuando las apariencias sugieren calma.
Desde un hospital en Bozeman, Carl Isom-McDaniel relató el episodio ocurrido a inicios de julio, cuando un ejemplar aparentemente calmado lo embistió y le dejó el fémur fracturado
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