Desde que culminó el pasado ciclo electoral y el presidente Luis Abinader decidió que no buscaría modificar la Constitución para optar por un tercer mandato al frente del Poder Ejecutivo, las actividades y declaraciones proselitistas comenzaron a dominar el escenario político.

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​Ante esas situaciones, la Junta Central Electoral (JCE) ha realizado varias advertencias e intimaciones en búsqueda de frenar el proselitismo a destiempo, las cuales no han tenido resultados ni han podido detener las constantes violaciones a la ley.   

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Desde que culminó el pasado ciclo electoral y el presidente Luis Abinader decidió que no buscaría modificar la Constitución para optar por un tercer mandato al frente del Poder Ejecutivo, las actividades y declaraciones proselitistas comenzaron a dominar el escenario político.

A pesar de que no es hasta el primer domingo de julio del próximo año que la ley 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, dispone el inicio de la precampaña electoral y la habilitación de actividades proselitistas, los dirigentes oficialistas y opositores han dominado los escaparates públicos mediante la constante violación a lo expreso en la legislación.

Ante esas situaciones, la Junta Central Electoral (JCE) ha realizado varias advertencias e intimaciones en búsqueda de frenar el proselitismo a destiempo, las cuales no han tenido resultados ni han podido detener las constantes violaciones a la ley.

El proselitismo oficialista

En agosto del pasado año, el órgano electoral envió una intimación al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por realizar actos y declaraciones proselitistas antes de que se habilite el tiempo para la campaña electoral manifestando que era un “hecho manifiestamente notorio” que múltiples miembros del partido oficialista han realizado pronunciamientos públicos de carácter proselitista de manera anticipada que han sido difundidos en medios de comunicación y redes sociales.

“Durante el lapso existente entre la conclusión de un proceso electoral y el inicio del periodo de precampaña se encuentra prohibida toda promoción de precandidaturas o candidaturas orientadas a la captación de votos. En dicho periodo, las organizaciones partidarias únicamente pueden realizar actividades de carácter institucional que respeten el marco constitucional y legal, siempre que no constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral”, reseñaba la intimación de la JCE en esa oportunidad.

Sin embargo, a pesar de esos señalamientos la situación en el partido oficialista no ha mejorado y las actividades y mensajes proselitistas, encabezados por la alcaldesa del Distrito Nacional, quien ha tomado ventaja de su condición de secretaria general para realizar una “gira de rendición de cuentas” en múltiples zonas del país para promover sus aspiraciones presidenciales.

A esos mensajes proselitistas se ha sumado Welington Arnaud, otro de los aspirantes a la candidatura presidencial del oficialismo, quien a través de varias entrevistas ha “garantizado” que serán los favorecidos por el voto de los perremeistas al momento en que se realice la contienda en octubre del 2027.

Arnaud y Mejía solo son dos de los siete aspirantes a ser el primer candidato presidencial del PRM no llamado Luis Abinader; entre los “presidenciables”, destacan David Collado (ministro de Turismo), Raquel Peña (vicepresidenta de la República), Guido Gomez Mazara (presidente de Indotel), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón (ministro de Industria y Comercio) y Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba.

El PLD adelantando procesos

Dentro del Partido de la Liberación Dominicano (PLD) las declaraciones proselitistas han sido encabezadas por Francisco Javier García, quien aspira a ser el candidato presidencial del partido opositor y ha comenzado a realizar actos en diferentes partes del país, e incluso Estados Unidos, para promover sus aspiraciones y buscar simpatizantes.

Mientras que otros sectores han comenzado a oficializar su respaldo público a una candidatura de Gonzalo Castillo.

Además de las declaraciones y actividades proselitistas, el PLD mantiene la idea de realizar un proceso, el próximo domingo 18 de octubre, en donde escogerán cuál será el aspirante presidencial que encabezará su propuesta de cara a las elecciones de mayo de 2028.

El propósito del partido opositor es realizar un proceso similar al que hicieron en octubre de 2022, al que denominaron “consulta ciudadana”, cuando ciudadanos no empadronados en otros partidos políticos podrán escoger qué propuesta presidencial apoyar.

Aunque en la práctica, están seleccionando a su aspirante presidencial, el PLD ha sido “especifico” en señalar que el proceso solo busca “una figura” para colocarle todo el apoyo de su estructura partidaria y que si el año próximo, alguien decide contender contra esa persona por la candidatura presidencial, “está en todo su derecho de hacerlo”, tratando de no violar de manera literal lo establecido en la ley de partidos.

Precisamente en junio de 2025, el presidente de la JCE Román Jáquez Liranzo, advirtió que aplicarían las medidas establecidas en la ley y no aceptarían la inscripción de una candidatura que haya sido elegida antes de los plazos legales, la legislación vigente señala que los candidatos no pueden ser escogidos antes de octubre del 2027.

Las vallas de Omar

Por igual el año pasado, la JCE ordenó el retiro de vallas publicitarias colocadas en diferentes puntos del gran Santo Domingo por el partido Camino Nuevo, promoviendo la imagen del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, a quien le habían ofrecido la candidatura presidencial de la recién reconocida organización política.

Las vallas fueron retiradas, sin embargo el pasado mes de mayo, el presidente de ese partido Eglenin Morrizón volvió a colocar las mismas indicando que las demás organizaciones también estaban promoviendo sus respectivos aspirantes.

Sin sanciones

A pesar de esas advertencias, la JCE no ha podido frenar el gran auge del proselitismo aun cuando resta poco más de un año para el inicio de la precampaña oficial; esto va aunado a que, el órgano electoral aún no ha aplicado sanciones severas a quienes infrinjan una violación a las leyes electorales.

Esas legislaciones establecen sus respectivos castigos, el artículo 78 de la Ley 33-18 ordena a la JCE considerar inadmisible las candidaturas de los aspirantes que comiencen antes del tiempo permitido las acciones proselitistas.

“Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”, instruye el numeral 8 de ese artículo.

Al tiempo que el artículo 308 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral señala la sanción administrativa de uno a 200 salarios mínimos a las entidades políticas, precandidatos y precandidatas, jefes de campaña, que organicen manifestaciones, mítines o reuniones públicas “antes del inicio formal, proclamado por la JCE”.

Se recuerda que para iniciar con la aplicación de esas sanciones, la JCE, tras consensuar con los partidos políticos, creó en 2022 la cual se encargaría de perseguir las infracciones administrativas electorales y dictaminar las penalidades y medidas cautelares que establecen las leyes 15-19 sobre régimen electoral y la 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

“El establecimiento de un régimen administrativo sancionador en materia electoral forma parte del sistema de garantías electorales que deben rodear, no solo el ejercicio del derecho al sufragio, sino también la integridad del sistema electoral durante todas las etapas del calendario electoral”, señala la comunicación firmada por el presidente de la JCE.

Unos cuatro años después, y con las violaciones a ambas leyes que rigen el sistema político nacional ocupando parte del escaparate público; hasta el momento no se han registrado ningún tipo de sanción.

Un problema con la ley

Para el delegado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, también existe “un problema” dentro de las mismas leyes, y es que estas no contienen sanciones lo suficientemente claras y drásticas que eviten las violaciones a esas legislaciones.

“En realidad, la ley debiera ser mucho más contundente, con claras y drásticas medidas penales, que hayan reales consecuencias. Por ejemplo: que el partido pierda un año de financiamiento público; que se le retire el derecho a participar en el proceso electoral inmediato; que cuando se evidencien las faltas individuales se castigue con el retiro de la candidatura, cárcel y penas pecuniarias y acciones semejantes”, manifestó Perdomo.

Con prácticamente la gran mayoría de los partidos principales del sistema incurriendo en violaciones a las leyes, y con poco más de un año para el inicio formal de la precampaña el tiempo para aplicar sanciones se le agota a una JCE enfocada en la jornada de cedulación nacional.