Uno de cada 5 embarazos en República Dominicana es en adolescentes

​

El embarazo en la adolescencia persiste como uno de los mayores desafíos para el desarrollo socioeconómico y el capital humano en República Dominicana. Entre 2017 y 2025, el país acumuló un total de 234,673 embarazos en menores de edad, una cifra que refleja la magnitud de un fenómeno que impacta directamente en el ciclo de pobreza y la productividad nacional.

Aunque los casos han disminuido en términos absolutos, la proporción de embarazos en adolescentes sigue siendo elevada. Solo en 2025 se registraron 16,481 casos, un 7.6% menos que el año anterior, según datos preliminares del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Sin embargo, estos representaron el 19.3% del total de embarazos del país, es decir, uno de cada cinco, lo que enciende las alarmas de especialistas y organismos internacionales consultados por elDinero.

Los hallazgos arrojan una realidad crítica para la infancia: 826 casos (5%) correspondieron a niñas menores de 15 años, mientras que 15,655 (94.9%) se registraron en el grupo de 15 a 19 años. Esta recurrencia en menores de 15 años ocurre bajo un marco normativo orientado a la prevención de las uniones tempranas, lo que evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección especial que la ley exige para este grupo etario, especialmente en estratos sociales de menos ingresos.

“No era lo que planeaba para mi vida, pero es mi realidad”, confiesa Carmen, nombre cambiado, en un testimonio para Unicef. A sus 19 años, residente en el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, relata cómo ser madre desde los 17 frenó sus metas. “He pasado mucho trabajo; tengo dos hijos y mi pareja me lleva casi 20 años” agrega.

Cuenta que su madre también fue madre adolescente “y nos crio limpiando baños, sin el apoyo de mi papá, porque lo mataron cuando yo era bebé”. Su padre no llegó a declararla, por lo que tiene un solo apellido. “Aunque amo a mis hijos, no quería empezar tan joven”, señala para agregar que es “común” ver en su comunidad a niñas y adolescentes que “se casan” temprano.

Indica que se dedica a cuidar a sus dos hijos y a realizar los oficios del hogar, como limpiar y cocinar. Ha intentado varias veces terminar sus estudios, pero dice que no ha sido fácil.

Al respecto, la socióloga de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Josefina Arvelo, explica a elDinero que el embarazo adolescente obliga a las jóvenes a abandonar sus estudios y asumir responsabilidades económicas, lo que dificulta su acceso a empleos rentables. “Cuando una adolescente se embaraza, asume una responsabilidad múltiple que interfiere con su educación”, señala Arvelo.

En lugar de dedicarse a sus estudios, muchas jóvenes se ven obligadas a generar ingresos para atender las necesidades derivadas de estas uniones prematuras. Esta situación, asegura, crea barreras que dificultan el acceso a empleos rentables, lo que a su vez perpetúa sus condiciones económicas desfavorables. Dijo que solo el 4% de las adolescentes que se casan temprano logran llegar a la universidad.

Darwin Caraballo, exdirector ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación (Educa), señala que la vulnerabilidad socioeconómica y el escaso nivel educativo son factores determinantes en estos embarazos. Según datos de la ONE, derivados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (EnHogar 2019) y de Unicef, un alto porcentaje de mujeres en zonas rurales con educación primaria o pertenecientes al quintil más pobre se casaron antes de cumplir 18 años.

Cita que una investigación realizada por Educa en 2018 reveló que casi el 40% de las niñas que abandonaron la escuela experimentaron un embarazo precoz, lo que subraya el impacto negativo en su trayectoria educativa. En 2022, se registraron 453,287 nacimientos de madres adolescentes, de los cuales un 25.8% correspondió a jóvenes de 18 años y un 5.8% a adolescentes de apenas 15 años, según estadísticas de la ONE.

“La ausencia de una educación adecuada para el ejercicio responsable de la sexualidad es evidente”, resaltó Caraballo. Explica que en los países donde los niños, niñas y adolescentes (NNA) reciben educación sexual adecuada, esta actúa como un elemento disuasivo del inicio temprano de la vida sexual y contribuye a mitigar los riesgos derivados.

Pese a la disminución del 40% en los últimos cinco años (10,995 casos menos), al pasar de 27,476 embarazos en 2021 a 16,481 en 2025, este flagelo sigue siendo una problemática crítica en el país. Según el informe de Unicef, “Perfil del matrimonio infantil y las uniones tempranas en América Latina y el Caribe”, muchas mujeres que contrajeron matrimonio durante la infancia dieron a luz antes de los 18 años, con más del 80% de los casos ocurriendo antes de los 20. El país lidera la tasa de embarazo adolescente en la región.

A pesar de la tendencia a la reducción observada en los últimos años, Carlos Carrera Cordón, representante de Unicef en la República Dominicana, considera que las cifras siguen siendo significativas y representan un desafío importante para el desarrollo del país.

“Los datos más recientes evidencian que miles de adolescentes continúan enfrentando maternidades tempranas cada año, con registros que oscilan entre 11,000 y 16,000 gestaciones anuales”, alerta Carrera a elDinero.

Asimismo, cita el informe EnHogar-MICS 2019, que señala que el 20% de las mujeres de 15 a 19 años ya ha tenido un hijo nacido vivo o está embarazada de su primer hijo, una cifra que evidencia la urgencia de fortalecer las políticas de educación y salud sexual y reproductiva en el país.

Héctor Flores, analista de proyectos de la Unidad Técnica de Gestión de la Política de Prevención y Atención de Uniones Tempranas y Embarazo en Adolescentes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), agrega que las uniones tempranas persisten debido a factores como la iniciación sexual precoz, la falta de educación sexual integral y normas culturales arraigadas.

Este contexto socioeconómico desfavorable contribuye a perpetuar una tragedia silenciosa que sigue despojando de un mejor futuro a miles de adolescentes dominicanas.

Más allá de lo económico

Las consecuencias del embarazo precoz van desde la violencia sexual hasta limitaciones educativas y laborales. El economista y exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, señala que, más allá del impacto económico, está el impacto humano en estas adolescentes, quienes, en lugar de continuar su proceso de desarrollo físico, emocional y académico, deben pausar todo y dedicarse a tareas maternas para las cuales no están preparadas.

“En lo relativo al tema económico, el embarazo en adolescentes disminuye el crecimiento económico de largo plazo porque, en muchas ocasiones, estas niñas y adolescentes pausan su educación y, con ello, acumulan menos capital humano y, por supuesto, el país desarrolla menos capacidades productivas”, explica Jiménez a elDinero.

El también profesor de Harvard precisa que, en muchos casos, estas adolescentes, cuando eventualmente ingresan al mundo laboral, al tener menor nivel educativo, también perciben menores salarios, y eso impacta en las condiciones de pobreza en las que viven.

Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), publicado en marzo del año pasado, estima que el costo total de oportunidad anual del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en la República Dominicana asciende a alrededor de US$161 millones anuales, equivalente al 0.38% del producto interno bruto (PIB).

De ese total, US$130.7 millones corresponden al costo de oportunidad para las mujeres en desventaja, derivado de una menor formación educativa, brechas salariales y una tasa de desempleo del 9.1%.

Por su parte, el Estado asume US$30.3 millones en gastos de salud y pérdidas fiscales, lo que refleja cómo la maternidad temprana limita la productividad femenina y genera una carga económica significativa para el desarrollo nacional. Estas cifras incluyen la inversión en atención médica prenatal, parto y complicaciones.

Desde la perspectiva de derechos, el representante de Unicef subraya que este fenómeno no debe analizarse únicamente como un indicador de salud, sino como una manifestación de desigualdades estructurales, incluyendo pobreza, brechas educativas, violencia y acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva.

Carrera Cordón enfatiza que el impacto en el desarrollo integral de las adolescentes es profundo. Entre las principales consecuencias destacan: la interrupción o abandono de la educación, la reducción de oportunidades económicas y el mayor riesgo de perpetuar ciclos de pobreza.

Asimismo, advierte sobre una mayor exposición a uniones tempranas y relaciones desiguales, muchas veces con hombres adultos, pese a su prohibición legal en 2021. Además de los riesgos para la salud.

Salud física y mental

La doctora Liliam Fondeur, ginecóloga obstetra, advierte que el cuerpo de una niña o adolescente, especialmente antes de los 16 años, no cuenta con la madurez necesaria para gestar de manera óptima.

Entre las principales complicaciones médicas cita: patologías gestacionales, con mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial (como preeclampsia y eclampsia) y diabetes gestacional; así como complicaciones en el parto, con alta incidencia de amenazas de parto prematuro.

Además, señala el impacto en el recién nacido, ya que los bebés suelen presentar bajo peso al nacer y existe una mayor probabilidad de mortalidad neonatal. “El problema no es solo físico; es multifactorial, biopsicosocial. Es una mente que no está preparada ni ha desarrollado las habilidades requeridas para asumir una maternidad”, explica Fondeur.

Desde el ámbito psicológico, el especialista Ricardo Pichardo señala que la maternidad no encaja con las tareas propias de la adolescencia, lo que genera emociones como miedo, tristeza y soledad, muchas veces agravadas por la falta de apoyo familiar.

También cita las uniones tempranas como un eslabón en los embarazos precoz. A pesar de que estas uniones ilegales tienen múltiples factores detrás, Pichardo señala que la violencia intrafamiliar, en muchos casos, empuja a estas adolescentes a unirse erróneamente a otra persona, generalmente adulta, con la creencia de que podrán escapar del entorno violento en el que viven.

Respuesta institucional

El acceso a anticonceptivos sigue siendo un factor decisivo. El país reporta una necesidad insatisfecha del 27% entre adolescentes sexualmente activas.

En el ámbito legal, el abogado Juan Rosario Gratereauz cita que la Ley 1-21 prohíbe el matrimonio infantil en el país y establece penas de dos a cinco años de prisión y multas de tres a 10 salarios mínimos para quienes mantengan relaciones con menores. Sin embargo, señala debilidades en su aplicación, especialmente en casos fuera del escrutinio público.

Gratereaux abogó por un mayor seguimiento, indicando que el nacimiento de un hijo de una menor de 18 años debería activar denuncias. “Basta con tener un Ministerio Público decidido a perseguir estas conductas”, afirmó a este medio el especialista en derecho laboral.

Desde el Conani, Flores, al destacar los avances en la implementación de políticas públicas, programas de educación sexual integral y campañas para transformar normas sociales, indicó se está fortaleciendo el sistema de protección de derechos, diseñando la Ruta Crítica para intervenir en casos de uniones tempranas y abuso sexual. No obstante, la inversión pública sigue siendo limitada frente a la magnitud del problema.

El Departamento Financiero del Conani, indicó a este medio que para el Programa Multisectorial de Reducción del Embarazo en Adolescentes se asignaron RD$87.7 millones en 2024. Esta cifra representa una disminución respecto a los RD$100.6 millones de 2022 y RD$101.3 millones de 2023, sumando un total de RD$289.6 millones en tres años.

Destaca que, aunque hay un apoyo financiero significativo, la complejidad del problema exige una inversión sostenida y coordinación con otras entidades del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA).

Acciones integrales

El acceUnicef valora los avances, pero insiste en la necesidad de acelerar las acciones mediante un enfoque basado en derechos. Entre las prioridades destacan: fortalecer la educación integral en sexualidad, garantizar servicios de salud accesibles y transformar normas sociales que perpetúan la desigualdad. Asimismo, Carrera subraya la importancia de asegurar la permanencia escolar de las adolescentes y apoyar a las madres jóvenes para que continúen sus estudios.

De su lado, el economista Jiménez aboga por buenas políticas públicas. “Yo creo que hacen falta dos cosas: primero es pensar en buenas políticas públicas de prevención de embarazo en adolescentes y segundo, mayor presupuesto”, enfatizó el exministro.

Los expertos coincidieron en que para que estas políticas públicas sean efectivas, se requiere una inversión sostenida, coordinación interinstitucional y monitoreo.

A nivel regional

De acuerdo con el estudio “El precio de la desigualdad: consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y maternidad temprana en América Latina y el Caribe”, por Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), publicado en marzo de 2025, subraya que el embarazo en adolescentes y la maternidad temprana afectan de manera desproporcionada a América Latina y el Caribe, una región que, a pesar de avances en múltiples indicadores sociales, continúa siendo la más desigual del mundo y enfrenta altas Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA), solamente siendo superada por África subsahariana.

“Es crucial que los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los organismos multilaterales trabajen en conjunto y prioricen la prevención del embarazo en adolescentes, implementando estrategias de financiamiento sostenibles y basadas en resultados”, exhorta.

El estudio cita que invertir en la prevención del embarazo en adolescentes es una buena política económica y de inversión, ya que se estima que se pueden obtener entre US$15 y US$40 en beneficios por cada dólar invertido, dependiendo del país. Estos beneficios no solo se traducen en ahorros económicos, sino también en una mejora en la calidad de vida y las oportunidades para las adolescentes y sus hijos e hijas.

El consolidado de los 15 países muestra que el embarazo en adolescentes y la maternidad temprana generan un costo de oportunidad total anual de US$15.357 millones. Detalla que el costo de oportunidad para los Estados asciende a US$1,800 millones (0.13% del producto interno bruto -PIB- combinado de los 15 países, incluyendo República Dominicana) y, de estos, el Estado registra una renuncia fiscal de alrededor de US$1,000 millones debido a la maternidad temprana.

Aboga porque se fortalezcan las políticas de orientación en procura de contener la situación.

Archivado en: AdolescenciaEmbarazosEmbarazos en adolescentes