De Ultimo Minuto
RD registra avances en justicia y transformación institucional
<p><em>Un análisis sobre la justicia en República Dominicana evidencia progresos institucionales, aunque persisten desafíos estructurales.</em></p>
<p><strong>Santo Domingo.–</strong> Un nuevo análisis del <a href="https://deultimominuto.net/enlaces/" data-type="page" data-id="491852"><strong>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)</strong></a> muestra avances significativos en la transformación institucional y la eficacia de la justicia, así como en su capacidad resolutiva, aunque señala desafíos persistentes de carácter estructural que limitan el acceso efectivo.</p>
<p>El documento, titulado<a href="https://deultimominuto.net/enlaces/" data-type="page" data-id="491852"><strong> <em>“Transformando la Justicia:</em></strong></a><em> del progreso institucional al desarrollo humano”</em>, elaborado con datos del Poder Judicial y otras fuentes oficiales, destaca que el país ha logrado progresos relevantes en transformación digital, gestión judicial y cumplimiento de plazos. </p>
<p>Estos resultados han sido reconocidos también a nivel internacional: de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, la República Dominicana se posiciona en el puesto 76 de 143 países, con una mejora del 2.1 % en su puntuación general, destacándose como un caso positivo en un contexto global de deterioro institucional.</p>
<p>Entre los hitos más relevantes se encuentran la implementación de la Ley núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales, y la firma digital de más de 3 millones de documentos, con aproximadamente un 66 % de los trámites procesados electrónicamente. Asimismo, se registra una reducción de 21.6 días en la solución de asuntos judiciales.</p>
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<p>Según el documento, y partiendo de datos oficiales, el sistema ha logrado, a través de un proceso de cambios desde 2020, una capacidad resolutiva que supera en promedio el 94.9 % a nivel nacional, aunque con diferencias territoriales en lo que respecta a capacidades operativas y otras brechas de desarrollo. </p>
<p>Por ejemplo, el Distrito Nacional, con alto desarrollo humano, registra una tasa de resolución de 100.5 %, mientras que la provincia Santo Domingo y Montecristi, con niveles medio bajo y bajo, reportan un 90.8 % y 87.9 %, respectivamente.</p>
<p>El informe agrega que las evidencias recolectadas permiten poner atención sobre las brechas territoriales, afirmando que el acceso a la justicia no es una abstracción jurídica, sino una experiencia vinculada a la proximidad geográfica, la disponibilidad de servicios judiciales y la capacidad de respuesta local.</p>
<p>El análisis se complementa con un estudio de opinión no representativo que permitió conocer percepciones sobre el uso y la experiencia en los servicios judiciales, evidenciando la importancia de implementar procesos de escucha activa que acerquen estos servicios a las necesidades de la población. </p>
<p>Uno de los resultados indica que el <a href="https://deultimominuto.net/enlaces/" data-type="page" data-id="491852"><strong>36.3 %</strong></a> de las personas usuarias consultadas reportó haber enfrentado algún obstáculo en sus procesos judiciales, citando como principales dificultades las demoras en los casos, los costos legales y deficiencias en la atención.</p>
<p>Asimismo, el informe revela que siete de cada diez personas consultadas desconocen la existencia de servicios digitales para consultar sus casos o realizar trámites, lo que evidencia la necesidad de promover estas herramientas para fomentar mayor autonomía y empoderamiento ciudadano.</p>
<p>Desde la perspectiva de los profesionales del derecho consultados, los principales obstáculos que enfrentan los usuarios se resumen en el desconocimiento de sus derechos, los costos procesales y la duración de los procesos.</p>
<p>A esto se suman limitaciones en recursos humanos y financieros. Entre 2021 y 2025, la densidad de jueces por cada 100 mil habitantes disminuyó de 7.4 a 6.6, mientras que el presupuesto del Poder Judicial pasó de representar el 1.05 % del presupuesto nacional en 2019 a un 0.87 % en 2025.</p>
<p> Este contexto contrasta con países como Costa Rica, donde el sistema judicial recibe cerca del 4 % del presupuesto público.</p>
<p>“Robustecer las capacidades del sistema judicial no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión pública estratégica. Una justicia ágil, accesible y predecible es un habilitador indispensable para el desarrollo humano, en coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Meta RD 2036 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, destaca el documento.</p>
<p>Además de analizar resultados y examinar brechas, el informe propone una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer los avances y reducir las barreras de acceso a la justicia.</p>
<p> En ese sentido, sugiere avanzar en la articulación interinstitucional para abordar los desafíos desde una perspectiva integral, promoviendo una justicia de proximidad, accesible y apoyada en la tecnología, con planificación basada en datos y políticas diferenciadas según las características de cada región.</p>
<p>De manera particular, se resalta el involucramiento de actores vinculados al sistema de justicia, quienes desempeñan un rol importante a nivel comunitario y en la promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos.</p>
<p>Los hallazgos del análisis fueron presentados en el marco de la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026, con intervenciones del magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, juez presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en representación del magistrado presidente Luis Henry Molina; Ana María Díaz; Gloria Manzotti; Sócrates Barinas; Alejandro Valerio y el doctor Flavio Darío Espinal.</p>
<p>​Un análisis sobre la justicia en República Dominicana evidencia progresos institucionales, aunque persisten desafíos estructurales. Santo Domingo.– Un nuevo análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra avances significativos en la transformación institucional y la eficacia de la justicia, así como en su capacidad resolutiva, aunque señala desafíos persistentes de carácter Nacionales, JUSTICIAS, RD </p>