Zoraima Cuello: “Como el PRM se ha dado cuenta que el PLD es que sabe gobernar, está pidiendo auxilio” 

“Para 2026, se tiene presupuestado un gasto de RD$6,898 millones en alquileres y rentas de edificios y locales”, señaló.

Agregó que el punto no es si el Estado debe o no alquilar. Existen casos en los que es necesario. “La situación es si corresponde hacerlo de esta manera, sin una política clara, cuando el país enfrenta demandas urgentes”.

Añadió que, mientras se comprometen miles de millones en alquileres, se argumenta que no hay recursos suficientes para la indexación salarial, se aplican aumentos en combustibles a la ciudadanía y persisten limitaciones en los servicios de salud y en la cobertura de la seguridad social.

“Porque lo que estamos viendo no es solo un aumento del gasto de manera descontrolada. Es la ausencia de una visión de país. Estos son recursos que pudieron destinarse a aliviar las presiones reales en la población, mejorar los servicios públicos básicos y construir soluciones permanentes”, aseguró.

Dijo que cada peso que se compromete en alquileres sin una estrategia clara es un peso que no se invierte en el patrimonio público.

Enfatizó que tan grave como esto es que el 80 % de dicho gasto se concentra en 20 instituciones públicas, “lo cual no solo refleja una alta concentración que obliga a revisar con seriedad los criterios de planificación y el manejo eficiente de los recursos públicos. Pues lo que debía ser una solución puntual se está convirtiendo en una práctica estructural”.

Cuello manifestó que a esto se suma un elemento que no puede pasarse por alto: la existencia de contratos adjudicados a proveedores que han sido previamente sancionados por la Dirección General de Contrataciones. “Y por su gravedad, este hecho no puede ser tratado como un simple detalle administrativo”.

“Tanto el PLD como el pueblo dominicano exigen explicaciones, revisión y responsabilidad. Tal es el caso del proveedor Kury Limited, que, a pesar de haber sido suspendido por prácticas fraudulentas, mantiene contratos vigentes, según consta en la Dirección General de Contrataciones. Una inexplicable distorsión institucional”, adujo la dirigente política.

Sostuvo que el PLD demanda una auditoría integral de los contratos de alquiler del período 2021 a la fecha, la formulación de un Plan Nacional de Infraestructura Pública, con metas claras de reducción progresiva del gasto en alquileres, y la creación de un inventario único de activos del Estado que permita una gestión eficiente, transparente y de largo plazo.

Especificó que el partido continuará cumpliendo su rol de fiscalizar, proponer y advertir, “con la responsabilidad que el momento exige”.