{"id":69214,"date":"2026-07-15T07:04:35","date_gmt":"2026-07-15T11:04:35","guid":{"rendered":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=69214"},"modified":"2026-07-15T07:04:35","modified_gmt":"2026-07-15T11:04:35","slug":"una-empresa-de-remolque-del-condado-de-orange-debera-pagar-160-000-dolares-por-subastar-ilegalmente-vehiculos-de-militares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=69214","title":{"rendered":"Una empresa de remolque del condado de Orange deber\u00e1 pagar 160.000 d\u00f3lares por subastar ilegalmente veh\u00edculos de militares"},"content":{"rendered":"

\u200b\"S&K<\/p>\n

Una empresa de remolque del condado de Orange, California<\/a> deber\u00e1 pagar 160.000 d\u00f3lares<\/b> por subastar ilegalmente veh\u00edculos pertenecientes a militares de Camp Pendleton<\/b>, en una resoluci\u00f3n que marca un precedente relevante para la protecci\u00f3n de los derechos de los miembros de las fuerzas armadas. El acuerdo fue alcanzado entre S&K Towing Inc.<\/b>, con sede en San Clemente, y el Departamento de Justicia<\/b> de Estados Unidos<\/a>, tras una demanda que puso en evidencia una serie de pr\u00e1cticas irregulares de la empresa.<\/p>\n

El caso gir\u00f3 en torno al pago de 160.000 d\u00f3lares<\/b> que S&K Towing deber\u00e1 desembolsar a quienes resultaron afectados por el remolque y la subasta ilegal de sus veh\u00edculos. La demanda alegaba que, entre agosto de 2020 y abril de 2025, la empresa vendi\u00f3 o se deshizo de casi 150 autom\u00f3viles<\/b>, muchos de ellos registrados a nombre de personas con domicilio en Camp Pendleton<\/b>. La suma acordada no implica una admisi\u00f3n de culpa por parte de S&K Towing, pero s\u00ed representa una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica directa para los militares perjudicados. Seg\u00fan el acuerdo extrajudicial, la empresa tampoco niega los hechos se\u00f1alados por el gobierno federal. Esta resoluci\u00f3n incluye la obligaci\u00f3n de S&K Towing de acatar en el futuro las disposiciones legales que protegen a los miembros del servicio militar, en caso de que retome sus actividades de remolque o almacenamiento de veh\u00edculos.<\/p>\n

Pr\u00e1cticas ilegales de remolque y subasta de veh\u00edculos de militares por parte de S&K Towing<\/h2>\n

\"La<\/p>\n

El Departamento de Justicia detall\u00f3 que S&K Towing Inc.<\/b> remolc\u00f3 hasta 148 veh\u00edculos<\/b> pertenecientes a militares en activo, muchos de los cuales fueron retirados de la base del Cuerpo de Marines Camp Pendleton. Estos veh\u00edculos, en lugar de ser resguardados conforme a la normativa, fueron vendidos o subastados sin que la empresa obtuviera la autorizaci\u00f3n judicial necesaria. En algunos casos, la empresa procedi\u00f3 a la subasta incluso despu\u00e9s de haber sido informada de que el propietario del veh\u00edculo era militar, lo que agrava la vulneraci\u00f3n a los derechos de este grupo protegido.<\/p>\n

La demanda subray\u00f3 que la conducta de la empresa no fue un hecho aislado, sino una pr\u00e1ctica sostenida a lo largo de varios a\u00f1os, afectando a un n\u00famero considerable de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses<\/b>. El texto se\u00f1ala que la empresa continu\u00f3 con estas acciones a pesar de recibir advertencias de abogados de Asistencia Legal Militar, lo que evidencia una actitud reiterada y consciente frente a la normativa vigente.<\/p>\n

Durante el periodo se\u00f1alado, S&K Towing actu\u00f3 sin solicitar las \u00f3rdenes judiciales que exige la ley antes de disponer del patrimonio de los militares<\/b>. Este proceder fue calificado por el Departamento de Justicia como una infracci\u00f3n directa a los derechos civiles de los miembros del servicio militar, quienes, por sus condiciones de servicio, suelen enfrentarse a desventajas particulares en la protecci\u00f3n de sus bienes personales.<\/p>\n

Obligaciones legales de las empresas de remolque seg\u00fan la Ley de Alivio Civil para Miembros del Servicio Militar (SCRA)<\/h2>\n

\"La<\/p>\n

La Ley de Alivio Civil para Miembros del Servicio Militar<\/b> (SCRA, por sus siglas en ingl\u00e9s) establece que las empresas de remolque deben obtener una orden judicial antes de vender o deshacerse de veh\u00edculos pertenecientes a militares en activo. Esta normativa busca proteger los bienes de quienes se encuentran prestando servicio, garantizando que no sean despojados de su patrimonio sin el debido proceso legal.<\/p>\n

El Departamento de Justicia remarc\u00f3 que la SCRA confiere protecciones espec\u00edficas a los militares, reconociendo que sus obligaciones de servicio pueden impedirles defender sus intereses patrimoniales de manera oportuna. En consecuencia, cualquier empresa que remolque veh\u00edculos de personas protegidas por esta ley debe cumplir con los procedimientos legales correspondientes, lo cual incluye la obtenci\u00f3n previa de una autorizaci\u00f3n judicial.<\/p>\n

Este marco legal no solo protege a los titulares de los veh\u00edculos, sino que tambi\u00e9n establece un est\u00e1ndar de diligencia para todas las empresas del sector, que deben verificar el estatus de los propietarios antes de proceder con la venta o subasta de los bienes remolcados.<\/p>\n

Reacci\u00f3n y advertencia de las autoridades ante el caso<\/h2>\n

La fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon<\/b>, de la Divisi\u00f3n de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, fue contundente al se\u00f1alar que el acuerdo alcanzado representa un mensaje claro para todas las empresas de remolque del pa\u00eds. \u201cEste acuerdo env\u00eda un mensaje contundente de que todas las empresas de remolque deben reconocer los derechos de los miembros de las fuerzas armadas y tomar las medidas necesarias para cumplir con la SCRA<\/b>\u201d, destac\u00f3 Dhillon en un comunicado de prensa difundido tras el anuncio del acuerdo.<\/p>\n

Las autoridades federales recalcaron la importancia de respetar los derechos de los militares y advirtieron que el incumplimiento de la SCRA tendr\u00e1 consecuencias legales severas, como ha quedado demostrado en este caso. La intervenci\u00f3n del Departamento de Justicia subraya la vigilancia sobre el sector y la disposici\u00f3n a actuar ante cualquier vulneraci\u00f3n de los derechos civiles de los militares en servicio activo.<\/p>\n

Respuesta y actitud de S&K Towing frente a las denuncias<\/h2>\n

\"S&K<\/p>\n

La respuesta de S&K Towing<\/b> frente a las advertencias legales fue particularmente reveladora. En mayo de 2024, un abogado de Asistencia Legal Militar contact\u00f3 a la empresa y explic\u00f3 que sus acciones constitu\u00edan una infracci\u00f3n a la SCRA. Ante esta informaci\u00f3n, un gerente de la compa\u00f1\u00eda respondi\u00f3: \u201cHacemos esto todo el tiempo<\/b>\u201d, mostrando una actitud de indiferencia frente a la gravedad de la falta. Esta declaraci\u00f3n, consignada por el Departamento de Justicia, refleja que la empresa estaba al tanto de la normativa, pero opt\u00f3 por ignorarla de manera sistem\u00e1tica.<\/p>\n

El acuerdo judicial, aunque no implica un reconocimiento formal de responsabilidad, obliga a la empresa a resarcir econ\u00f3micamente a los afectados y deja constancia de la gravedad de las acciones cometidas.<\/p>\n

Estado actual y futuro de las operaciones de S&K Towing<\/h2>\n

Actualmente, S&K Towing<\/b> se encuentra en proceso de cesar sus operaciones. Seg\u00fan lo informado por el Departamento de Justicia, la empresa ha aceptado cumplir plenamente con las pol\u00edticas y los procedimientos de la SCRA en caso de que decida volver a operar en el futuro. Este compromiso forma parte integral del acuerdo alcanzado y busca prevenir la repetici\u00f3n de conductas similares por parte de la compa\u00f1\u00eda o de cualquier otra empresa del sector.<\/p>\n

\u00a0El arreglo extrajudicial con el Departamento de Justicia prev\u00e9 compensaciones para personal de Camp Pendleton cuyos autos fueron retirados y vendidos sin autorizaci\u00f3n de un tribunal, tras una demanda por pr\u00e1cticas sostenidas durante a\u00f1os\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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