{"id":64324,"date":"2026-07-08T08:35:11","date_gmt":"2026-07-08T12:35:11","guid":{"rendered":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=64324"},"modified":"2026-07-08T08:35:11","modified_gmt":"2026-07-08T12:35:11","slug":"el-departamento-de-seguridad-nacional-compro-dos-centros-de-detencion-migratoria-en-california-por-usd-1-500-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=64324","title":{"rendered":"El Departamento de Seguridad Nacional compr\u00f3 dos centros de detenci\u00f3n migratoria en California por USD 1.500 millones"},"content":{"rendered":"

\u200b\"La<\/p>\n

La reciente adquisici\u00f3n de dos <\/b>centros de detenci\u00f3n de inmigrantes<\/b><\/a> en <\/b>California<\/b><\/a> por parte del <\/b>Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos<\/b><\/a> <\/b>(DHS<\/b>) representa un giro relevante<\/b> en la estrategia migratoria federal. <\/p>\n

El DHS destin\u00f3 USD 1.500 millones <\/b>a la compra del California City Detention Facility<\/i> y el Otay Mesa Detention Center<\/i>, reforzando as\u00ed la infraestructura federal<\/b> para la retenci\u00f3n de migrantes en un estado donde las alianzas con organismos locales son limitadas. <\/p>\n

La operaci\u00f3n, oficializada por la empresa penitenciaria CoreCivic<\/b>, reconfigura la relaci\u00f3n entre el sector p\u00fablico y privado<\/b> en la gesti\u00f3n de la detenci\u00f3n migratoria y sit\u00faa el tema bajo el foco pol\u00edtico y social<\/b>.<\/p>\n

\"El<\/p>\n

Un cambio estrat\u00e9gico federal<\/h2>\n

La operaci\u00f3n incluye el California City Detention Facility<\/i>, con 2.560 camas<\/b>, y el Otay Mesa Detention Center<\/i> de San Diego<\/b>, con 1.994 plazas<\/b>. <\/p>\n

Ambas instalaciones estaban bajo la gesti\u00f3n de CoreCivic y pasaron a manos federales el 2 de julio<\/b>, tal y como inform\u00f3 Los Angeles Times<\/i>. <\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda, con sede en Tennessee<\/b>, prev\u00e9 ingresos netos de<\/b> USD 1.100 millones<\/b> tras impuestos y gastos derivados de la venta.<\/p>\n

\"La<\/p>\n

Seg\u00fan Ryan Gustin<\/b>, portavoz de CoreCivic, este tipo de transacciones no resulta inusual dentro del sector<\/b> y el proceso \u201cse caracteriz\u00f3 por rigor e integridad\u201d. A\u00f1adi\u00f3 que la tasaci\u00f3n fue realizada por peritos independientes<\/b>, conforme exige el gobierno federal, para garantizar un valor justo de mercado. <\/p>\n

Adem\u00e1s, la empresa confirm\u00f3 que mantiene negociaciones con el Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas <\/b>(ICE<\/b>) para la posible venta de otras instalaciones<\/b>, aunque estas gestiones permanecen en fases preliminares.<\/p>\n

La continuidad operativa de los centros se mantiene tras la compra<\/b>. CoreCivic seguir\u00e1 administrando ambos complejos bajo los contratos existentes con ICE, los cuales, de acuerdo con documentos presentados ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Estados Unidos <\/b>(SEC<\/b>), permanecen vigentes hasta agosto de 2027<\/b> en el caso de California City y hasta diciembre de 2029<\/b> para Otay Mesa, con opci\u00f3n de pr\u00f3rroga por cinco a\u00f1os m\u00e1s<\/b>. <\/p>\n

Patrick Swindle<\/b>, director ejecutivo de la compa\u00f1\u00eda, afirm\u00f3 que \u201cla operaci\u00f3n refleja el valor de la cartera inmobiliaria de la empresa y su rol como proveedor de soluciones flexibles y de largo plazo para el gobierno\u201d.<\/p>\n

\"El<\/p>\n

Contexto pol\u00edtico y financiero<\/h2>\n

La disponibilidad de fondos para la compra se debe a la ley fiscal impulsada por la administraci\u00f3n Trump<\/b>, que asign\u00f3 USD 170.000 millones al DHS<\/b> y permiti\u00f3 ampliar la capacidad federal de detenci\u00f3n<\/b>. <\/p>\n

Un portavoz del departamento detall\u00f3 que estos recursos posibilitaron a ICE expandir el espacio disponible<\/b> para cumplir con la promesa presidencial de intensificar las deportaciones. \u201cA diferencia de Florida y Oklahoma, ICE no puede depender de socios estatales y locales para el alojamiento de detenidos en California\u201d, asegur\u00f3 el funcionario a Los Angeles Times<\/i>.<\/p>\n

La adquisici\u00f3n se interpreta tambi\u00e9n como respuesta a las restricciones regulatorias y pol\u00edticas impuestas en<\/b> California<\/b>. El portavoz de DHS se\u00f1al\u00f3 que la propiedad federal de los centros surge ante la ofensiva legislativa estatal para prohibir o encarecer el funcionamiento de prisiones privadas. <\/p>\n

Sostuvo que, bajo titularidad federal, ICE mantiene la capacidad esencial para arrestar<\/b>, retener y expulsar<\/b> a personas en situaci\u00f3n migratoria irregular.<\/p>\n

\"Una<\/p>\n

Supervisi\u00f3n y debate p\u00fablico<\/h2>\n

El traspaso de la propiedad a manos federales gener\u00f3 cr\u00edticas<\/b> entre defensores de derechos humanos y representantes estatales. Sostienen que la federalizaci\u00f3n de los centros busca eludir la supervisi\u00f3n estatal y local<\/b>. <\/p>\n

Esta preocupaci\u00f3n tambi\u00e9n emergi\u00f3 en la presentaci\u00f3n de resultados trimestrales de<\/b> GEO Group<\/b>, otra relevante empresa del sector privado penitenciario. <\/p>\n

Durante dicha presentaci\u00f3n, George Zoley<\/b>, director ejecutivo de GEO Group, argument\u00f3 que la propiedad federal otorga \u201cmayores protecciones frente a litigios que interfieren con las actividades de los centros de ICE\u201d. <\/p>\n

Zoley indic\u00f3 que la defensa jur\u00eddica de las instalaciones se fortalece bajo este esquema<\/b> y que la intervenci\u00f3n estatal se ve limitada<\/b>. A\u00f1adi\u00f3 que la intervenci\u00f3n de los estados en la supervisi\u00f3n de servicios m\u00e9dicos y alimentarios, as\u00ed como en la limpieza, motiv\u00f3 la b\u00fasqueda de soluciones que consolidan la autonom\u00eda del gobierno federal.<\/p>\n

\"La<\/p>\n

En el pasado, California intent\u00f3 expulsar a los operadores privados, pero la ley de 2020 fue revocada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito<\/b>. <\/p>\n

Posteriormente, las autoridades estatales dise\u00f1aron mecanismos de control<\/b> que facultan al Departamento de Justicia de California<\/b> y a las autoridades sanitarias locales para monitorear e investigar las condiciones en los centros<\/b>. <\/p>\n

Durante la primera administraci\u00f3n de Trump, California aprob\u00f3 una ley que exige supervisi\u00f3n estatal<\/b> sobre las instalaciones migratorias. Seg\u00fan Los Angeles Times<\/i>, desde 2019 el Departamento de Justicia public\u00f3 cinco informes<\/b> sobre estos centros.<\/p>\n

\"Normativas<\/p>\n

Capacidad, denuncias y perspectivas<\/h2>\n

Actualmente, California cuenta con ocho centros de detenci\u00f3n de<\/b> ICE<\/b> que, en conjunto, pueden albergar cerca de 9.000 personas<\/b>. <\/p>\n

Los centros de California City y Otay Mesa fueron objeto de demandas de detenidos por presunto maltrato<\/b>, acusaciones rechazadas por CoreCivic, que sostiene cumplir con todas las regulaciones aplicables. M\u00e1s de 300 personas firmaron cartas de queja<\/b>, de acuerdo con la California Collaborative for Immigrant Justice<\/i>.<\/p>\n

Al referirse a la operaci\u00f3n, el senador Alex Padilla<\/b> manifest\u00f3 que sus inspecciones en centros gestionados por CoreCivic evidencian la retenci\u00f3n de inmigrantes sin antecedentes de peligrosidad en \u201ccondiciones inaceptables\u201d.<\/p>\n

Padilla remarc\u00f3 que \u201cya sea bajo gesti\u00f3n privada o federal, las expectativas de transparencia, rendici\u00f3n de cuentas y trato humano se mantienen\u201d. Adem\u00e1s, subray\u00f3 su compromiso con la vigilancia y el respeto de los derechos<\/b> de las personas en custodia migratoria.<\/p>\n

\"El<\/p>\n

CoreCivic confirm\u00f3 que las conversaciones para vender otros centros est\u00e1n en curso<\/b>, aunque sin certeza de avance. <\/p>\n

La adquisici\u00f3n de estos dos complejos, por su magnitud y contexto, redefine <\/b>la pol\u00edtica federal de detenci\u00f3n migratoria, ampl\u00eda<\/b> la capacidad instalada y alimenta<\/b> el debate sobre la supervisi\u00f3n y los derechos de los migrantes bajo custodia en Estados Unidos.<\/p>\n

\u00a0El gobierno federal estadounidense destin\u00f3 una suma hist\u00f3rica para asegurar el control directo de dos instalaciones en la costa oeste, mientras se intensifican los debates sobre la gesti\u00f3n, las condiciones para los detenidos y el alcance de la supervisi\u00f3n estatal\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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