Lo que comienza con una declaraci\u00f3n en un programa de radio, una publicaci\u00f3n en redes sociales o un comentario en una plataforma digital puede terminar en los tribunales.<\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, Rep\u00fablica Dominicana ha sido escenario de una serie de procesos judiciales por difamaci\u00f3n e injuria que han involucrado a reconocidos comunicadores, periodistas e influenciadores. Algunos de estos casos han concluido con condenas, indemnizaciones millonarias y medidas restrictivas, sentando precedentes sobre los l\u00edmites entre la libertad de expresi\u00f3n y la responsabilidad legal.<\/p>\n
A prop\u00f3sito de los recientes expedientes que han acaparado titulares, presentamos un recuento de algunos de los casos que han marcado el pulso nacional.<\/p>\n
En 2021, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional conden\u00f3 al comunicador Juan Mateo Guerrero a un mes de prisi\u00f3n y al pago de una indemnizaci\u00f3n de un mill\u00f3n de pesos por difamaci\u00f3n e injuria en perjuicio del dirigente pol\u00edtico Guido G\u00f3mez Mazara<\/a>.<\/p>\n El tribunal acogi\u00f3 de manera \u00edntegra la solicitud del Ministerio P\u00fablico y lo declar\u00f3 culpable de los hechos imputados. G\u00f3mez Mazara hab\u00eda interpuesto la demanda tras denunciar que el comunicador difundi\u00f3 de manera reiterada informaciones falsas en su contra a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos.<\/p>\n Posteriormente, el 24 de mayo de 2023, la Primera Sala de la C\u00e1mara Penal de la Corte de Apelaci\u00f3n del Distrito Nacional ratific\u00f3 la condena y elev\u00f3 a cinco millones de pesos la indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os ocasionados.<\/p>\n Uno de los casos m\u00e1s comentados del escenario pol\u00edtico y medi\u00e1tico dominicano en los \u00faltimos meses ha sido la querella presentada por la ministra de Interior y Polic\u00eda, Faride Raful, contra el comunicador \u00c1ngel Mart\u00ednez y la influencer Ingrid Jorge P\u00e9rez.<\/p>\n El proceso, sustentado en presunta difamaci\u00f3n, injuria y violaciones a la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, surgi\u00f3 a ra\u00edz de una serie de publicaciones y declaraciones difundidas en redes sociales.<\/p>\n El 30 de mayo de 2025, Raful, representada por el abogado Miguel Valerio, deposit\u00f3 una querella penal con constituci\u00f3n en actor civil ante la Procuradur\u00eda Especializada en Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda.<\/p>\n Posteriormente, tribunales del Distrito Nacional impusieron medidas de coerci\u00f3n contra ambos imputados. El juez Raymundo Mej\u00eda, del Primer Juzgado de la Instrucci\u00f3n, orden\u00f3 contra \u00c1ngel Mart\u00ednez presentaci\u00f3n peri\u00f3dica, impedimento de salida del pa\u00eds y una garant\u00eda econ\u00f3mica de 500 mil pesos<\/strong>.<\/p>\n En tanto, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucci\u00f3n, dict\u00f3 medidas similares contra Ingrid Jorge, consistentes en presentaci\u00f3n peri\u00f3dica, impedimento de salida del pa\u00eds y el pago de una garant\u00eda econ\u00f3mica de 200 mil pesos.<\/p>\n En medio de la controversia, la comunicadora Claudia P\u00e9rez Ram\u00edrez<\/strong>, conocida popularmente como La Tora<\/strong> y madre de Ingrid Jorge, ofreci\u00f3 disculpas p\u00fablicas a la ministra de Interior y Polic\u00eda, Faride Raful, y a la exministra de Cultura, Milagros Germ\u00e1n, por las acusaciones difundidas por su hija en contra de ambas funcionarias.<\/p>\n A trav\u00e9s de un video que circul\u00f3 en redes sociales, P\u00e9rez calific\u00f3 como \u00abinventos<\/strong>\u00bb las afirmaciones realizadas por Ingrid Jorge y pidi\u00f3 perd\u00f3n en nombre de su familia. \u00abLe pido excusas a Milagros Germ\u00e1n, a Faride Raful por todo esto, en nombre de nosotros, porque esto es un invento\u00bb, expres\u00f3 la comunicadora.<\/p>\n El d\u00eda de hoy, La Tora fue condenada a un a\u00f1o de prisi\u00f3n y al pago de una indemnizaci\u00f3n de cinco millones <\/strong>de pesos a favor del diputado Sergio Moya (Gory Moya), tras hallarla culpable de atentar contra su honor mediante expresiones difundidas en plataformas digitales.<\/p>\n La magistrada Octavia Carolina concluy\u00f3 que la comunicadora viol\u00f3 disposiciones de la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda<\/strong>, acogiendo as\u00ed la acusaci\u00f3n presentada por el legislador.<\/p>\n \u00c1ngel Mart\u00ednez tambi\u00e9n protagoniz\u00f3 otro proceso judicial de alto perfil. El comunicador fue condenado a seis meses de prisi\u00f3n y al pago de una indemnizaci\u00f3n de 10 millones de pesos tras ser hallado culpable de difamar a la exviceministra de Cambio Clim\u00e1tico del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germ\u00e1n.<\/p>\n La exfuncionaria present\u00f3 una querella penal con constituci\u00f3n en actor civil, alegando haber sido v\u00edctima de una campa\u00f1a sistem\u00e1tica de descr\u00e9dito a trav\u00e9s de redes sociales. De acuerdo con el expediente, Mart\u00ednez difundi\u00f3 contenidos audiovisuales en los que utilizaba expresiones burlescas, im\u00e1genes manipuladas y afirmaciones falsas sobre aspectos de su vida privada, incluyendo supuestos matrimonios y embarazos sin ning\u00fan sustento.<\/p>\n M\u00e1s recientemente, el presidente del Consejo de Administraci\u00f3n de la Refiner\u00eda Dominicana de Petr\u00f3leo (Refidomsa), Samuel Pereyra, anunci\u00f3 el inicio de acciones legales contra el abogado y comunicador Carlos Rubio.<\/p>\n A trav\u00e9s de publicaciones en sus redes sociales, Pereyra explic\u00f3 que la decisi\u00f3n responde a presuntos actos de extorsi\u00f3n, difamaci\u00f3n y al uso indebido de informaci\u00f3n e im\u00e1genes relacionadas tanto con \u00e9l como con miembros de su familia.<\/p>\n Asimismo, inform\u00f3 que la denuncia fue presentada en el estado de Florida, Estados Unidos, lugar donde Rubio reside actualmente.<\/p>\n Estos casos evidencian c\u00f3mo el auge de las plataformas digitales ha transformado la manera en que se ejerce la comunicaci\u00f3n p\u00fablica, al tiempo que ha reforzado el debate sobre el equilibrio entre el derecho a la libre expresi\u00f3n y la obligaci\u00f3n de responder legalmente por la difusi\u00f3n de informaciones falsas o lesivas al honor de terceros.<\/p>\n La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, conden\u00f3 a la comunicadora Tamara Mart\u00ednez a tres meses de prisi\u00f3n tras encontrarla culpable de difamaci\u00f3n e injuria en perjuicio de la presentadora Gabi Desangles. La pena deber\u00e1 ser cumplida en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Najayo-Mujeres.<\/p>\n El tribunal determin\u00f3 que Mart\u00ednez viol\u00f3 disposiciones de la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda <\/strong>al emitir declaraciones consideradas ofensivas y perjudiciales contra Desangles a trav\u00e9s de plataformas digitales y medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de los nombres, las sentencias y las cuantiosas indemnizaciones, estos expedientes reflejan una nueva realidad: la justicia dominicana observa cada vez con mayor rigor el contenido que se difunde desde micr\u00f3fonos, c\u00e1maras y redes sociales.<\/p>\n La inmediatez que ofrecen las plataformas digitales ha ampliado el alcance de la opini\u00f3n p\u00fablica, pero tambi\u00e9n ha incrementado la responsabilidad de quienes informan o emiten acusaciones sin pruebas.<\/p>\n \u200bLo que comienza con una declaraci\u00f3n en un programa de radio, una publicaci\u00f3n en redes sociales o un comentario en una plataforma digital puede terminar en los tribunales. 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La Tora<\/strong><\/h3>\n
El caso Milagros De Camps<\/h3>\n
Samuel Pereyra y Carlos Rubio<\/h3>\n
El caso Tamara Mart\u00ednez y Gabi Desangles<\/h3>\n