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El estudio titulado \u201cSeguro Familiar de Salud: privatizaci\u00f3n de recursos, desfinanciamiento de servicios p\u00fablicos y costo social de las ARS\u201d, elaborado por investigadores de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas y Sociales (FCES) de la UASD, ofrece una radiograf\u00eda desmitificadora sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de un simple reporte estad\u00edstico, el documento se erige como una s\u00f3lida cr\u00edtica de econom\u00eda pol\u00edtica que deconstruye la ret\u00f3rica institucional de la Ley 87-01. La tesis central del informe es tan transparente como alarmante: el Seguro Familiar de Salud (SFS) no opera como un garante del derecho fundamental a la vida, sino como un dispositivo neoliberal dise\u00f1ado para transferir masivamente riqueza colectiva hacia el sector financiero y corporativo privado.<\/p>\n
Los datos estad\u00edsticos del estudio exponen una distorsi\u00f3n distributiva que parece insostenible. En efecto, entre 2010 y 2024, el 80.5% del gasto total del SFS se orient\u00f3 a prestadores privados, dejando a la red p\u00fablica con una cuota marginal de apenas un 19.5%. Esta asimetr\u00eda adquiere tintes de ilegalidad estructural cuando se examina el comportamiento del Senasa, el cual, seg\u00fan los investigadores, realiz\u00f3 pagos a cl\u00ednicas privadas en este r\u00e9gimen que escalaron dr\u00e1sticamente del 21.0% en 2010 al 66.9% en 2024. <\/p>\n
Esta transferencia negativa de recursos p\u00fablicos, lejos de ser un fallo t\u00e9cnico, constituye una estrategia de desfinanciamiento inducido. Al privar a los hospitales del presupuesto que leg\u00edtimamente les corresponde por ley, el sistema condena a la red estatal a la precariedad cronificada, reduci\u00e9ndola a un rol residual de \u201cservicios pobres para pobres\u201d. Parad\u00f3jicamente, el propio deterioro estatal se utiliza luego como la justificaci\u00f3n perfecta para profundizar las contrataciones en el sector privado, consolidando un c\u00edrculo vicioso de acumulaci\u00f3n de capital corporativo. <\/p>\n
La cr\u00edtica m\u00e1s profunda del informe se dirige hacia las administradoras de riesgos de salud (ARS) privadas, catalogadas rigurosamente como estructuras rentistas de intermediaci\u00f3n financiera. Para ilustrar esta afirmaci\u00f3n, se ofrece el dato de que, entre 2007 y 2025, el costo social acumulado por estas entidades -entendido como la suma de sus beneficios netos y sus inflados gastos administrativos- ascendi\u00f3 a la astron\u00f3mica cifra de RD$87,650.3 millones. <\/p>\n
Los autores contextualizan este monto con mucha lucidez argumentando que estos recursos, extra\u00eddos de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y del presupuesto nacional, equivalen a cinco veces el presupuesto de Promese cal o a 40 veces el programa de salud materna y neonatal para 2025.<\/p>\n
Como colof\u00f3n, se asevera que la intermediaci\u00f3n no a\u00f1ade valor m\u00e9dico real; su rentabilidad se sostiene sobre el imperio del \u201cno le cubre\u201d, una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de selecci\u00f3n de poblaci\u00f3n sana y restricci\u00f3n de coberturas que traslada el riesgo financiero y el sufrimiento directamente al bolsillo de las familias dominicanas. <\/p>\n
La investigaci\u00f3n deja una lecci\u00f3n ineludible: cualquier reforma que intente salvar el sistema mediante parches cosm\u00e9ticos o el simple incremento de las c\u00e1pitas solo servir\u00e1 para engordar el negocio de la intermediaci\u00f3n. El verdadero desarrollo y expansi\u00f3n del sistema de salud dominicano exige una transformaci\u00f3n estructural que rescate a Senasa de la l\u00f3gica mercantilista, unifique el Ministerio de Salud y devuelva a la medicina su car\u00e1cter de derecho humano inalienable y pilar fundamental de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n
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