wf_cms.rss.read_more<\/a><\/p>\n]]>\u00a0Analizamos cinco contratos de pr\u00e9stamos, aprobados por el Congreso Nacional y con el aval del Ministerio de Hacienda y el presidente de la Rep\u00fablica, con los cuales se busc\u00f3 financiar proyectos que aportar\u00edan a la mejor\u00eda de la estructura vial.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al menos dos mil millones de d\u00f3lares ha tomado el pa\u00eds prestado en los \u00faltimos siete a\u00f1os para tratar de hacerle frente a los problemas que diariamente ofrece el tr\u00e1nsito en el pa\u00eds, con\u00a0enfoque en las principales urbes.<\/p>\n
Analizamos cinco contratos de pr\u00e9stamos, aprobados por el Congreso Nacional y con el aval del Ministerio de Hacienda y el presidente de la Rep\u00fablica, con los cuales se busc\u00f3 financiar\u00a0proyectos que aportar\u00edan a la mejor\u00eda de la estructura vial.<\/p>\n
El primer contrato\u00a0<\/b><\/p>\n
En diciembre de 2019, el gobierno de Danilo Medina firm\u00f3 un pr\u00e9stamo de US$250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero no era dinero libre: antes de recibirlo, el<\/p>\n
Estado ten\u00eda que demostrar que hab\u00eda cumplido una lista de reformas derivadas de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tr\u00e1nsito y Seguridad Vial de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
El BID exig\u00eda, entre otras cosas, que estuviera operando el Observatorio de Seguridad Vial, que funcionaran al menos cinco unidades de investigaci\u00f3n de accidentes de tr\u00e1nsito bajo la\u00a0Direcci\u00f3n General de Seguridad de Tr\u00e1nsito y Transporte Terrestre (Digesett), que el Intrant tuviera nuevas direcciones operativas y que existiera un plan para formalizar a los \u201cconcheros\u201d como empresas. Reformas de fondo, no de forma.<\/p>\n
El pr\u00e9stamo fue otorgado y seg\u00fan el contrato, se buscaba \u201capoyar la implementaci\u00f3n de la Ley 63-17: crear el Observatorio de Seguridad Vial, formalizar operadores de transporte p\u00fablico,\u00a0establecer unidades de investigaci\u00f3n de accidentes de tr\u00e1nsito y fortalecer el Intrant con nuevas direcciones operativas\u201d. En cuanto a los pagos, se amortiza hasta 2039 en cuotas semestrales.<\/p>\n
Francia aporta<\/b><\/p>\n
Diez meses despu\u00e9s, en octubre de 2020, ya bajo el gobierno del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Hacienda firm\u00f3 un convenio por otros US$250 millones con la Agencia Francesa\u00a0de Desarrollo (AFD). El pr\u00e9stamo financia el mismo programa que el del BID previamente hab\u00eda aprobado.<\/p>\n
La tasa que negoci\u00f3 el gobierno con la AFD fue fija: 2.80% anual. En un mundo donde las tasas despu\u00e9s se dispararon por la pandemia y otros acontecimientos mundiales, eso fue una condici\u00f3n favorable. En cuanto a los pagos van desde marzo de 2025 hasta septiembre de 2039.<\/p>\n
El prop\u00f3sito del financiamiento era \u201ccofinanciar\" el mismo programa del BID: reforma de la movilidad urbana, transporte terrestre y seguridad vial. Los dos pr\u00e9stamos est\u00e1n coordinados y\u00a0comparten la misma l\u00ednea de pol\u00edticas p\u00fablicas.<\/p>\n
Un detalle adicional es que el convenio est\u00e1 regido por derecho franc\u00e9s y cualquier disputa se resuelve en arbitraje en Par\u00eds. En franc\u00e9s.<\/p>\n
La segunda ronda del BID<\/b><\/p>\n
En octubre de 2022 lleg\u00f3 el tercer contrato: US$200 millones adicionales del BID, bajo el mismo programa pero con condiciones m\u00e1s ambiciosas. Esta vez el banco quer\u00eda ver, antes del desembolso, al menos diez acciones implementadas del Plan Estrat\u00e9gico Nacional de Seguridad Vial, un reglamento de transporte escolar con perspectiva de g\u00e9nero y accesibilidad universal, y avances concretos en electromovilidad.<\/p>\n
Los pr\u00e9stamos del BID y la AFD no son simples l\u00edneas de cr\u00e9dito. Son acuerdos donde queda establecido que el gobierno se compromete a cambiar pol\u00edticas p\u00fablicas a cambio de financiamiento. Si el Estado no reforma, el banco puede suspender desembolsos o exigir pago anticipado, seg\u00fan lo estipulado en los contratos firmados.<\/p>\n
El Metro de los Alcarrizos<\/b><\/p>\n
El cuarto contrato fue diferente al resto ya mencionado. Esto debido a que buscaba financiar obras. El Banco Centroamericano de Integraci\u00f3n Econ\u00f3mica (BCIE) prest\u00f3 US$250 millones para\u00a0construir la L\u00ednea 2C del Metro de Santo Domingo, el tramo que conectar\u00e1 la zona oeste de la capital con el sistema existente.<\/p>\n
El plazo de pago establecido en el contrato indica que son 20 a\u00f1os desde el primer desembolso, con cinco a\u00f1os de gracia. La tasa var\u00eda con el mercado: es el SOFR m\u00e1s 268 puntos b\u00e1sicos. Eso significa que si las tasas internacionales suben, la cuota sube.<\/p>\n
El monorriel de Santiago<\/b><\/p>\n
En julio de 2024, el Ministerio de Hacienda firm\u00f3 el contrato m\u00e1s grande del grupo analizado.<\/p>\n
BNP Paribas y Citibank, junto con el respaldo del gobierno franc\u00e9s a trav\u00e9s de su agencia de cr\u00e9dito a la exportaci\u00f3n (Bpifrance), pusieron sobre la mesa 464.9 millones de euros (unos 510\u00a0millones de d\u00f3lares) para financiar el Monorriel de Santiago de los Caballeros.<\/p>\n
Trece kil\u00f3metros de v\u00eda. Catorce estaciones. Veinte mil pasajeros por hora en horario pico. El constructor principal es Alstom Transport, empresa francesa que tiene el 73 por ciento (%) del\u00a0consorcio. La tasa de inter\u00e9s es fija: 3.78% anual, garantizada por el gobierno franc\u00e9s.<\/p>\n
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