wf_cms.rss.read_more<\/a><\/p>\n]]>\u00a0La iniciativa promulgada el pasado 1 de mayo por el presidente Abinader a\u00fan contin\u00faa sin precisar la cantidad de dinero que deber\u00e1 pagar el Poder Ejecutivo.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n
El Congreso Nacional se avoc\u00f3 en los \u00faltimos meses al conocimiento de dos proyectos de ley que tienen el objetivo de autorizar al Gobierno el saldo de \u00a0deudas<\/b> con empresarios y constructores, los cuales habr\u00edan realizado\u00a0obras, en algunos casos, sin la formalizaci\u00f3n de un contrato.<\/p>\n
Primero, los \u00f3rganos del Poder Legislativo lograron aprobar una pieza que fue enviada al Poder Ejecutivo para su promulgaci\u00f3n el pasado 1 de diciembre. Sin embargo, el documento propuesto por el senador Franklin Romero<\/b> fue observado por el presidente Luis Abinader<\/b>, luego de haber detectado diversas inconstitucionalidades en su contenido.<\/p>\n
Dentro de estas se encontraba la ausencia de un monto espec\u00edfico a pagar, as\u00ed como la especificaci\u00f3n de una fecha para delimitar cu\u00e1les casos ser\u00edan beneficiados por la posible ley, la implementaci\u00f3n de un mecanismo que permitiera garantizar la veracidad de lo adeudado, entre otras.<\/p>\n
Tras haber enviado sus observaciones el pasado 16 de enero, la C\u00e1mara de Diputados decidi\u00f3 enviarla a una comisi\u00f3n para estudiar las modificaciones requeridas. Pero los representantes optaron meses despu\u00e9s por hacer otro proyecto de ley para solucionar las inconstitucionales, dejando el antes mencionado en el olvido.<\/p>\n
Finalmente, el gobernante acogi\u00f3 la nueva versi\u00f3n enviada por los congresistas, ordenando el pasado 1 de mayo su promulgaci\u00f3n a trav\u00e9s de la numeraci\u00f3n Ley 16-26.<\/p>\n
Pero, \u00bfla nueva ley resolvi\u00f3 las inconstitucionalidades?<\/h3>\n
La iniciativa promulgada por el presidente Abinader a\u00fan contin\u00faa sin precisar la cantidad de dinero que deber\u00e1 pagar el Poder Ejecutivo.<\/p>\n
Seg\u00fan establece el tercer art\u00edculo, el tren gubernamental crear\u00eda una comisi\u00f3n dirigida por el Ministerio de Hacienda y Econom\u00eda que estar\u00eda encargada de validar las reclamaciones para acoger \u201csu eventual reconocimiento\u201d<\/b>.<\/p>\n
\u201cEn el caso de que el Ministerio de Hacienda y Econom\u00eda acoja las recomendaciones de pago (realizadas por la comisi\u00f3n), la programaci\u00f3n de los recursos estar\u00e1 sujeta a la disponibilidad financiera de corto y mediano plazo, sin que ello implique, en caso de imposibilidad presupuestaria, una obligaci\u00f3n de pago inmediata ni la afectaci\u00f3n de los techos presupuestarios vigentes\u201d, indica el primer p\u00e1rrafo del art\u00edculo octavo.<\/p>\n
La pieza establece que los pagos dispuestos por la comisi\u00f3n \u201cestar\u00e1n exentos del cumplimiento de la normativa vigente sobre contrataci\u00f3n p\u00fablica, incluyendo el registro de contratos\u201d. Mientras tanto, las autoridades a\u00fan desconocen el\u00a0monto que entregar\u00edan como parte de las deudas.<\/p>\n
Observaci\u00f3n de Abinader<\/h3>\n
El presidente Abinader expres\u00f3 en la observaci\u00f3n realizada al primer proyecto aprobado que las deudas p\u00fablicas, para ser reconocidas, deben ser ciertas y l\u00edquidas<\/b>: \u201cEs decir, debe acreditarse su existencia mediante la documentaci\u00f3n correspondiente y determinarse con exactitud el monto adeudado. Reconocer primero a presuntos acreedores y verificar despu\u00e9s su calidad\u201d.<\/p>\n
Abinader explic\u00f3 en esa ocasi\u00f3n que el cumplimiento de ese procedimiento le permite al Estado \u201cevitar sorpresas que puedan superar su capacidad de pago o distraer fondos del presupuesto general de la naci\u00f3n\u201d<\/b>.<\/p>\n
\u201cLa prudencia normativa impone identificar inequ\u00edvocamente a los acreedores, establecer el monto adeudado y, con esa informaci\u00f3n verificada, aprobar la ley disponiendo el pago. Hacerlo en sentido inverso podr\u00eda contravenir principios esenciales de la Constituci\u00f3n\u201d, reiter\u00f3 el mandatario en la misiva enviada el pasado 16 de enero.<\/p>\n
11 empresas<\/h3>\n
El art\u00edculo 10 de la ley identifica como \u201ccandidatos a acreedores del Estado\u201d a un extenso grupo de ingenieros, empresas contratistas que obtuvieron el derecho de ser evaluadas por la comisi\u00f3n del Gobierno, sin la posibilidad de que se adicionen otros casos.<\/p>\n
En la lista se encuentran los nombres de las compa\u00f1\u00edas. Estas son Asfaltos del Cibao S.R.L.; Alba S\u00e1nchez y Asociados S.A.S; Aridos S.R.L.; Gil + Gil Constructora S.R.L.; Constructora Campos S.R.L.; Cubierta Dominicana S.R.L.; Ingenier\u00eda Estrella S.R.L.; Constructora JM S.R.L; Fepan Construcci\u00f3n S.R.L.; Carimex, Llc; Consultores Nacionales Dominicanos, S. A. (Canadosa).<\/p>\n
Adem\u00e1s, menciona a constructores que, seg\u00fan aseguran, realizaron o participaron en el remozamiento o la edificaci\u00f3n de infraestructura.<\/p>\n
\u201cIng. Flavio Ramos (fallecido), Arq. Emiliano Mart\u00edn Fam\u00edlia Santos, Nelson N\u00fa\u00f1ez Garc\u00eda, Ing. Jos\u00e9 Paulino G. y asocs. S.R.L.\/ Ing. Jos\u00e9 D. Paulino Guti\u00e9rrez, Ing. Luis Manuel Paulino \/ Ing. Ovidio Rosario, Ing. Manuel Ygnacio Reyes P\u00e9rez, Ing. Enrique Estrada G\u00f3mez (fallecido), Ing. Mar\u00eda Esther Alba Alba, Ing. Jos\u00e9 A. Torres Vargas\u201d, precisa el documento, aclarando que en el caso de los obreros muertos el dinero ser\u00eda entregado a sus familiares.<\/p>\n
El art\u00edculo 18 ordena la entrada en vigencia inmediata de la ley. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda a\u00fan no ha informado\u00a0p\u00fablicamente si inici\u00f3 con el proceso de evaluaci\u00f3n.<\/p>\n
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