\u200b<\/p>\n
La reciente decisi\u00f3n del presidente Luis Abinader de ordenar la detenci\u00f3n del proyecto minero Romero en San Juan introduce un elemento de incertidumbre que trasciende el caso espec\u00edfico. <\/p>\n
Aunque la medida responde a presiones sociales que merecen ser consideradas, su forma y fundamento generan interrogantes relevantes sobre la estabilidad del marco jur\u00eddico aplicable a la inversi\u00f3n. En econom\u00edas abiertas como la dominicana, la previsibilidad institucional es un activo tan importante como cualquier incentivo fiscal.<\/p>\n
El proyecto, desarrollado por la canadiense GoldQuest, llevaba a\u00f1os en evaluaci\u00f3n ambiental sin contar a\u00fan con permiso de explotaci\u00f3n, en medio de preocupaciones ciudadanas por posibles impactos sobre recursos h\u00eddricos y actividades agr\u00edcolas. <\/p>\n
Esa realidad evidencia que exist\u00edan canales administrativos y regulatorios en curso para procesar dichas inquietudes. La intervenci\u00f3n del Poder Ejecutivo, sin agotamiento visible de esos procesos, altera la l\u00f3gica de un Estado de derecho basado en reglas y no en decisiones ad hoc.<\/p>\n
La licencia social para operar es un componente esencial en proyectos extractivos. La movilizaci\u00f3n ciudadana en San Juan demuestra una sociedad cada vez m\u00e1s activa y vigilante, lo cual es positivo. Sin embargo, esa legitimidad social no puede sustituir ni desbordar los procedimientos jur\u00eddicos establecidos, que son precisamente los mecanismos dise\u00f1ados para balancear intereses en conflicto.<\/p>\n
Cuando una decisi\u00f3n de esta magnitud se adopta fuera de un proceso administrativo claro, el mensaje hacia los inversionistas es ambiguo. Por un lado, se reafirma la importancia de la sensibilidad social; por otro, se debilita la certeza de que los proyectos ser\u00e1n evaluados bajo criterios t\u00e9cnicos predecibles. Esto puede traducirse en una prima de riesgo pa\u00eds m\u00e1s alta en sectores intensivos en capital y de largo plazo como la miner\u00eda y la energ\u00eda.<\/p>\n
Rep\u00fablica Dominicana ha construido, durante d\u00e9cadas, una reputaci\u00f3n como destino confiable para la inversi\u00f3n extranjera directa. Esa narrativa, reforzada incluso por el propio discurso gubernamental, descansa en la estabilidad normativa y el respeto a los compromisos institucionales. Introducir elementos de discrecionalidad pol\u00edtica en decisiones regulatorias complejas puede erosionar, gradualmente, ese posicionamiento competitivo.<\/p>\n
El precedente tambi\u00e9n plantea una cuesti\u00f3n estructural: \u00bfhasta qu\u00e9 punto las decisiones de pol\u00edtica p\u00fablica pueden reconfigurar, sin procedimientos formales, derechos en formaci\u00f3n o expectativas leg\u00edtimas de inversionistas?<\/p>\n
Esto no implica desconocer los riesgos ambientales ni minimizar las preocupaciones de las comunidades. Al contrario, refuerza la necesidad de que dichas preocupaciones sean canalizadas dentro de marcos regulatorios robustos, transparentes y participativos.<\/p>\n
En definitiva, el desaf\u00edo no es elegir entre inversi\u00f3n o protecci\u00f3n social y ambiental, sino articular ambas dentro de un Estado de derecho funcional. Decisiones unilaterales, aunque bien intencionadas, pueden generar efectos colaterales significativos en la percepci\u00f3n de riesgo pa\u00eds. En materia de inversi\u00f3n, la confianza es acumulativa, pero su p\u00e9rdida puede ser inmediata.<\/p>\n
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