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\u201cLas instituciones son fuertes cuando el cumplimiento vale m\u00e1s que la violaci\u00f3n de la norma\u201d. -Montesquieu<\/p>\n
El pecado mortal de la institucionalidad dominicana es su proverbial proclividad a multiplicar diagn\u00f3sticos, cuando de lo que se trata es de articular un sistema coherente que garantice calidad, trazabilidad y confianza. <\/p>\n
De acuerdo con ello, el problema ya no puede seguir describi\u00e9ndose como una simple suma de estaciones fuera de rango: lo realmente importante es saber si el sistema, en su conjunto, est\u00e1 en capacidad de prevenir, identificar y corregir esas desviaciones con consistencia y credibilidad t\u00e9cnica.<\/p>\n
El problema no es exclusivamente t\u00e9cnico, sino tambi\u00e9n institucional. El pa\u00eds dispone de un amplio entramado normativo en materia de calidad, metrolog\u00eda y combustibles. En ese marco, las funciones principales est\u00e1n diferenciadas, aunque bien parece que tal distinci\u00f3n parece quedarse en el plano formal.<\/p>\n
Conforme al esp\u00edritu de la Ley 166-12, resultado de una iniciativa nuestra de 2007, el Indocal es responsable de asegurar la confiabilidad de las mediciones, incluidas las de car\u00e1cter reglamentario en el \u00e1mbito de la metrolog\u00eda legal; El Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) vigila el cumplimiento de los reglamentos t\u00e9cnicos en el mercado, comprendidos los relativos a la metrolog\u00eda legal; y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) ejerce la rector\u00eda del sector combustibles, con funciones de regulaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n
La l\u00f3gica responde a la que impera en pa\u00edses con mayor desarrollo institucional: asegurar la confiabilidad de las mediciones mediante patrones trazables -disponibles tambi\u00e9n en los laboratorios de ensayo y pruebas-, tanto en el \u00e1mbito voluntario de la metrolog\u00eda industrial como en el plano obligatorio de la metrolog\u00eda legal, mientras la vigilancia y la regulaci\u00f3n operan bajo mandatos obligatorios. Son funciones necesariamente complementarias y el problema es que esa coordinaci\u00f3n y esa comprensi\u00f3n sist\u00e9mica no siempre parecen existir, en los hechos, entre los actores llamados a garantizarlas.<\/p>\n
Ya se\u00f1alamos que, como la calidad del combustible es el resultado de una cadena compleja, las desviaciones pueden producirse en cualquiera de sus etapas. Esto implica que la fiscalizaci\u00f3n no puede ser fragmentada ni descansar exclusivamente en el punto de venta. Una visi\u00f3n rigurosa exige reconstruir el recorrido del producto y determinar, con precisi\u00f3n t\u00e9cnica, d\u00f3nde se produjo la falla cuando aparece, lo cual implica necesariamente ensayos con trazabilidad en el caso de los combustibles.<\/p>\n
Si bien las responsabilidades est\u00e1n formalmente distribuidas, en la pr\u00e1ctica, el poder relativo de cada uno puede incidir en el grado real de exigencia que se les impone. Entonces resulta imperativo que la trazabilidad no solo identifique d\u00f3nde ocurri\u00f3 la desviaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n qui\u00e9n debe responder por ese tramo y bajo qu\u00e9 condiciones t\u00e9cnicas, contractuales o regulatorias.<\/p>\n
S\u00ed, el sistema tiene \u201cmuchos due\u00f1os\u201d, pero carece de hecho de mecanismos efectivos que obliguen a cada uno a responder por su tramo con evidencia t\u00e9cnica verificable, resultando que el control pierde eficacia. Visto desde esa fragilidad estructural, sorprende que el n\u00famero de estaciones incumplidoras no sea mayor.<\/p>\n
Como me se\u00f1alaba un acucioso amigo, \u201cun proceso sin due\u00f1o no es proceso\u201d. Para que realmente lo sea, debemos asegurar que cada actor asuma responsabilidades claramente delimitadas, medibles y auditables dentro de una l\u00f3gica de sistema. El desaf\u00edo institucional no consiste \u00fanicamente en aplicar sanciones, sino en construir un entorno donde incumplir sea cada vez m\u00e1s dif\u00edcil, m\u00e1s visible y costoso. La calidad no es un costo; el incumplimiento s\u00ed lo es.<\/p>\n
Se impone, en consecuencia, coordinaci\u00f3n interinstitucional, intercambio de informaci\u00f3n, protocolos homog\u00e9neos de actuaci\u00f3n y consistencia en la respuesta p\u00fablica. Los hallazgos del MICM dejan claro que el sistema en cuesti\u00f3n no est\u00e1 blindado.<\/p>\n
Es tiempo de que pasemos de una etapa en la que el consumidor \u201cdebe creer\u201d a otra en la que pueda confiar. Esa confianza solo se construye con resultados: \u00a1hacer coincidir lo que se promete con lo que realmente se entrega!<\/p>\n
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