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\n\u201cCuando la justicia se retrasa, deja de ser justicia\u201d. \u2013William Ewart Gladstone<\/em><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n
El empuje del mercado inmobiliario dominicano impacta positivamente el empleo, estimula la incorporaci\u00f3n de nuevas tecnolog\u00edas, moviliza capitales y dinamiza la construcci\u00f3n, consolid\u00e1ndose como una de las principales opciones de inversi\u00f3n para dominicanos y extranjeros. Lo inquietante es que, debajo de ese crecimiento sostenido, comienzan a aflorar se\u00f1ales de alerta que el pa\u00eds no deber\u00eda seguir pasando por alto.<\/p>\n
El caso del proyecto Torre Bellorizonte, en Santo Domingo, permite observar con claridad esas amenazas y esos riesgos. Una prestante pareja de empresarios denunci\u00f3 haber entregado US$300,000 en 2017 como parte de un contrato de promesa de venta para un apartamento cuya entrega estaba prevista para enero de 2019. Tras el incumplimiento del plazo y luego de m\u00faltiples gestiones, los afectados descubrieron que el inmueble hab\u00eda sido transferido a terceros en febrero de 2020, dentro de un conjunto de operaciones que involucr\u00f3 decenas de unidades del mismo proyecto. La propiedad fue registrada y titulada a favor de otra sociedad.<\/p>\n
A partir de ah\u00ed, el conflicto dej\u00f3 de ser una simple controversia patrimonial para convertirse en un complejo expediente judicial. La querella, interpuesta en marzo de 2021, acumula ya exactamente cinco a\u00f1os entre archivos, apelaciones, nulidades y reenv\u00edos, sin que exista todav\u00eda una decisi\u00f3n definitiva. El caso fue conocido por distintas instancias, con decisiones contradictorias y diligencias investigativas marcadas por una lentitud exasperante y por una falta de rigor investigativo y jur\u00eddico que resulta dif\u00edcil de justificar en un expediente de esta gravedad.<\/p>\n
Este elemento es clave, porque no se trata \u00fanicamente de una presunta doble venta o de la posible p\u00e9rdida de una inversi\u00f3n; tambi\u00e9n importan la duraci\u00f3n del proceso y todo lo que esa dilaci\u00f3n encierra. Cuando un expediente de esta naturaleza se arrastra durante a\u00f1os, no solo se acumulan las costas judiciales y los costos legales de la parte afectada, sino que el problema deja de ser individual y pasa a convertirse en un serio asunto de confianza institucional. Sin mencionar que la tardanza judicial produce da\u00f1o econ\u00f3mico, desgaste moral y descr\u00e9dito p\u00fablico.<\/p>\n
Bellorizonte no es un hecho aislado. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026 fueron documentados al menos ocho casos de alto perfil en el mercado inmobiliario dominicano, con p\u00e9rdidas que superan los US$37 millones y m\u00e1s de 1,250 personas afectadas. Estos datos apuntan a un fen\u00f3meno m\u00e1s amplio, en el que confluyen debilidades en la debida diligencia, vac\u00edos en los mecanismos de supervisi\u00f3n y una respuesta institucional que no siempre logra ser oportuna ni consistente.<\/p>\n
Persisten limitaciones en la verificaci\u00f3n efectiva de la trazabilidad jur\u00eddica de los inmuebles, especialmente en proyectos en construcci\u00f3n. La firma de promesas de venta sin garant\u00edas suficientes, sumada a la posibilidad de transferencias posteriores, introduce un riesgo que muchos compradores subestiman. Tambi\u00e9n surgen interrogantes sobre los controles en el sistema registral, particularmente cuando se observan operaciones vinculadas a sociedades de reciente constituci\u00f3n o con estructuras poco transparentes.<\/p>\n
La prolongaci\u00f3n de los procesos, la reiteraci\u00f3n de incidentes procesales y las decisiones contradictorias erosionan la percepci\u00f3n de seguridad jur\u00eddica. Sin ella ning\u00fan mercado puede sostener su credibilidad ni preservar intacta su capacidad de atraer inversi\u00f3n sana y duradera.<\/p>\n
Obviamente, el problema no define a todo el sector. Sabemos que existen desarrolladores serios, responsables y cumplidores que sostienen gran parte del dinamismo inmobiliario del pa\u00eds. Pero la existencia de pr\u00e1cticas irregulares y de respuestas institucionales d\u00e9biles y sospechosas termina afectando a todos, incluso a quienes hacen bien su trabajo.<\/p>\n
El riesgo es tanto econ\u00f3mico como reputacional y si estas situaciones llegan a percibirse como la norma, el costo final ser\u00eda encarecer el mercado, retraer inversiones y debilitar uno de los motores m\u00e1s importantes del crecimiento nacional. La solidez del negocio inmobiliario no se mide \u00fanicamente por el n\u00famero de torres que se levantan, sino por la certeza con la que sus contratos se cumplen y sus conflictos se resuelven.<\/p>\n
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