{"id":18101,"date":"2026-04-15T09:54:23","date_gmt":"2026-04-15T13:54:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/2026\/04\/15\/rd-registra-avances-en-justicia-transformacion-institucional-en-el-poder-judicial\/"},"modified":"2026-04-15T09:54:23","modified_gmt":"2026-04-15T13:54:23","slug":"rd-registra-avances-en-justicia-transformacion-institucional-en-el-poder-judicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php\/2026\/04\/15\/rd-registra-avances-en-justicia-transformacion-institucional-en-el-poder-judicial\/","title":{"rendered":"RD registra avances en justicia: transformaci\u00f3n institucional en el Poder Judicial"},"content":{"rendered":"

Santo Domingo. \u2013 <\/em><\/strong>Un nuevo an\u00e1lisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD<\/a>) muestra avances significativos en la transformaci\u00f3n institucional y eficacia de la justicia, as\u00ed como en su capacidad resolutiva, mientras se\u00f1ala desaf\u00edos persistentes de car\u00e1cter estructural que limitan el acceso efectivo.\u00a0<\/p>\n

El documento titulado \u201cTransformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano\u201d, elaborado con datos del Poder Judicial y otras fuentes oficiales, destaca que el pa\u00eds ha logrado progresos innovadores en transformaci\u00f3n digital, gesti\u00f3n judicial y avance en cumplimiento de plazos. Estos resultados han sido reconocidos tambi\u00e9n a nivel internacional: de acuerdo con el \u00cdndice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, la Rep\u00fablica Dominicana se posiciona en el puesto 76 de 143 pa\u00edses, con una mejora del 2.1% en su puntuaci\u00f3n general, destac\u00e1ndose como un caso positivo en un contexto global de deterioro institucional.\u00a0<\/p>\n

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Entre los hitos m\u00e1s relevantes se encuentran la implementaci\u00f3n de la Ley n\u00fam. 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales, y la firma digital de m\u00e1s de 3 millones de documentos, con aproximadamente un 66% de los tr\u00e1mites procesados electr\u00f3nicamente. Asimismo, existe una reducci\u00f3n de 21.6 d\u00edas \u200b en la soluci\u00f3n de asuntos judiciales.\u00a0\u00a0<\/p>\n

Seg\u00fan el documento, y partiendo de datos oficiales, el sistema ha logrado, a trav\u00e9s de un proceso de cambios desde el 2020, una capacidad resolutiva que supera en promedio el 94.9% de soluciones a nivel nacional, aunque con diferencias a nivel de los territorios en lo que respecta a capacidades operativas y otras brechas de desarrollo. Por ejemplo, el Distrito Nacional, provincia de desarrollo humano alto, registra una tasa de resoluci\u00f3n de 100.5% mientras que la provincia Santo Domingo, y Montecristi con desarrollo humano medio bajo y bajo respectivamente, reportan un 90.8% y 87.9% cada una.<\/p>\n

El documento agrega que las evidencias recolectadas permiten poner atenci\u00f3n sobre las brechas territoriales afirmando que el acceso a la justicia no es una abstracci\u00f3n jur\u00eddica; es una experiencia vinculada a la proximidad geogr\u00e1fica, la disponibilidad de servicios judiciales y la capacidad de respuesta local.\u00a0\u00a0<\/p>\n

El an\u00e1lisis se complementa con un estudio de opini\u00f3n no representativo que permiti\u00f3 conocer opiniones asociadas al uso, experiencia y percepci\u00f3n de los servicios judiciales, evidenciando la importancia de utilizar procesos de escucha activa que acerquen los servicios y procesos con las necesidades de las poblaciones usuarias. Uno de los resultados a mencionar es que 36.3% de personas usuarias consultadas reportaron haber enfrentado alg\u00fan obst\u00e1culo en sus procesos judiciales, citando en orden de prioridad: demoras en los tiempos de soluci\u00f3n de los casos, costos legales y deficiencias en la atenci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n

Tambi\u00e9n revela que, de las personas consultadas en el sondeo, siete de cada diez desconocen la existencia de servicios digitales para consultar sus casos o realizar tr\u00e1mites, lo que muestra la importancia de dar a conocer las distintas modalidades de acceso que generar\u00edan mayor autonom\u00eda y empoderamiento de las personas usuarias.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n

Desde la perspectiva de los profesionales del derecho consultados, los principales obst\u00e1culos que enfrentan las personas usuarias se resumen en desconocimiento de sus derechos, los costos procesales y la duraci\u00f3n de los procesos.\u00a0<\/p>\n

A esto se suman limitaciones en recursos humanos y financieros. Entre 2021 y 2025, la densidad de jueces por cada 100 mil habitantes disminuy\u00f3 de 7.4 a 6.6, mientras que el presupuesto del Poder Judicial pas\u00f3 de representar el 1.05% del presupuesto nacional en 2019 a un 0.87% en 2025. Este contexto contrasta con pa\u00edses como Costa Rica, donde el sistema judicial recibe cerca del 4% del presupuesto p\u00fablico.<\/p>\n

\u201cRobustecer las capacidades del sistema judicial no debe entenderse como un gasto, sino como una inversi\u00f3n p\u00fablica estrat\u00e9gica. Una justicia \u00e1gil, accesible y predecible es un habilitador indispensable para el desarrollo humano, en coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Meta RD 2036 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)\u201d, destaca.\u00a0<\/p>\n

El documento, adem\u00e1s de analizar resultados y examinar brechas, y sobre la base de experiencias regionales, entre otras, propone una serie de recomendaciones asociadas a fortalecer y ampliar los avances y reducir barreras de acceso y respuesta en los servicios.\u00a0<\/p>\n

En este contexto, se propone avanzar en la articulaci\u00f3n interinstitucional, que permita abordar desaf\u00edos desde una perspectiva integral que permita una justicia de proximidad, con servicios cercanos a las personas, accesibles, que integren la tecnolog\u00eda como habilitador, con una planificaci\u00f3n con datos y la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas diferenciadas seg\u00fan las caracter\u00edsticas de cada regi\u00f3n. De manera particular, se resalta el involucramiento de actores vinculados a la justicia, que tienen un rol importante a nivel comunitario y en la promoci\u00f3n de mecanismos alternativos de soluci\u00f3n de conflictos.\u00a0<\/p>\n

Los hallazgos del an\u00e1lisis fueron presentados en el marco de la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026 con intervenciones del magistrado, Francisco Antonio Jerez Mena, juez presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, representando al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; Ana Mar\u00eda D\u00edaz, Representante Residente del PNUD en Rep\u00fablica Dominicana; Gloria Manzotti Especialista de Acceso a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Oficina Regional del PNUD para Am\u00e9rica Latina y el Caribe; S\u00f3crates Barinas, Economista Senior del\u00a0PNUD Rep\u00fablica Dominicana; Alejandro Valerio, Consultor Coordinador del An\u00e1lisis y el Dr. Flavio Dar\u00edo Espinal, jurista y polit\u00f3logo.<\/p>\n

\u200bSanto Domingo. \u2013 Un nuevo an\u00e1lisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra avances significativos en la transformaci\u00f3n institucional y eficacia de la justicia, as\u00ed como en su capacidad resolutiva, mientras se\u00f1ala desaf\u00edos persistentes de car\u00e1cter estructural que limitan el acceso efectivo.\u00a0 El documento titulado \u201cTransformando la Justicia: del progreso institucional\u00a0\u00a0Nacionales, acuerdo, Deultimominuto, ElPeri\u00f3dicodelaVerdad, Justicia, PNUD, Rep\u00fablica Dominicana\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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