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A partir de agosto de 2026, el paisaje legal para el sector privado en Rep\u00fablica Dominicana cambiar\u00e1 radicalmente. Con la entrada en vigor del nuevo C\u00f3digo Penal, las empresas disponen de cuatro meses para blindar sus estructuras antes de quedar expuestas a procesos penales por un cat\u00e1logo de m\u00e1s de 40 il\u00edcitos.<\/p>\n
Ante este nuevo tablero jur\u00eddico, los programas de cumplimiento dejan de ser una opci\u00f3n \u00e9tica para convertirse en un escudo financiero. Su implementaci\u00f3n no solo protege la sostenibilidad de la organizaci\u00f3n a largo plazo, sino que act\u00faa como un facilitador de negocios en mercados cada vez m\u00e1s exigentes con la transparencia.<\/p>\n
Para la presidente de la World Compliance Association, Cap\u00edtulo Rep\u00fablica Dominicana (WCA-RD), Tania de Le\u00f3n, el \u201ccompliance\u201d penal se erige como una ventaja competitiva para atraer inversiones. De hecho, las empresas que logren anticiparse implementando sistemas reales, proporcionales y verificables no solo estar\u00e1n mejor protegidas, sino que enviar\u00e1n una se\u00f1al clara a inversionistas internacionales que operan en un entorno que tome en cuenta la gobernanza, la integridad y la capacidad de gesti\u00f3n del riesgo penal.<\/p>\n
\u201cEl compliance penal, m\u00e1s que un requisito normativo, es un mecanismo de defensa corporativa y de generaci\u00f3n de confianza. Esto representa una oportunidad estrat\u00e9gica\u201d, subraya a elDinero<\/strong>, al tiempo de a\u00f1adir que el desarrollo de modelos de cumplimiento en otros pa\u00edses ha permitido no solo mitigar riesgos, sino proteger la reputaci\u00f3n, la continuidad operativa e incluso la existencia misma de las empresas frente a conductas delictivas ocurridas en su seno.<\/p>\n De Le\u00f3n resalta la importancia de que las empresas cuenten con un \u201csistema vivo\u201d de cumplimiento. Ella entiende que los programas no se limitan a tener manuales bien dise\u00f1ados, sino que demuestren evidencia de implementaci\u00f3n, capacitaci\u00f3n, monitoreo, investigaciones internas, as\u00ed como trazabilidad.<\/p>\n De acuerdo con el art\u00edculo 8 del C\u00f3digo Penal, ser\u00e1 posible atenuar la responsabilidad penal de las empresas si se demuestra la adopci\u00f3n de programas de cumplimiento. Esta protecci\u00f3n es vital no solo para la gesti\u00f3n interna, sino en la relaci\u00f3n con el Estado.<\/p>\n Al respecto, Francisco Franco, miembro del pleno de la C\u00e1mara de Cuentas, subraya que el cumplimiento es un \u201cescudo protector\u201d para las organizaciones, especialmente cuando el escrutinio de los fondos p\u00fablicos detecta irregularidades que involucran a proveedores privados.<\/p>\n \u201cNuestra labor es detectar inconsistencias en el uso de los fondos p\u00fablicos. Si estas fallas superan lo administrativo y entran en el terreno delictivo, la ley nos obliga a establecer responsabilidades penales\u201d, detalla.<\/p>\n Las empresas se enfrentar\u00e1n al riesgo de ser procesadas penalmente m\u00e1s por la omisi\u00f3n que por la acci\u00f3n. O sea, que al evaluarse la estructura de las entidades, se tomar\u00e1 en cuenta lo que hace o no en un momento determinado.<\/p>\n En ese sentido, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, expresa que la funcionalidad de los programas de \u201ccompliance\u201d estar\u00e1 determinada por la comprobaci\u00f3n de los canales de denuncias, pero, adem\u00e1s, por la inversi\u00f3n de elementos de prueba por parte de las empresas.<\/p>\n \u201cLa ley establece que es la empresa la que debe demostrar que ha hecho todo lo necesario para evitar que se cometa el delito dentro de su organizaci\u00f3n\u201d, sostiene. Ramos pone el foco en la capacidad real de respuesta de las peque\u00f1as y medianas empresas. Para la magistrada, el reto no es documental, sino operativo: las organizaciones deber\u00e1n probar que el cumplimiento es una cultura y no un manual de carpeta.<\/p>\n Seg\u00fan el abogado penalista, Francisco \u00c1lvarez, la nueva realidad exigir\u00e1 una capacidad de mapeo de riesgos y auditor\u00edas hol\u00edsticas que permitan a la empresa reaccionar antes de que el da\u00f1o sea irreversible.<\/p>\n Uno de los mayores desaf\u00edos radica en la naturaleza de la responsabilidad penal. A diferencia del sistema anterior, el nuevo C\u00f3digo permite que un delito cometido en niveles operativos \u201csalpique\u201d escalonadamente hasta la alta gerencia o los propietarios.<\/p>\n El fortalecimiento del marco de responsabilidad penal en el pa\u00eds puede generar un impacto positivo, debido a que no solo ayuda a la credibilidad del sistema jur\u00eddico, sino que beneficia el entorno de negocios. As\u00ed lo considera \u00d3scar Mel\u00e9ndez, quien es socio de la pr\u00e1ctica forense de EY Latam.<\/p>\n El fortalecimiento del marco penal no es un fen\u00f3meno aislado. Seg\u00fan Mel\u00e9ndez, Rep\u00fablica Dominicana se suma a una tendencia global que ya han adoptado las econom\u00edas con mayor peso en el producto interno bruto (PIB) de Am\u00e9rica Latina. Para \u00e9l, este cambio jur\u00eddico permite \u201cnivelar hacia arriba\u201d los est\u00e1ndares de integridad, eliminando las \u201ctrampas debajo de la mesa\u201d y permitiendo que las empresas locales compitan en igualdad de condiciones con mercados internacionales.<\/p>\n Archivado en: C\u00f3digo Penal<\/a>compliance<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u200b A partir de agosto de 2026, el paisaje legal para el sector privado en Rep\u00fablica Dominicana cambiar\u00e1 radicalmente. 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