SANTO DOMINGO.- El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional la imposici\u00f3n de siete a\u00f1os de prisi\u00f3n a la autodenominada neurocient\u00edfica Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el \u00e1rea de la salud a trav\u00e9s del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedag\u00f3gicas Knowledge Land (Kogland).<\/p>\n
Asimismo, el \u00f3rgano acusador solicit\u00f3 la imposici\u00f3n de una multa equivalente a 50 salarios m\u00ednimos, el decomiso de las pruebas ocupadas y la variaci\u00f3n de la medida de coerci\u00f3n existente, al considerar que la imputada ya fue condenada en un primer juicio y enfrenta la probabilidad de una nueva condena, lo que incrementa el peligro de fuga, sumado a la gravedad del da\u00f1o causado a varias familias y a toda la sociedad.<\/p>\n
Durante la presentaci\u00f3n de sus conclusiones, el \u00f3rgano acusador, representado por la procuradora de corte Magalys S\u00e1nchez y la procuradora fiscal Laura Vargas, sostuvo que la procesada desarroll\u00f3 un esquema de estafa en perjuicio de padres de ni\u00f1os con trastorno del espectro autista (TEA), haci\u00e9ndose pasar por doctora en neurociencia y psic\u00f3loga, sin contar con la formaci\u00f3n acad\u00e9mica ni las acreditaciones legales exigidas y que regulan el ejercicio en dichas \u00e1reas.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico explic\u00f3 a la jueza Milagros Ram\u00edrez Cabrera que, tras tener conocimiento de los hechos, inici\u00f3 una investigaci\u00f3n objetiva que permiti\u00f3 verificar que la imputada no posee registro acad\u00e9mico v\u00e1lido ni habilitaci\u00f3n legal para ejercer profesiones vinculadas a la salud, conforme certificaciones emitidas por universidades extranjeras, el Ministerio de Salud P\u00fablica, el Colegio Dominicano de Psic\u00f3logos y el Poder Ejecutivo.<\/p>\n
Como parte de su accionar, Silverio utiliz\u00f3 documentos falsificados, incluyendo t\u00edtulos universitarios y un n\u00famero de exequ\u00e1tur inexistente, con los que aparentaba una preparaci\u00f3n profesional que no pose\u00eda, logrando as\u00ed generar confianza en las familias y captar pacientes a los que ofertaba servicios en su centro.<\/p>\n
Las pruebas testimoniales presentadas ante el tribunal, especialmente las ofrecidas por los padres de los menores afectados, constituidos en querellantes y actores civiles, evidenciaron que la encartada realizaba evaluaciones, emit\u00eda diagn\u00f3sticos y aplicaba terapias sin aval profesional, llegando incluso a diagnosticar condiciones cl\u00ednicas inexistentes, lo que provoc\u00f3 afectaciones en la salud de los ni\u00f1os y retrasos en la aplicaci\u00f3n de las terapias profesionales adecuadas.<\/p>\n