Fraude inmobiliario: de casos aislados a estructuras criminales

​

“Los hombres no pueden prosperar sin confianza”. Adam Smith

La reciente acusación del Ministerio Público en el marco de la denominada Operación Guepardo marca un punto de inflexión en la manera de entender el fraude inmobiliario en la República Dominicana. Si bien durante años estos hechos se presentaban como conflictos puntuales entre compradores y desarrolladores, lo que ahora tenemos delante es una realidad distinta, más estructurada, más audaz y potencialmente más peligrosa.

El expediente presentado por las autoridades pone al descubierto una estructura criminal que habría afectado a 426 víctimas y movilizado más de US$18 millones (1,112.4 millones de pesos a la tasa prevaleciente) mediante la utilización de empresas del sector inmobiliario como fachada para captar recursos a través de proyectos inexistentes. Llaman la atención, además de las cifras, la lógica operativa de una red con roles claramente definidos, estrategias de captación sofisticadas y mecanismos de ocultamiento financiero propios de esquemas de lavado de activos cuidadosamente articulados.

La publicación de los detalles del sofisticado modus operandi de este grupo de delincuentes demuestra que ya no estamos ante una irregularidad ocasional, sino frente a una modalidad de criminalidad económica organizada, donde convergen la estafa, la simulación empresarial, el uso instrumental de la tecnología, la grosera intimidación de las víctimas a través de terceros y la manipulación de la confianza del inversionista.

El uso de marcas reconocidas, la promoción intensiva en plataformas digitales y la oferta de retornos atractivos forman parte de una estrategia deliberada para desactivar las barreras naturales de desconfianza. En ese entorno, el inversionista enfrenta, más allá del mercado, el riesgo adicional y destructivo de participar, sin saberlo, en un esquema concebido para despojarlo de su capital. Lo más doloroso es que, para la mayoría de los estafados, esos recursos no eran simples excedentes financieros, sino el ahorro de toda una vida, la reserva levantada con años de trabajo, sacrificio y previsión para proteger su retiro y su futuro.

¿Se agota el problema en la ejecución del fraude? En absoluto. Una vez consumado el engaño, la recuperación de los fondos se transforma en un proceso largo, agotador, incierto y, en muchos casos, profundamente frustrante, como lo recuerda el caso Bellorizonte.

La realidad es que la respuesta institucional, aun cuando logra identificar y desmantelar determinadas estructuras, no siempre consigue ofrecer una reparación oportuna ni proporcional al daño causado, sobre todo si ciertas características operativas del sistema judicial dominicano, donde la lentitud, los incidentes procesales, la corrupción hábilmente camuflada y las respuestas contradictorias pueden prolongar aún más el sufrimiento de las víctimas.

Preocupante resulta que la velocidad de estos delitos suele superar ampliamente la capacidad de respuesta del sistema. Ese desbalance puede terminar incentivando nuevas prácticas fraudulentas, porque la red oscura aprende con rapidez que, en muchos casos, resulta más fácil y veloz defraudar que sancionar.

Tampoco debe perderse de vista que este tipo de esquemas eleva la percepción de riesgo, encarece las decisiones de inversión y obliga a los actores legítimos a operar en un entorno cada vez más contaminado por la desconfianza. ¡El costo del fraude no recae solo sobre la víctima directa, sino también sobre todo el ecosistema económico!

El mercado inmobiliario dominicano cuenta con empresas que operan con altos estándares de cumplimiento. Por tanto, las amenazas deben ser enfrentadas con mayor rigor. Además de la persecución penal, es perentorio fortalecer los mecanismos de prevención, mejorar la trazabilidad de las operaciones, elevar los estándares de supervisión y promover una cultura de mayor exigencia en la verificación de las inversiones. El fraude inmobiliario es un desafío transversal que involucra al sistema registral, a los órganos de supervisión, al sector financiero y a los propios actores del mercado. ¡Debemos actuar más allá de los procesos penales!